UNOS IMPUESTOS CON TRAMPA

Si se aplicase el modelo italiano de gravar con un 25 por ciento los beneficios extraordinarios de las energéticas, el Gobierno recaudaría la mitad de los 7.000 millones que ha anunciado

EL anuncio ‘estrella’ hecho por el presidente del Gobierno durante el debate sobre el estado de la nación fue la creación de un nuevo impuesto temporal que gravará los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas y de los bancos para lograr una recaudación extra del Estado de unos 7.000 millones en dos años. Para suavizar el impacto que la inflación tiene en el bolsillo, Sánchez pudo optar por varios mecanismos, por ejemplo, reducir el gasto público o rebajar con prudencia impuestos directos e indirectos. La realidad es que optó por una solución populista, la de imponer nuevas tasas a multinacionales de la energía y las finanzas para descolocar a Podemos y al nuevo partido de Yolanda Díaz. El movimiento táctico de Sánchez fue interpretado como su enésimo giro a la izquierda con un discurso idéntico al que empleaba Pablo Iglesias contra la ‘casta’ poderosa que obtiene beneficios ilegítimos a costa del empobrecimiento del ciudadano. Este es el nuevo ítem de Sánchez… ese y el de subir al fin el escalón de las clases desfavorecidas hasta la ‘clase media’, a la que no se había dirigido en toda la legislatura.

Sin embargo, el anuncio de ese impuesto tan efectista está lleno de trampas. En las sociedades avanzadas está más que consolidada la idea de que la recaudación fiscal debe atenerse a criterios de proporcionalidad. Quien más gana, más contribuye. Por eso resulta muy fácil arremeter contra los beneficios extraordinarios de multinacionales que, en efecto, ganan más con el alza de los precios. Pero no es ningún lucro ilegal que deba ser criminalizado. Es el producto de sus inversiones, y sus directivos se deben a sus accionistas. Es cierto que en ocasiones extremas y de economías al límite el Estado debe intervenir. No obstante, el anuncio de Sánchez tiene mucho de propaganda por tres razones. Primero, porque ese nuevo impuesto difícilmente podrá aplicarse antes de 2023; segundo, porque el Gobierno ni siquiera sabe de momento cómo se regulará para que su impacto no termine repercutiendo en los bolsillos; y tercero, porque Moncloa ha admitido que ni siquiera está ideada aún la fórmula para aplicarlo. Una cosa es el famoso ‘relato’ –hacer creer a los ciudadanos que el Gobierno va a despojar de beneficios injustos a empresas todopoderosas que poco menos que estafan a la sociedad–, y otra, la realidad: ocultar que ese impuesto es un mero escaparate ideológico, electoralista y, sobre todo, inaplicable de momento.

ABC hace hoy un cálculo hipotético de su aplicación cuando el Gobierno quiera explicar realmente qué va a hacer, cuándo y cómo, porque de momento todo es un castillo en el aire. No puede bastar con presentarse como el adalid de lo que Sánchez y la izquierda consideren que son injusticias sociales. Su impuesto tiene mucho de improvisado. Si tal y como han admitido algunos ministros, lo idóneo sería imitar el modelo italiano para gravar los beneficios extraordinarios de las energéticas, la recaudación sería muy inferior a los 7.000 millones. En Italia se grava con un 25 por ciento el incremento de los beneficios obtenidos entre octubre de 2020 y marzo de 2021, y entre los mismos meses de 2022. Si en España se hiciera así, el Estado recaudaría 600 millones más de Repsol, 90 de Endesa y 80 de Iberdrola, es decir, muy lejos de los 2.000 anuales prometidos. Aun faltando el cálculo de los beneficios de la Banca, difícilmente se llegaría a esa cantidad. Lo mismo ocurre si se tomase como referencia el ebitda de esas empresas para el cálculo (el margen bruto de explotación sin intereses, impuestos y amortizaciones). En todos los casos, la recaudación sería muy inferior a lo anunciado. Pero cuando eso llegue, ya habrán quedado en el olvido tanto el debate del estado de la nación como los compromisos de Moncloa. Y a otra cosa.