Multa al alcalde de Carboneras para que califique suelos como no urbanizables
El laberinto judicial del hotel El Algarrobico sigue dando nuevos giros que alargan aún más su demolición y la reconstrucción de la zona en la que se encuentra en Carboneras. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) avisa al alcalde de la localidad, el socialista José Luis Amérigo, de la imposición de multas de 250 euros a la semana hasta que cumpla con la sentencia que le obliga a calificar como no urbanizables los terrenos en los que se encuentra la megaconstrucción.
El Alto Tribunal Andaluz emitió esta resolución el 8 de julio y desde el consistorio carbonero están estudiándola para presentar en su caso alegaciones, un trámite para el que tienen diez días. Se estima que no se ha cumplido con el dictamen de mes de mayo en el que se reclamaba una certificación municipal donde conste que los parajes El Algarrobico y el Canillar figuran en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como suelo no urbanizable, y en su caso si se ha anulado en ambos sectores.
Amérigo manifestó en septiembre de 2021 la total colaboración para cumplir con los dictámenes de la justicia. Desde el Ayuntamiento de Carboneras se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) los acuerdos adoptados en pleno municipal sobre la modificación de la adaptación parcial del PGOU a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Desde Greenpeace advirtieron que la publicación se trataba de «una maniobra municipal para eludir la acción de la justicia», ya que lo recogido por el BOP era una dación de cuentas de la citada modificación que no había sido aprobada por el pleno de la corporación, requisito para que pueda ser inscrita en el Registro General de Planeamiento de la Junta de Andalucía. El colectivo pidió al TSJA que apercibiese al alcalde de que podía incurrir en desobediencia sino cumplía en sus debidos términos a la modificación que ordenaba la sala.
Por su parte, Azata del Sol, la promotora del hotel, amplió hace unos días su demanda contra la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Carboneras para reclamar la reparación integral de los daños y perjuicios patrimoniales, morales y personales. A su juicio, la situación se ha generado por la actuación «ilógica, irrazonable y arbitraria» de ambas administraciones alterando el planeamiento.