Montero pretende limitar la movilidad y promoción de los funcionarios
► CSIF denuncia el «maltrato» del colectivo y amenaza con un otoño caliente
Las relaciones entre el Gobierno y los funcionarios no pasan por su mejor momento. Al malestar de las centrales por la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos, se une ahora la escasa sintonía en la negociación del II Acuerdo de Movilidad de Personal Funcionario.
La propuesta de negociación que ha puesto sobre la mesa la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, «limita la movilidad geográfica y la promoción profesional de los empleados públicos al introducir trabas en los concursos de traslados en departamentos y organismos de la Administración General del Estado (AGE)», explican a ABC fuentes de CSIF.
El sindicato presidido por Miguel Borra relata a este diario que se opone a «cualquier tipo de limitación» en la movilidad del empleado público entre administraciones, ya sea estatal, autonómica o local, y avisa de que «la mejor manera para evitar que los empleados en la AGE soliciten su traslado a organismos y departamentos de otras administraciones es mejorar sus condiciones laborales», con medidas como la implantación de 35 horas semanales o eliminar las desigualdades retributivas por realizar el mismo trabajo».
Para CSIF es también «insuficiente» el peso que la redacción del acuerdo de movilidad concede a la antigüedad para pedir un traslado, y no comparten la exigencia planteada de contar con cinco años de experiencia profesional previa. «La redacción de este II acuerdo es un nuevo ejemplo del maltrato sistemático que ejerce el Gobierno sobre los empleados públicos que, además, ven cómo se sigue negando a actualizar sus salarios para compensar la pérdida de poder adquisitivo que arrastran los últimos 12 años; y cómo la titular de Hacienda sigue guardando silencio a esta justa reivindicación», apuntan las fuentes sindicales.
Desde CSIF se afirma que «esta situación es insostenible» y que los trabajadores de las administraciones públicas no pueden sacrificarse más de lo que ya lo han hecho. Por este motivo, advierten al Gobierno que «tendrá un otoño caliente en las calles de toda España si no da pronta respuesta en los Presupuestos o como considere, a las justas reivindicaciones salariales de los empleados públicos».
CSIF y la plataforma que agrupa a los sindicatos mayoritarios de Policía y Guardia Civil (Jusapol), ya convocaron protestas en toda España el 22 de junio para exigir compensaciones por la espiral de precios.