DESLEGITIMAR EL SISTEMA

La defensa que hace Sánchez de la corrupción del PSOE con los ERE y su negativa a exigir a la Generalitat que cumpla el 25 por ciento del castellano demuestran su concepto de la justicia

EDITORIALES

TIENE lógica que la Generalitat de Cataluña saliese eufórica ayer de la ‘mesa de diálogo’, que no es sino un ‘foro de cesión’ impulsado por el presidente del Gobierno para ‘normalizar’ las relaciones, acabar con la ‘represión’, y acometer la ‘resolución del conflicto’. El primer problema de esta ‘mesa’ es que el Gobierno asuma sin más el metalenguaje utilizado por el independentismo, porque de esa aceptación, repleta de eufemismos que solo esconden un chantaje al Estado, nace el reconocimiento de la propia debilidad del Estado. El segundo es la estética de la reunión, en la que el Gobierno de la nación acogió a los representantes de una comunidad autónoma como si se tratase de otro país. No en vano, Laura Vilagrà volvió a dejar claro que esta es la primera de muchas citas que terminarán posibilitando una consulta sobre la independencia de Cataluña.

De la letra pequeña de la reunión se conoce poco. Es de suponer que habrá cuestiones secretas que ni Félix Bolaños ni Vilagrà desvelaron. Por tanto, especular carece de sentido. Sin embargo, la principal cesión del Gobierno que sí se dio a conocer es grave: el Estado renuncia a impulsar el cumplimiento de la sentencia que obliga a impartir el 25 por ciento de los contenidos escolares en español. Es conocido que la Generalitat ha aprobado decretos para evitarlo, y también lo es que hasta ahora el Gobierno se había limitado a ponerse de perfil. Pues bien, ahora el Gobierno va más allá, con un compromiso expreso para marginar el castellano, ordenando a la Abogacía del Estado no defender el cumplimiento de los fallos judiciales porque hay que ‘proteger’ el catalán. En esto, el Gobierno parte de una premisa falsa. No es necesario proteger la lengua catalana porque no está proscrita ni perseguida. De hecho es una lengua ultraprotegida y ultrafinanciada. En realidad la marginación solo ocurre con el español en esa autonomía. Todo ello es otro eufemismo para ocultar que el Estado ningunea a sus jueces y el Gobierno bendice los decretos de la Generalitat para desobedecer a los Tribunales.

Que se permita a los senadores expresarse en catalán es una propuesta aceptable, pero en el Congreso sería un exceso, aunque eso no es ningún logro de esta ‘mesa de diálogo’. Se trata solo de consolidar de modo formal lo que ya venía ocurriendo de modo extraordinario. Tampoco es un logro que se impulse el catalán en el Parlamento europeo porque dependerá de lo que la Eurocámara, y no Sánchez o Pere Aragonès, decidan. En realidad, estas dos cuestiones son ‘peccata minuta’ comparadas con la ‘desjudicialización’ del proceso separatista, con la que el Gobierno acepta maniatarse. Si ayer adoptaron medidas para evitar la «prisión, el exilio, la inhabilitación, las multas y la multitud de causas abiertas» vinculadas al ‘procés’, deberían darlas a conocer por decencia democrática. La única buena noticia es que el Gobierno no desnaturalizará el delito de sedición, pero en realidad es por falta de votos suficientes en el Congreso, ya que el Gobierno, por convicción, sí estaría dispuesto a despenalizar el golpismo separatista reduciéndolo casi a la nada. Además, conviene no engañarse: reformar la sedición implicaría abrir la puerta a Carles Puigdemont como si fuera un héroe. Y eso no es precisamente lo que quiere ERC, ni lo que ahora conviene a Sánchez.

Sánchez completó ayer su ejercicio de deslegitimación del sistema judicial con una encendida defensa de la honorabilidad de Griñán y Chaves, aduciendo que pagan justos por pecadores. No es cierto. Han delinquido con los ERE durante casi quince años, y las sentencias deben cumplirse. Lo mínimo es tener un respeto escrupuloso y no significarse desde la Presidencia a favor de la corrupción. Esta, como su conducta con el 25 por ciento de clases en español, es su manera de entender la justicia. Pero el cumplimiento de la ley no es algo optativo. Es una exigencia democrática, y no algo que pueda hacerse a capricho del PSOE.