«La Generalitat ya está trabajando para echar atrás las sentencias del 25% de castellano»
▶ Padres a los que la Justicia les concedió más horas de español en la escuela para sus hijos lamentan el «freno» al fallo del TSJC
La Generalitat celebra como un triunfo la providencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que deja en espera la sentencia que le obliga a garantizar un 25 por ciento de enseñanza en castellano en todo el sistema educativo. Prefiere ignorar, sin embargo, la otra cara del pronunciamiento judicial, la que apunta a posibles «vicios de inconstitucionalidad» en la estrategia normativa que ha desplegado para evitar la aplicación del fallo.
Las asociaciones en defensa del bilingüismo y los padres que tras luchar años en los tribunales lograron arañar esa proporción para sus hijos –hay un total de 47 alumnos con respaldo judicial para cursar más castellano– prefieren celebrar esta última parte del pronunciamiento del alto tribunal catalán. La que señala que tanto la ley como el decreto ley aprobados por el Govern para burlar la sentencia pueden no ajustarse al marco constitucional. Saben, sin embargo, que esa normativa no está paralizada y podría aplicarse el curso próximo, lo que pondría en riesgo los derechos adquiridos para la educación de sus hijos.
«Ya mueve hilos»
Las familias ven con «preocupación» el freno a la ejecución del fallo del 25 por ciento, cuya aplicación se auguraba para el próximo curso. Respecto a la probabilidad de que puedan arrebatarles esa proporción ya concedida a sus hijos, algunos padres creen que «no está en riesgo». Otros, sin embargo, dan fe de que sí e incluso avanzan que el Govern «ya mueve hilos» para quitarles ese derecho el curso que viene.
La normativa aprobada por el Govern y sobre la que deberá pronunciarse el Tribunal Constitucional (TC) rechaza la aplicación de porcentajes en la enseñanza y el consejero del ramo Josep González-Cambray ya adelantó con firmeza su intención de eliminar de los proyectos lingüísticos toda cuota en la enseñanza de otras lenguas, refiriéndose también a la de los alumnos que la tienen reconocida con medidas cautelares o sentencia firme.
Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), cuya hija tiene un 25 por ciento de castellano reconocido por los tribunales, asegura en declaraciones a ABC que «la Generalitat ya está trabajando para conseguir echar atrás las sentencias y medidas cautelares del 25 por ciento que están vigentes». «Avisé a la directora del centro de mi hija que, ante cualquier decisión no refrendada por un tribunal de retirar esa proporción, me dirigiría a los tribunales contra el departamento y contra el centro», dice Losada. Reconoce que la situación es complicada. «Estamos en un limbo judicial, al que se une el perpetuo abandono de nuestro Gobierno», añade.
Consuelo Santos
Una hija con un 25% de castellano
«Lo siento por los que han luchado por lograr una sentencia para que se respete la enseñanza en castellano, ya que han vuelto a la casilla de salida»
Jordi López
Dos hijos con el 25% de castellano
«Si la Generalitat se atreve a arrebatar el porcentaje de castellano a mis hijos el próximo curso escolar, no lo tendrán fácil conmigo»
Ana Losada
Una hija con el 25% de castellano
«Soy consciente de que ahora estamos en un limbo judicial, al que se une el ya perpetuo abandono de nuestro Gobierno»
El Ejecutivo tiene la solución
Respecto a la paralización de la sentencia que impacta en la totalidad de las aulas de Cataluña, Losada no entiende que el Govern lo asuma como una victoria. «Por lo visto, ahora no hay judicialización» , dice la madre. A su entender, la solución a este impás la tiene el Gobierno. «Él puede hacer lo que hasta ahora no ha hecho, defender la aplicación de la Constitución en Cataluña. Para nosotros la nueva situación es una decepción, pero no podemos quedarnos parados. El objetivo no ha variado: conseguir una escuela en las dos lenguas oficiales», apunta.
Jordi López, otro de los padres que se encuentra en esta situación, considera que el nuevo pronunciamiento
del TSJC «no evitará que acabe aplicándose la sentencia en todo el sistema». «Que se frene el fallo no supone que todo esté perdido ni que puedan quitarnos el 25 por ciento». López cree que este nuevo escenario dibujado por la providencia del TSJC «no tiene por qué afectar en nada a los padres que ya tenemos reconocido por los tribunales ese derecho para nuestros hijos. Si el Govern se atreve a arrebatarles el 25 por ciento, no lo tendrán fácil conmigo», señala. Él obtuvo el pasado mes de marzo unas medidas cautelares del TSJC para que su hijo mayor, con necesidades educativas especiales y que cursa Educación Secundaria Obligatoria, tenga un poco más de castellano en sus clases. Otro hijo suyo escolarizado en Primaria también tiene el respaldo judicial para cursar más castellano.
Consuelo Santos, la primera madre a la que la Justicia concedió un 25 por ciento de castellano para sus hijos hace ya doce años –diciembre de 2010–, no entiende el triunfalismo del Govern y lamenta que el tema quede ahora en manos del Tribunal Constitucional. «Por suerte, a mi hija ya no le quedan más que dos años de enseñanza obligatoria y en su colegio hay una convivencia correcta entre las dos lenguas. Lo siento por todos aquellos que han luchado por obtener una sentencia favorable a que se respete la enseñanza en castellano, porque han vuelto a la casilla de salida», dice Consuelo. Esta madre apunta al PSC como «culpable» de este «retroceso en el ámbito lingüístico».