La protección del lobo aumenta las manadas y los ataques en Cantabria
▶ El Gobierno de Revilla aprueba por su cuenta el control de la especie, mientras Asturias anuncia un acuerdo con el Ministerio de Transición Ecológica
Solo en el primer semestre de este año Rafael Roiz, ganadero de Bejes (Cillorigo de Liébana, Cantabria), ha perdido más animales que en los dieciocho meses anteriores por culpa de los ataques del lobo a su cabaña. Entre enero y junio ha contabilizado media docena de agresiones del cánido y la baja de unas ochenta ovejas y también cabras adultas, aunque únicamente ha podido certificar doce, que son por las que va a cobrar de la compañía de seguros. Sufrió la primera embestida de este 2022 el día de Reyes, cuando el rebaño ovino regresaba de pastar en las montañas por el puerto. Al ver al cánido, una veintena de ejemplares quedaron rezagados: once fueron hallados muertos y cuatro desaparecieron. «Se despeñarían por la garganta del río», supone.
En similar situación está Emilio Macho, que regenta junto a su hermano una ganadería de vacuno y caballar en Requejo y en otras tres pedanías, una también de Campoo de Enmedio, otra de Campoo de Yuso y la última de Valdeprado del Río, todas ellas en el sur de la región. Están padeciendo ataques «continuos, casi semanales», con un saldo de veinticuatro animales fallecidos en lo que va de ejercicio, aunque tampoco ha podido constatar todos. Y si hace tres primaveras perdió cuatro terneros de una tacada y «a 500 metros de Reinosa», la capital de la comarca, ahora los ataques se están registrando más próximos a núcleos habitados, «al lado» de los pueblos, como en Ibio, en Mazcuerras, y otras localidades de Cabezón de la Sal e incluso Comillas, en el litoral Cantábrico. «Los lobos están descontrolados, se han acostumbrado a lo humano y no tienen miedo a nada. Están aquí y tienen que comer», razona este ganadero, a la par que avisa de la posibilidad de tener que lamentar males mayores en un futuro.
Ambos achacan el recrudecimiento del problema a la proliferación del depredador, que el pasado otoño fue incluido por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico en el Listado de Especies Silvestres de Régimen de Protección Especial (Lespre), con lo que dejó de ser cinegética, también en las comunidades que se extienden al norte del Duero y que concentran el 95% de los ejemplares: Galicia, Castilla y León, Asturias y Cantabria.
Esta última región cuenta en la actualidad con veinte manadas, con una media de nueve ejemplares cada una de ellas, y la tendencia es creciente, pues a los animales que no se han cazado –al dejarse de aplicar el plan de gestión autonómico, que estuvo en vigor apenas dos años– hay que sumar los nuevos lobeznos que han nacido estos meses. Si se atiende a los expedientes de daños reclamados, en el primer cuatrimestre de este año ha habido 377 ataques con 554 animales muertos, frente a los 302 y 537, respectivamente, del mismo periodo del ejercicio anterior, lo que supone sendos repuntes del 24,83 y 3,16%.
Extracciones
Desde septiembre de 2021, fecha en la que el cánido fue introducido en el Lespre, hasta el pasado abril, el Gobierno de la comunidad ha constatado «importantes y recurrentes» ataques y daños del lobo en tres zonas, con más de 240 ejemplares fallecidos, por lo que ha autorizado la extracción de un máximo de diez lobos.
La decisión cuenta con el aval de los servicios técnicos y jurídicos de la Consejería de Ganadería, dirigida por el PRC, no así del departamento que capitanea la socialista Teresa Ribera, donde se está estudiando la medida, más si se tiene en cuenta que los controles acordados se podrían extender a otras zonas de la región en las que se produzcan en un futuro circunstancias similares. Y porque con este paso Cantabria ha abierto un camino a seguir por las otras comunidades loberas. «El que está en peligro de extinción no es lobo, sino el ganadero», precisa a ABC el consejero cántabro del ramo, el regionalista Guillermo Blanco, dispuesto a proteger al sector junto a sus homólogos gallego, asturiano y castellano leonés.
Solo Asturias, gobernada por los socialistas, parece haber llegado a un acuerdo con el Ministerio. El viernes, el consejero de Medio Rural, Alejandro Calvo, anunció que habrá un plan de gestión del lobo en el Principado con el aval de Transición Ecológica con el que se podrán realizar controles poblacionales de la especie, aunque las resoluciones «serán individuales». «Estamos un poquito más cerca de recuperar la gestión como la conocíamos», aseguró
Calvo. En estos últimos meses, la población del lobo en Asturias también ha crecido y ha provocado «más daño» a las ganaderías, explicó, además de agravar la conflictividad social.
Situación «insostenible»
El ganadero Emilio Macho cree que el cánido se ha convertido en un «arma arrojadiza» y rechaza que se tomen decisiones «a la ligera», desde «los despachos en la ciudad», aprobando «leyes absurdas» sin constatar antes la realidad en el ámbito rural. Está en contra del exterminio y a favor de que haya «lobos, sí; pero no así», sino que exista un control sobre el depredador. De no llevarse a cabo, este ganadero campurriano augura una situación «insostenible» para el sector primario tras muchos años padeciendo el problema de los ataques, que va «en aumento».
De similar opinión, Rafael Roiz considera que «el mundo ecologista urbano no tiene ni idea» de lo que sucede en el campo y en zonas en las que el cánido viene experimentando un avance «progresivo e imparable». Y ahora, al haberse prohibido la caza, las manadas «siguen creciendo y se doblan», abocando a los ganaderos a «soportar algo insoportable. Vamos a tener que tener los animales para alimentar al lobo, que es un capricho que nos damos como país. Estamos manteniendo unos pocos el capricho de unos cuantos», remacha contrariado.