El PP pide un currículo único para toda España y que Sánchez lleve al TC las leyes de la Generalitat
∑Los de Feijóo exigirán en el Debate del Estado de la Nación temarios «libres de sesgo ideológico» y que el Gobierno actúe ya ante los ataques al castellano
Para el primer Debate del Estado de la Nación de la legislatura, tras siete años sin celebrarse ninguno (el último fue en 2015), el Partido Popular tiene intención de poner ‘toda la carne en el asador’. Si bien el partido de la oposición centrará el debate «en la economía, en la situación real de los españoles y en el desgaste de las instituciones», señalan desde Génova, le dará en este foro una enorme importancia a la educación. Para ello, llevan hoy al Congreso una serie de contundentes medidas (y críticas). La secretaria general del partido, Cuca Gamarra, será la encargada de plantarle cara al presidente Pedro Sánchez para decirle ‘basta’ a la indiferencia del Ministerio de Educación a los ataques al castellano en Cataluña; ‘basta’ a la discriminación a la concertada; ‘basta’ al «sesgo ideológico» de los currículos de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato; y ‘basta’ a la posibilidad de pasar de curso sin límite de suspensos, entre otras propuestas, según ha podido saber ABC.
Enmienda a la totalidad
El PP hace una ‘enmienda a la totalidad’ a la Ley Celaá, aprobada hace ya dos años, pero cuyas consecuencias se están viendo en los reales decretos de enseñanzas mínimas de todas las etapas (Infantil, Primaria...) aprobados este año y que, de alguna forma, aplican la norma en las aulas. Pero en el discurso de Gamarra no solo se pondrán de manifiesto lo que ellos juzgan como «defectos». Habrá propuestas. De hecho, pedirán al Ejecutivo un temario único para todo el país (ahora los currículos se hacen entre el Estado y las comunidades).
El PP también lanzará una ofensiva en un paso más para defender el castellano: Gamarra instará hoy al Ejecutivo a que impugne, amparándose en la Constitución, las dos normas que aprobó la Generalitat para evitar que se cumpla la sentencia del 25 por ciento del castellano en las aulas. También hay un apoyo sin fisuras a la concertada. Para este sector, Gamarra pedirá el concierto en la etapa de Infantil de 0-3 años.
El discurso educativo del PP se divide en cuatro propuestas, pero el grueso de las medidas van en la primera. ¿El motivo? Se pueden presentar solo 15 iniciativas por grupo, por eso casi todo va en una. Los populares dejan aparte, por su relevancia, el castellano, las plazas de 0-3 para la concertada y la aprobación de un MIR educativo. Este es el detalle de las principales novedades.
Impugnar las leyes del Govern contra el castellano
El PP instará hoy al Gobierno a que haga uso «de la facultad que le concede el artículo 161.2 de la Constitución Española para impugnar, en tiempo y forma, ante el Tribunal Constitucional» dos normas de la Generalitat catalana. Se trata del decreto ley y la ley que el Govern aprobó recientemente para burlar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de diciembre de 2020 que obliga a aplicar el 25% de castellano en las aulas catalanas. Estas dos normas, sobre las que el TSJC vio «vicios de inconstitucionalidad», son las que están trabando la aplicación de la sentencia en favor del castellano.
El problema es que al ver este «vicio», el TSJC ha paralizado la ejecución forzosa de la sentencia para escuchar a las partes antes de elevar el caso al Tribunal Constitucional (TC). ¿Quién es entonces el único capaz de desenredar esta situación? Sánchez. Es por ello que el PP, además de pedir al Gobierno que lleve las normas del Govern al TC, señala también que una vez elevadas al Alto Tribunal, el presidente debe proceder a «la consiguiente suspensión automática de las mencionadas disposiciones».
Currículo único y sin «sesgo ideológico»
Uno de los temas más delicados con los que ha tenido que lidiar la ministra de Educación, Pilar Alegría, desde que sucedió a Isabel Celaá ha sido el desarrollo de la norma que lleva el nombre de su antecesora. A Alegría le tocó la parte más difícil porque una vez aprobada la ley tenía que hacerla aterrizar en las aulas. ¿Cómo? Con los reales decretos de enseñanzas mínimas de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, que ahora el PP pide «retirar». Estos textos fueron criticados por la comunidad educativa al comprobar, por ejemplo, que la «perspectiva de género» inundaba casi todas las materias. Algunos de sus contenidos fueron denunciados por este periódico por olvidar a ETA mientras sí se advertía de los peligros del reguetón. Algunas reales academias, como es el caso de la de Historia, criticaron los currículos por omitir trozos de la historia de nuestro país (los procesos «antidemocráticos» de la II República en Bachillerato, por ejemplo). El Consejo de Estado tildó los textos de Primaria de «excesiva complejidad, abstracción y dificultad», y una observación similar hizo con los de ESO y Bachillerato.
El PP pedirá hoy que se retiren y que se constituya «una comisión independiente formada por especialistas de las diferentes materias que componen el currículum, a indicación de las reales academias, y que formularán las iniciativas (...) para (...) unos currículos de contenidos claros, concisos y de alta calidad científica, libres de sesgo ideológico, que proporcionen una atención adecuada a los aprendizajes profundos, al desarrollo de habilidades no cognitivas, a las tecnologías digitales y habilidades computacionales, al emprendimiento y a la innovación, a las humanidades y a la educación científica (...)».
En la misma línea con la retirada de los temarios, el PP va más allá y pide «un currículo para todo el sistema educativo, que garantice una educación de calidad en todo el territorio y tenga enseñanzas comunes, que sea (...) estable y flexible en los contenidos, respetando las competencias que contempla la CE en su artículo 149.1.30, sin perjuicio de la necesaria cooperación leal con las comunidades y del respeto a su ámbito competencial».
Un MIR como el de los médicos para los docentes
Los populares pedirán también la «aprobación de una ley de ordenación de la profesión docente que contemple un modelo de acceso y profesión similar al del sector sanitario, que asegure una selección y formación iniciales del profesorado, fortalezca la profesión docente y la mejora de su reconocimiento». Es decir, Núñez Feijóo quiere para los docentes un modelo similar al MIR de los médicos. Sin embargo, el Ministerio de Educación ya le ha dicho varias veces que ‘no’. La última fue precisamente cuando presentó, el pasado enero, el documento de ‘24 propuestas de reforma para la mejora de la profesión docente’, donde se plantea un modelo de la iniciación a la docencia (PID) con una parte de prácticas que, en cualquier caso, no se trataría de un MIR educativo, ya que «dichas prácticas no están orientadas prioritariamente hacia una especialización docente», dijeron entonces fuentes de Educación.
Valorar el esfuerzo y poner pruebas censales y externas
La batería de medidas del PP empieza con la petición de un «gran acuerdo educativo». Mientras este llega, hacen otras propuestas más conocidas como la valoración del esfuerzo para evitar pasar de curso con suspensos; la EBAU única o el desarrollo de pruebas censales y externas, es decir, las que impuso la Lomce para conocer el nivel de los alumnos en 4º de Primaria y 2º de la ESO. El objetivo era saber dónde poner el énfasis para mejorar. El PSOE las quitó por considerarlas segregadoras al creer que hacían una especie de rankings de colegios.