Colau volvió a dar casi un millón de euros a entidades afines en 2021
Entre los beneficiados, los grupos de la causa judicial contra la alcaldesa de Barcelona
A pesar de los reiterados toques de atención, ya sea desde organismos que velan por la ética municipal como por casos que por las dudas que generan han acabado ante la Justicia, Ada Colau sigue con su trato de favor a entidades afines. En 2021, el gobierno municipal de Barcelona regó con al menos 929.865 euros a agrupaciones con las que Colau y su equipo directo han mantenido una estrecha relación y que ya se han visto envueltas en otras polémicas similares.
Así lo ha podido constatar ABC a partir de los datos que incorpora la Cuenta General del Ayuntamiento de Barcelona de 2021, que ahora están en exposición pública y que tienen que votarse en el próximo pleno municipal, que con las vacaciones de verano de por medio ya se celebrará a finales de septiembre. Aunque con el reglamento municipal en mano son legales estas aportaciones vuelven a poner en la palestra la generosidad de la alcaldesa con los colectivos ‘amigos’ y con causas que, a menudo, poco tienen que ver con la actualidad de la ciudad.
De las cifras consultadas, 694.227,17 euros son para subvenciones, algunas de ellas con un concurso público previo y otras, por otorgación directa. Otros 235.638 euros atañen a quince contratos, de los que diez llegan sin un proceso público previo. A ellas habría que añadirles los montantes que acaban en las mismas cajas por parte de otras empresas municipales.
DESC, de nuevo beneficiado
Una vez más, muchas de estas partidas van a la calle Caspe, 43, sede del Observatorio DESC (Derechos Económicos, Sociales y Culturales), la plataforma dedicada al cooperativismo y la economía solidaria que agrupa a decenas de entidades con causas similares, pero focalizadas en determinados ámbitos. Allí trabajó Colau, pero también los comunes Gerardo Pisarello y Joan Subirats, entre otros.
El DESC fue, precisamente, una de las agrupaciones por las que la alcaldesa tuvo que declarar recientemente ante el juez de instrucción por los delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas, en una causa que, finalmente, quedó archivada a principios de julio. En 2021, según la Cuenta General, el DESC consiguió una subvención de casi 75.0000 euros para un proyecto que repiensa la movilidad.
En esa querella, presentada por la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática, también se mencionaba a Ingenieros sin Fronteras (ISF). Según la documentación consultada por este diario, esta entidad recibió 269.000 euros de manos del consistorio. Buena parte de sus proyectos subvencionados están relacionados con la cooperación con el desarrollo, una causa con la que las administraciones, no solo las locales, tienen el compromiso de guardar fondos.
‘Promover el desarrollo sostenible a través de las mujeres de Inhambane (Mozambique)’, es uno de los proyectos del ISF que más dinero se embolsó, en concreto 153.000 euros. Está enmarcado en un programa que lleva años en marcha y que cuenta con convenios bianuales que se van renovando y que, por ello, ya han estado en el centro de la polémica por ser grandes cantidades que acaban en aspectos que van mucho más allá de las fronteras locales. ‘Empoderando el tejido asociativo para mejorar la calidad de vida en Maputo’ se lleva otra subvención, en este caso de 80.000 euros.
En los balances anuales, a los que también ha tenido acceso ABC, aparecen otras plataformas con sede en Caspe, 43. Es el caso de Opcions de Consum Responsable SCCL, que, contratos al margen, se embolsó el año pasado 149.947,48 euros por veintiún proyectos subvencionados. La mayoría de ellos son de un máximo de 1.000 euros pero sorprenden destacadas cantidades para proyectos como: ‘Coherencia de políticas: la contratación pública en contexto de emergencia’, que se lleva 66.47,48 euros; o: ‘La Zona: reservas’, para añadir nuevas funcionalidades a un mercado digital de consumo consciente, que consigue 37.500 euros. Las cooperativas Sostre Cívic, de vivienda, Labcoop, de emprendeduría social, también tienen su sede social en Caspe, 43 y consiguen 18.900 euros y otros 8.000 euros en subvenciones, respectivamente.
Además, como en otras ocasiones, Irídia vuelve a estar beneficiada con ayudas públicas. El también conocido como Centro de Defensa de los Derechos Humanos, que fue impulsado por la madre de Rodrigo Lanza, el antisistema que dejó tetrapléjico a un agente policial en Barcelona y que tuvo como abogado a Jaume Asens, recaba 37.000 euros. Lanza, después, asesinó a una persona en Zaragoza por llevar unos tirantes con los colores de la bandera de España. Por volumen de importe, la Fundación Pro-Activa Open Arms se lleva las mayores cantidades: 100.000 euros para rescates en el Mediterráneo.
También con contratos
Aunque con menores importes, los contratos acaban salpicando para bien a inquilinos de Caspe, 43. Destacan los 111.305,48 euros que van para la cooperativa de comunicación social y corporativa L’Apòstrof por tres proyectos, sobre el asesoramiento y estrategia comunicativa para contenidos ‘on-line’ y ‘off-line’ de la Dirección de Comercio del Ayuntamiento (96.381,34 euros), el diseño de la identidad visual del equipamiento cultural Canódromo (10.176,10 euros) y la creación de contenidos digitales sobre medidas y restricciones (4.748,04 euros). Con partidas globales mucho más pequeñas, Celobert Arquitectura i Enginyeria, iLabSo o Etcs (Estratègies De Transformació Comunitària Sostenible), con oficinas en el mismo edificio, también pellizcan del Ayuntamiento.
En todos estos casos, los proyectos elegidos tienen mucho que ver con el ideario de los comunes. Este motivo ha llevado a la oposición, anteriormente, a cuestionar si el gobierno de Colau realiza prácticas irregulares. El caso ha llegado varias veces al Comité de Ética del Ayuntamiento y que ha dado varios tirones de oreja a la alcaldesa por cuestiones relacionadas con sus tratos de favor a afines o miembros del gobierno.