El Consejo avala la rebelión contra la medida gracias al voto de Lesmes
El CGPJ aprueba por la mínima instar a que se le escuche antes de aprobar la reforma
Por la mínima, pero también conforme a lo esperado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer dirigirse al Congreso de los Diputados para que recabe el informe del órgano de gobierno de los jueces en la tramitación exprés de su reforma. Se trata de la proposición de ley que se desdice de la aprobada hace un año, también por iniciativa del Grupo Socialista, y que levanta la prohibición de los nombramientos del CGPJ pero solo para los dos magistrados del TC que, junto a los que tiene que nombrar el Gobierno, provocarán un vuelco en la mayoría del órgano de garantías, que pasará de un perfil conservador a uno progresista.
Por diez votos a favor (de los 19 vocales presentes en el Pleno, pues hay dos vacantes), entre ellos el decisivo del presidente del Consejo, Carlos Lesmes, salió adelante el acuerdo que ocho vocales del sector conservador del Consejo llevaron a la reunión, pero solo en el punto que se refiere a solicitar al Congreso ser oídos en esta tramitación exprés. El otro punto, el de informar a la Comisión Europea de esta reforma, fue dulcificado en aras de conseguir que el acuerdo saliera adelante. Ahora piden que se recabe informe a la Comisión de Venecia, algo «menos grave» pero que igualmente supondrá un tirón de orejas a España.
Choque institucional
Precisamente, en calidad de presidente del Consejo, Lesmes era uno de los contrarios a denunciar la proposición de ley ante la UE para no exteriorizar este choque entre poderes del Estado fuera de España y dañar el crédito de sus instituciones. A ello se suma, informaron fuentes del Consejo, que el informe de la Comisión Europea sobre el cumplimientos de los estándares del Estado de derecho es inminente –se hará público este mismo miércoles– y en él, como adelantó González Pons ayer, se da por hecho que «se sacarán los colores a España» por reiterados incumplimientos.
Como era previsible el acuerdo salió adelante con los votos de los ocho vocales del sector conservador del Consejo que instaron a la convocatoria del pleno extraordinario más el del magistrado del Tribunal Supremo Wenceslao Olea (también de perfil conservador) y el propio Lesmes. Votaron en contra los vocales progresistas Roser Bach, Mar Cabrejas, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez, Pilar Sepúlveda y el exdiputado socialista Álvaro Cuesta. Por su parte, los vocales Enrique Lucas y Vicente Guilarte (éste propuesto por el PP) votaron en blanco.
La decisión del Consejo se produce apenas tres días antes de la toma en consideración, en el Pleno del jueves, de la polémica proposición de ley a la que se ha dado un trámite tan urgente que se prevé la presentación de enmiendas en un plazo de apenas veinticuatro horas desde su aprobación. Se da la circunstancia de que ayer por la mañana, tras la reunión del Comité Nacional del PP, el vicesecretario institucional del PP, Esteban González Pons, condicionaba la renovación del CGPJ, en funciones desde diciembre de 2018, a la retirada de esta reforma, que entiende que menoscaba aún más la independencia del poder judicial.
En el texto aprobado, los vocales –algunos de ellos llegaron a tildar esta reforma de «manoseo indecente»– consideran «contradictoria e incoherente» la justificación de la proposición de ley por referirse solo al perjuicio que la imposibilidad hacer nombramientos estando en funciones ocasiona para la renovación del TC. «Tan órgano constitucional es el tribunal de garantías como lo son los juzgados y tribunales, servidos por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, cuyo superior, en todos los órdenes, es el Tribunal Supremo», señala la mayoría del Consejo.
En este sentido aportan el acuerdo de la sala de gobierno del Tribunal Supremo del pasado 27 de junio, en el que el alto tribunal expresaba su «honda preocupación» por la situación actual y señalaba que la situación «será insostenible» si persiste el bloqueo, pues es imposible cubrir el número de vacantes, que en el último año ha ido aumentando de forma paulatina hasta situarse en más de 60 en audiencias y tribunales superiores de justicia y en 16 en el caso del Supremo, lo que representa casi un 20 por ciento de su plantilla. «En no mucho tiempo (esta circunstancia) supondrá dificultades extraordinarias para el funcionamiento» del tribunal, advertía la sala. Los vocales quieren que si el Congreso va a reformar la ley para posibilitar los dos nombramientos para el TC, lo haga también para facilitar los del resto de órganos judiciales que se están viendo afectados por el recorte de atribuciones impuesto al Consejo, un recorte que está desde hace meses sobre la mesa del TC sin que los magistrados de aquel tribunal se hayan pronunciado todavía sobre su posible inconstitucionalidad.
Los vocales han trasladado al Consejo el acuerdo de la del Tribunal Supremo que avisa de las consecuencias de no poder cubrir vacantes
«Aspectos nucleares»
En el acuerdo aprobado ayer los vocales recuerdan que si bien el trámite de informe del CGPJ solo es preceptivo en los anteproyectos de ley, el Derecho de la Unión Europea impone que cuando una proposición de ley afecte a «aspectos nucleares» del estatuto de los miembros del poder judicial, la misma debe tramitarse oyendo a todos los sectores implicados, lo que incluye al propio CGPJ, instituciones y asociaciones judiciales. Así lo ha expresado la Comisión Europea en distintas recomendaciones y así se lo ha recordado a España el portavoz de justicia de la Comisión Europea, Didier Reynders, en varias ocasiones. El Pleno celebrado ayer estaba previsto para el pasado 30 de junio pero se suspendió como consecuencia del fallecimiento de la vocal María Victoria Cinto. Aunque se pensó en esperar al pleno ordinario del día 21 para abordar el debate sobre la reforma exprés, a la espera de ver si el Gobierno contaba con suficientes apoyos, la confirmación de que ya los tenía propició que vocales del sector conservador urgieran a la convocatoria de esta reunión extraordinaria.