Las pensiones absorberán el margen para nuevos gastos en 2023
La Airef avisa de que su revalorización costará 13.000 millones y habrá 15.000 para nuevo gasto
Revalorizar las pensiones según el IPC puede terminar siendo la principal y tal vez la única política de gasto reseñable que aborde el Gobierno en el año 2023. Las estimaciones realizadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el órgano de control fiscal impuesto por Bruselas a España tras la gran crisis financiera para vigilar la sostenibilidad a medio y largo plazo de las cuentas públicas, apuntan a que la actualización con la inflación de la nómina de los nueve millones de ciudadanos que perciben una pensión del sistema público para evitar que pierdan poder adquisitivo liquidará prácticamente todo el margen de gasto de que dispone el Gobierno para 2023.
Esto será así porque el próximo ejercicio presupuestario, al contrario de lo que ha venido ocurriendo desde que en 2020 la Comisión Europea suspendiera sus exigentes reglas fiscales para permitir a los países hacer frente a los efectos de la pandemia, el Gobierno sí tendrá un tope máximo de gasto recomendado por Bruselas. La regla, que no brilla por su claridad, insta a España –al igual que a otros países especialmente endeudados– a no incrementar su gasto corriente más de lo que se espera que sea el crecimiento potencial de su economía a medio y largo plazo, que según las estimaciones de Bruselas en el caso de España es un 0,8%, tasa a la que habría que añadir el efecto del encarecimiento de los precios.
Airef ha calculado lo que implica esto en el caso de España y, según precisó ayer la presidenta de la institución, Cristina Herrero, la aplicación estricta de esa regla acarreará que el Gobierno no podrá elevar en 2023 más de 15.000 millones de euros el gasto público corriente. Este límite, que a la luz de cómo ha evolucionado el gasto público en los últimos años ya supone una restricción por sí mismo, se convierte en asfixiante si se tiene en cuenta que, también según Airef, solo la actualización de las pensiones públicas con el IPC como exige la recién aprobada Ley de Seguridad Social se cobrará por sí sola una factura de 13.000 millones de euros.
Esos 2.000 millones restantes constituyen, sobre el papel, el estrecho margen con el que trabajará el Gobierno de cara a los presupuestos de 2023 salvo que la evolución de la economía le permita liberar gastos que le proporcionen ya de cara al año que viene un margen extra para sus políticas.
No lo tendrá fácil. Tanto la Comisión Europea como el Consejo han dejado muy claro que los años de la barra libre de gasto para amortiguar los efectos de la pandemia o de la guerra en Ucrania han terminado. Las medidas de estímulo que se apliquen a partir de ahora deberán ser temporales y selectivas, y Bruselas ya ha dicho que en el caso de España no lo están siendo. Europa chequeará en otoño que el planteamiento presupuestario de España para 2023 está alineado con sus orientaciones y ya ha avanzado que a partir de 2024 quiere resultados tangibles en la reducción de la deuda y del déficit estructural.
La presidenta de la Airef, Cristina Herrero, ya advirtió ayer de que con el gasto en pensiones creciendo al 9%, como se espera que lo haga en 2023, este desafío es todavía más complejo. Cuidándose mucho de no cuestionar la última reforma de las pensiones, Herrero sí dijo que el principio, que según la Autoridad Fiscal siempre debe observarse, es que cualquier aumento del gasto corriente esté sostenido bien por una reducción de otros gastos estructurales o bien por una nueva fuente de ingresos de carácter permanente. Lo contrario, avisó, erosiona la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Herrero señaló que sus estimaciones apuntan a que el 40% del nuevo gasto sanitario activado como consecuencia de la pandemia se ha convertido en permanente y que el desequilibrio estructural de las cuentas públicas españolas se ha ensanchado en más de medio punto (hablamos de más de 6.000 millones de euros) en los últimos años al calor de las medidas para hacer frente a la pandemia y a la guerra en Ucrania.