El juez excluye a Antonio Fernández y señala a CC.OO. en la pieza de González Byass
El juez instructor, José Ignacio Vilaplana, ha excluido al exconsejero Antonio Fernández y señala al sindicato Comisiones Obreras como responsable en la pieza del caso ERE que investigas las ayudas de 19,7 millones de euros concedidas a la empresa González Byass. El magistrado acuerda el procesamiento de cuatro miembros del sindicato que concertaron con altos cargos del Gobierno socialista para obtener las subvenciones «injustas y arbitrarias». En la misma resolución continúa como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra dos personas más: el exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía que ordenó el pago de los fondos, Daniel Alberto Rivera, y el dueño de las empresas intermediarias Uniter SL y Cureña SL, José González Mata.
El magistrado considera que estas seis personas son presuntos responsables de los delitos de prevaricación administrativa, malversación y falsedad documental. Además, declara como responsables civiles subsidiarios a las entidades Uniter, Cureña, la Asociación de Antiguos Trabajadores 11 de Abril de 2008, la Federación Agroalimentaria de CCOO de Andalucía y la Confederación Sindical de CCOO, así como contra González Byass en calidad de partícipe a título lucrativo.
Además excluye de la pieza al ex consejero de Empleo, el jerezano Antonio Fernández García, porque, aunque fue incluido en el ERE de la empresa, no llegó a cobrar las ayudas.
Entre los representantes de los trabajadores investigados se encuentran representantes del sector de la vid del sindicato CCOO: Francisco Arellano Ruiz, presidente del Comité de Empresa y secretario de Acción Sindical de la Federación Agroalimentaria del sindicato en Cádiz; Juan Pedro Martín Félix, que era el vicepresidente; José Ruiz Rodríguez, vicesecretario del Comité de Empresa, y Manuel Aranda Sánchez, que actuaba como vocal.
Los citados investigados «habrían obtenido el compromiso de financiación del ERE por la Consejería de Empleo, y en connivencia con el titular de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero (ya fallecido), negociaron los requisitos y condiciones de la correspondiente póliza de seguro de rentas; y aceptaron –como parte del mecanismo defraudatorio– la constitución ad hoc de una asociación de extrabajadores para materializar el ilícito otorgamiento de las ayudas».