La represión provoca una estampida récord de cubanos al exilio
Ha pasado un año desde el histórico 11 de julio de masivas protestas en decenas de ciudades cubanas. Aquello provocó la furia del régimen para matar la esperanza de cambio. Más de 150.000 personas han huido de la isla en los últimos meses
Hoy, las calles de Cuba están silenciosas y tristes, la esperanza que hace un año las recorrió ha desaparecido, y el miedo, que carcomió a varias generaciones en el pasado, se ha instalado en otra más, la de los jóvenes, golpeados, encarcelados, expulsados de su país a la fuerza por pedir libertad. La maquinaria represiva del régimen ha demostrado una vez más que no hay espacio para la más mínima divergencia, y ha impuesto, manipulando la Justicia, un manto de silencio sobre los cubanos.
Hoy se cumple un año del 11-J, un día en el que el mundo fue testigo de la mayor protesta antigubernamental acaecida en Cuba en más de seis décadas; de un estallido social sin precedentes, pero también de una represión brutal por parte del régimen. Desde hacía varias semanas se agravaba la crisis económica y sanitaria: inflación, hospitales colapsados, falta de medicamentos y aumento de contagios y fallecidos por Covid, así como cortes continuos y extensos de electricidad. La pésima respuesta –o ignorancia– gubernamental incentivó el descontento social.
Era mediodía de un domingo cuando cientos de ciudadanos se lanzaron a las calles de San Antonio de los Baños, localidad cerca de La Habana, a marchar para protestar por los apagones, pero el malestar era más profundo y las demandas más extensas. Miles de cubanos seguían la manifestación espontánea en vivo por las redes sociales. En menos de una hora, ETECSA, la única empresa de telecomunicaciones de Cuba, cortaba internet en la zona (el apagón se extendió durante varios días). Al finalizar la tarde, el estallido social se había contagiado a más de 60 localidades de todas las provincias del país, miles de personas salieron a gritar y corear consignas como «Comida y medicinas», «Patria y Vida» (título de una canción, que se convirtió en lema de las protestas), «Abajo el comunismo», «Abajo la dictadura», «Libertad», «No los queremos, no los necesitamos»...
Orden de combate
La respuesta de las autoridades fue la represión. El propio presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, compareció en la televisión nacional para dar «orden de combate» para frenar las manifestaciones. Miles de cubanos resultaron golpeados y/o detenidos y al menos un ciudadano murió como consecuencia de los disparos de la Policía. En las semanas siguientes, cientos de personas serían arrestadas en sus viviendas o centros de trabajo mediante operativos de persecución a todos aquellos mínimamente relacionados con las protestas.
El régimen se ha negado a informar de la cifra oficial de detenidos y procesados judicialmente, pero ONG como Prisoners Defenders (PD), CubaLex, Human Rigths Watch (HRW) y el grupo de trabajo Justicia 11-J han documentado cientos de casos. Justicia 11-J ha registrado 1.484 detenciones vinculadas al 11-J, de las cuales 725 personas continúan en prisión.
Otros patrones represivos fueron las desapariciones forzadas y la violencia en detenciones y en centros de reclusión, muchos fueron golpeados, torturados e incluso obligados a gritar consignas ‘revolucionarias’. El informe presentado ante el Comité contra la Tortura
de Naciones Unidas por PD identificaba quince patrones de tortura contra los prisioneros políticos: «Si algo ha hecho el 11-J, al menos, ha sido certificar la muerte del ‘espejismo emocional’ que un día supuso la revolución tanto para parte del pueblo de Cuba como para la izquierda mundial, que empieza a detestar aquello que un día apoyaron y que, ahora es evidente, era en realidad una suerte terrible de fascismo», señala el informe. En la relación de encarcelados se encuentran algunos de los líderes de la disidencia –política, civil, cultural...–, como José Daniel Ferrer, Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel Castillo ‘Osorbo’, Félix Navarro y Sissi Abascal, entre otros.
Criminalización
Apenas un mes después del 11-J comenzaron los juicios sumarios. Hasta la fecha, Justicia 11-J ha podido verificar que 588 personas han sido procesadas en juicios ordinarios: 427 están cumpliendo o cumplieron sanción de privación de libertad, 44 están con trabajo correccional con internamiento (tres menores de 18 años); 33, con trabajo correccional sin internamiento (cinco menores de 18 años); y 23, con limitación de libertad (once menores de 18 años).
Los juicios se han celebrado bajo fuertes operativos policiales y acoso a familiares, activistas y periodistas independientes. Los procesados han sido calificados como delincuentes comunes por la prensa oficial y los funcionarios gubernamentales, y enjuiciados por delitos como desórdenes públicos, desacato, atentado e instigación a delinquir, u otros de mayor rigor, calificados como los delitos contra la Seguridad del Estado, con un carácter eminentemente político: sabotaje y sedición. Las condenas han oscilado entre uno y 25 años de cárcel.
Pero los ecos del 11-J no se apagaron inmediatamente. Varios activistas organizados en el grupo Archipiélago –el líder con más visibilidad fue el dramaturgo Yunior García Aguilera– quisieron recoger y aprovechar el movimiento de indignación de ese verano convocando una Marcha Cívica por el Cambio, prevista para el 15 de noviembre (15-N). El objetivo era protestar «contra la violencia, para exigir que se respeten todos los derechos de todos los cubanos, por la liberación de todos los presos políticos y por la solución de nuestras diferencias a través de vías democráticas y pacíficas».
Durante varias semanas los organizadores fueron hostigados por los órganos represivos cubanos, víctimas de actos de repudio y difamaciones en los medios oficiales; días antes de la cita, las calles volvieron a estar militarizadas. La represión abortó el 15-N. Según Justicia 11-J, el saldo fue de 103 personas detenidas. Yunior García, ante la amenaza de ser encarcelado, abandonó la isla y se instaló en España.
Ese ha sido otro de los grande instrumentos de represión del régimen: el exilio forzoso de voces incómodas. Más de una veintena de activistas y periodistas han sido forzados al exilio, en ocasiones después de varios meses de encarcelamiento. Justicia 11-J contabiliza que al menos 30 personas han huido por miedo a las represalias por participar en las protestas del verano pasado; a otras, como Anamely Ramos González y Omara Ruíz Urquiola, integrantes del Movimiento San Isidro, las autoridades les han negado la entrada al país.
Éxodo récord
Otra de las consecuencias de la crisis económica social y política, a la que se ha sumado la represión de este último año, ha sido el éxodo de cubanos, que ha alcanzado cifras récords. En apenas ocho meses más de 140.000 cubanos han entrado por la frontera sur de Estados Unidos, a ello se suman unos 11.000 que han pedido asilo en México; otros 2.400 han sido interceptados por la Guardia Costera norteamericana en el estrecho de la Florida y no son pocos los que han desaparecido en la travesía; otros tantos han huido a Europa o se hallan actualmente cruzando fronteras por Centroamérica para llegar a EE.UU.
En el último año la cúpula militar ha demostrado una y otra vez que no cederá ante el pueblo y que el miedo y la represión son lo único que ofrecerán. La militarización del país, los destierros y las campañas de difamación se han acrecentado. También durante este último año ha tenido lugar una actualización del Código Penal, que intensifica las violaciones de derechos humanos y protege al poder de manifestaciones populares como la del 11-J. El resultado es una oposición y sociedad civil cada vez desarticulada.
«La gente asume que no hay futuro y por eso la estampida hacia el exterior, lo cual tiene consecuencias terribles porque se pierde un capital humano invaluable y está golpeando tanto a los que queremos la libertad como al castrismo. Vamos a ver a un castrismo cayendo cada vez más pero, a su vez, con mecanismos represivos cada vez más burdos para lanzar la señal del escarmiento», declara a ABC Antonio Rodiles, coordinador de la plataforma opositora Estado de Sats. «La gente no ve futuro porque tampoco ve la capacidad de implementar una estrategia o alternativa desde la oposición, y eso es fatal», añadió.
Ante el empeoramiento de la situación, HRW considera que «la comunidad internacional debería intensificar urgentemente el escrutinio en materia de derechos humanos en Cuba y priorizar una respuesta multilateral concertada».