El ciclón andaluz que se gana al que manda
Sustituirá a Adriana Lastra como número dos del PSOE en la reestructuración del partido
María Jesús Montero
María Jesús Montero (Sevilla, 1966) es de esos políticos de raza, con recorrido, con mucha «mano izquierda» y con ese, digamos, don que tienen algunos para ‘bailar el agua’ al que toca y, sobre todo, cuando toca. Su currículum da buena cuenta de ello. Médica por estudios, en abril de 2002, Chaves la eligió viceconsejera de Salud de la Junta de Andalucía. En 2004 la nombró consejera, cargo que mantuvo también durante los Gobiernos de Griñán y Díaz. Mandar mandó un rato en Andalucía durante el régimen socialista, desde la Consejería de Salud, primero, y desde Hacienda, después. De aquellos años sus detractores recuerdan la huella nefasta que dejó en la Sanidad de esta región por una mala gestión y su carácter algo ‘sectario’. Sobre su paso por Hacienda ahí queda el sapo que tuvo que tragarse por la imposición de Ciudadanos de suprimir Sucesiones, el impuesto más ideológico entre los ideológicos, el más defendido por la izquierda y por Montero, porque heredar parece que solo heredan los ricos.
La presión de los susanistas sobre Sánchez la llevó a Madrid para coger las riendas de Hacienda en 2018. Desde este departamento ha sido un azote de la gestión económica de los Gobiernos del PP. Para la hemeroteca quedan frases muy salidas de tono, como la que espetó a Casado en un debate presupuestario: «El milagro económico del PP está en la cárcel». También quedará la defensa de sus raíces cuando en el Congreso arremetió contra diputados populares por criticar su forma de hablar. «Chiqui», «mi arma», «cariño», «chiquillo», expresiones que los andaluces emplean «todos los días», dijo. Montero asciende ahora al número dos del PSOE, siendo un peso pesado en el Gobierno, desde donde maneja el Presupuesto y toda decisión de gasto. La situación económica no le ha dejado desplegar un tornado de alzas de impuestos en una reforma fiscal de marcado acento podemita, aunque, como aperitivo, pondrá en marcha impuestos a energéticas y banca que pueden acabar con más de 72.000 empleos.