El legado de Gil en Marbella: un paseo ilegal y 40 años de deuda
El Consistorio recupera desde 2018 dinero y terrenos de causas judiciales para servicios municipales
Marbella se erigió en 2006 como el paradigma de la corrupción política, hasta el punto que su corporación municipal fue disuelta, su gobierno encarcelado y se nombró una gestora para administrar la villa hasta las siguientes elecciones. En las primeras elecciones, la popular Ángeles Muñoz se hizo con las riendas y desde entonces, salvo un paréntesis socialistas de dos años, trata de gestionar una ciudad que quedó en quiebra, a la que Jesús Gil y sus acólitos dejaron un legado envenenado que le persigue.
El último es el paseo marítimo. El Gobierno de España quiere restituir la legalidad de esta obra hecha sobre Dominio Público Marítimo Terrestre sin permisos. Hace 32 años, el ejecutivo que dirigía Jesús Gil decidió construir un paseo marítimo acorde con la Marbella de lujo que quería vender. Desde el puerto deportivo del centro hasta Puerto Banús se conectó con una vía peatonal para uso de los paisanos.
Sin embargo, lo hizo sin licencia y sin permisos. Una obra ilegal que, por unas alegaciones ecologistas, ahora el Ministerio de Transición Ecológica ha decidido demoler en primer lugar, para reformarlo retranquearlo unos metros donde sea posible. Marbella se opone. Todos los grupos están en contra salvo el PSOE, que se abstuvo en la votación en el pleno de la ciudad.
La decisión cuesta 1,18 millones de euros, pero esa restitución de la legalidad en Marbella pone en jaque negocios y viviendas de personas que nada tienen que ver con Jesús Gil. Lo que avecina, según fuentes municipales, un aluvión de demandas judiciales. Son los llamados ‘terceros de buena fe’, personas que invirtieron en la zona sin saber los problemas legales que tenía el paseo y que ahora ven puestos en jaque sus chiringuitos o parte de sus casas.
Bienes de Malaya
La alcaldesa quiere evitarlo a toda costa. «Ahora se acuerdan de desempolvar el tema de Gil. Su idea es venir 32 años después a decir que imponen la normalidad y la legalidad que Jesús Gil infringió. No conocen la realidad de Marbella», reprocha la alcaldesa.
Jesús Gil fue alcalde de Marbella entre 1991 y 2002 Desde 2018, hay un proyecto importante para recuperar todos los servicios públicos que Marbella perdió por culpa de la corrupción. Una disposición en los Presupuestos Generales del Estado permite al Ayuntamiento recibir dinero, terrenos o edificios de las causas judiciales. Eso lo reinvierte para crear los servicios perdidos durante 20 años de desmanes. «Hemos sido capaces de conseguir la finca de Roca para que sea un gran recinto ferial o que donde estaba Urbanismo haya ahora un centro de salud», recuerda la regidora.
En estos años, gracias a las responsabilidades civiles de las sentencias judiciales se han podido construir bibliotecas, escuelas de idiomas, música o danza, residencias de mayores y hasta un helipuerto. Son muchos los servicios que están siendo recuperados. «La huella de Gil ya no está», asevera la alcaldesa, quien explica que ésta política «es la que mejor sirve a los interese de los vecinos».
En Marbella son muy conscientes de qué supuso Gil, así como de que es una realidad que no se puede obviar. Por eso, desde el Consistorio se explica que no se puede «meter la piqueta y demoler la ciudad». «Desde 2007, tomamos el mandato de empezar a devolver la normalidad con la visión puesta en que no podíamos a hacer una demolición de la ciudad, ni un borrón y cuenta nueva, ni tampoco una tabla rasa», asevera Muñoz. Demoler todo símbolo del ‘gilismo’ sería, por ejemplo, acabar con el icónico arco de la ciudad.
Sin regulación de suelo
Para la alcaldesa la solución es convivir con lo que se hizo. «Y lo estamos pagando», señala Muñoz, a quien ya tumbaron el PGOU de 2010 para regularizar el suelo de Marbella y poder dar cabida a los inversores que se interesaban por una ciudad pujante, limpia y en la que se habían acabado los comisionistas. Esa norma fue tumbada por el Tribunal Supremo porque trataba de regularizar suelos a los que el ‘gilismo’ había cambiado de usos y ponía en jaque miles de viviendas.
No se ha demolido nada de eso. Se buscaron soluciones para adaptar el suelo con un PGOU de 1986. Cada inversión en hoteles, negocios, viviendas... Cada euro que trata de asentarse en la ciudad tiene que buscar un encaje legal que le permita hacerlo posible. Algo que no frena la inversión, aunque sí la retrasa, pero los proyectos siguen saliendo adelante.
A eso se suma una deuda que se pagará durante cuarenta años. Fuentes municipales tasan a ABC en 450 millones lo que se ha abonado en los primeros 15 años de pagos. Quedan otros 25 en los que las amortizaciones por conceptos como la Seguridad Social de los trabajadores municipales no se perdonan y son un embargo de parte del presupuesto municipal. «La deuda nos lastra. Este año tenemos que indemnizar en Urbanismo o por la venta parcelas de uso publico», asegura la alcaldesa.