El abogado del TJUE abre la puerta a la entrega de Puigdemont a España
▶ El letrado afirma que el tribunal que aplica la euroorden no puede controlar qué autoridad judicial debe emitirla ▶ Llarena quiere revertir la decisión de un tribunal belga contra la extradición de Puig, fugado desde 2017
Nuevo revés para la estrategia judicial del expresidente de la Generalitat de Cataluña, fugado de la Justicia y eurodiputado, Carles Puigdemont. El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Richard de la Tour, da la razón al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena y señala que una autoridad judicial de un país miembro de la UE «no puede denegar la ejecución de una orden de detención europea basándose en el riesgo de vulneración del derecho a un proceso equitativo de la persona reclamada si no se demuestra la existencia de deficiencias sistémicas o generalizadas que afecten al sistema judicial del país emisor».
Se trata de una opinión no vinculante, a la espera de que el TJUE emita una sentencia en las próximas semanas o meses, pero sí clave, ya que el abogado general insta a Bélgica a extraditar al exconsejero de Cultura, Lluís Puig, como Puigdemont, fugado de la Justicia tras la fallida declaración de independencia de 2017. Su caso marcará la evolución del resto de encausados, entre ellos, del propio Puigdemont.
La posición del abogado general se refiere a la pregunta prejudicial que había planteado el Supremo, para tratar de que la Justicia europea defina el campo en el que los tribunales de otro país miembro de la UE pueden negarse a ejecutar una euroorden, como sucedió en Bélgica y Alemania con el caso de Puigdemont y otros exconsejeros independentistas.
Los precedentes
La publicación de la opinión del abogado general en este caso, que suele anticipar el sentido de la decisión que dictarán posteriormente los jueces de Luxemburgo, coincide además con una sentencia firme publicada también este jueves sobre un caso de orden de entrega entre Francia e Italia en la que se especifica además que el hecho de que la definición de los delitos que se atribuyen a los reclamados sea diferente en los dos países tampoco es un argumento para justificar la denegación de la entrega.
El abogado general también afirma que el tribunal que debe aplicar la orden de detención no está habilitado para controlar si la autoridad judicial que emite esa orden en el país de origen es competente o no para ello, como dictaminó la Justicia belga, puesto que ello «contravendría el principio de autonomía procesal, conforme al cual los Estados miembros pueden designar en su Derecho nacional a la autoridad judicial competente para dictar esa orden de detención». En resumen, Richard de la Tour insiste en que «en virtud del principio de reconocimiento mutuo», «la ejecución de las órdenes de detención constituye la regla, mientras que la denegación se concibe como una excepción que debe ser objeto de interpretación estricta».
El expresidente de la Generalitat está procesado por los delitos de sedición y malversación, los mismos por los que fue condenado su vicepresidente durante la intentona del ‘procés’, el republicano Oriol Junqueras, pero dado que Puigdemont se fugó de España tras el referéndum ilegal del 1-O, cuando supo que la Fiscalía General del Estado se querellaría contra él por el delito de rebelión, evitó sentarse en el banquillo como sí hicieron los líderes independentistas condenados en 2019, primero, por el Supremo, e indultados, luego, por el Gobierno de Sánchez.
Fue tras la sentencia del Supremo contra los impulsores de la votación, cuando el instructor Pablo Llarena emitió una orden europea de detención contra Puigdemont y los exconsejeros Lluís Puig, Clara Ponsatí, Marta Rovira y Antoni Comín, también fugados en Bélgica, Reino Unido y Suiza. Puig y Puigdemont establecieron su residencia en Bélgica y el Tribunal de Apelación de Bruselas rechazó entregar al primero por el delito de malversación por el que estaba procesado en respuesta a la euroorden de Llarena.
«Hasta el final»
Por este motivo, el instructor del Supremo elevó al TJUE una cuestión prejudicial para que determinase, entre otros asuntos, si los jueces belgas interpretan de forma correcta el derecho comunitario al resolver las euroórdenes de detención de los prófugos. La intención de Llarena es que el tribunal limite las posibilidades de Bélgica de rechazarlas.
Tras conocer la decisión del abogado del TJUE, Puigdemont recalcó ayer que lucharán «hasta el final». A través
de sus redes sociales, el expresidente catalán se mostró decepcionado, e indicó que observa «claras contradicciones» entre la opinión emitida este jueves por el abogado del TJUE con la jurisprudencia reciente del mismo tribunal, que confía se resolverán cuando éste emita una sentencia.
«En cualquier caso, tendremos que recorrer un camino que ya hemos recorrido antes, con más experiencia que antes. Lucharemos por cada derecho y por cada opción. Hasta el final. Y sin rendirnos, sin renunciar», subrayó. El expresidente catalán aseguró que tienen identificados todos los escenarios posibles y sabe qué debe hacer en cada ocasión, partiendo del más favorable hasta el más desfavorable.
Por su parte, el PP celebró que el letrado general del TJUE diera la razón a la Justicia española sobre la euroorden frente a Bélgica, abriendo así el camino para la entrega de Puigdemont. A su entender, según la portavoz del partido en Bruselas, Dolors Montserrat, es «muy buena noticia para los demócratas frente a los prófugos» y espera que el tribunal de la UE se pronuncie en la misma dirección y dicte sentencia pronto.
El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, exigió al Ejecutivo de Sánchez que «haga todos los esfuerzos» por traer a España a declarar a Puigdemont. «Lo que no es normal es que haya fugados de la Justicia española en países que forman parte del Tratado Schengen», señaló.
El ministro de Cultura, Miquel Iceta, opinó que el prófugo debería presentarse ante la Justicia, tal y como hizo Junqueras. Según el socialista, la inmunidad que proporciona ser eurodiputado «no significa impunidad», y recordó que la Justicia ya pidió al expresidente que diera cuenta de sus actos antes de ser elegido diputado del Parlamento Europeo.
La líder de Cs, Inés Arrimadas, tildó de «buena noticia» el pronunciamiento, que considera «un pasito más» para que los huidos puedan «rendir cuentas por sus fechorías», informa
Juan Casillas. Por el contrario, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, tildó de «mala noticia» el varapalo a los fugados. «Todo lo que no ayude a desjudicializar el conflicto político en Cataluña no es una buena noticia», manifestó.
Desde la CUP, Mireia Vehí, portavoz de esta formación en la Cámara Baja, dijo que espera ver que «traslación» tiene la decisión del abogado del TJUE sobre la sentencia de los encausados por el ‘procés’, y reclamó «no dar cobertura a la doctrina» de Llarena.