La ley de Dalton
No es Hacienda la que decide quién paga un impuesto, sino la oferta y la demanda según el objeto gravado
Llama la atención la convicción con que los miembros del Gobierno aseguran que Hacienda conseguirá que la banca no repercuta a los usuarios los nuevos impuestos que planean aplicar sobre sus beneficios extraordinarios. La vicepresidenta Calviño dijo que Hacienda tiene experiencia técnica para redactar normas que eviten esa repercusión. Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales y principal economista de Podemos, quiere que figure una prohibición taxativa en el texto legal: «Hay que garantizar que en los nuevos impuestos se prohíba trasladarlos al consumidor». Su compañera Ione Belarra desea mandar a la cárcel al que repercuta el impuesto.
La mayoría de los expertos distinguen entre el impuesto a los beneficios extraordinarios de las eléctricas y los que eventualmente registrará la banca con la subida de tipos de interés. Hay evidencia de los efectos perversos que ha tenido el mercado marginalista en el precio de la electricidad. Sin embargo, sobre los supuestos beneficios extraordinarios de la banca no hay antecedentes suficientes. Esto complica la definición del objeto tributario y la forma de aplicarlo. Sánchez dijo que se inspiraba en Draghi, pero el líder italiano sólo aprobó un impuesto eléctrico. De un tributo a la banca –tema del que el italiano sabe bastante– nunca habló públicamente El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, manifestó el martes que «no es fácil establecer un impuesto que no acabe afectando» a la economía de una manera o de otra. Efectivamente, puede que la repercusión del impuesto no se refleje directamente en los costes que debe afrontar el cliente del banco, pero puede producirse una reducción de los créditos o un descenso de la calidad del servicio o un cambio en los procedimientos que debilite el capital. También se pueden producir impactos más insidiosos, como que se dejen de trasladar a los clientes los aumentos de eficiencia.
Santiago Lago Peñas, uno de los economistas elegidos por Hacienda para redactar el famoso libro blanco de la reforma tributaria (ahora aparcada), afirmaba recientemente: «Por muy buena voluntad que se tenga, ningún gobierno es capaz de garantizar que el coste de los impuestos no se vaya a trasladar vía precios a otros agentes económicos; en particular a los clientes de empresas energéticas y bancos. Porque una cosa es la incidencia legal de un tributo, que sí controla el Gobierno a través de la normativa fiscal, y otra la incidencia efectiva».
Todo indica que se va a cumplir lo que en la Hacienda Pública se denomina Ley de Dalton (dicen que en honor al ministro laborista Hugh Dalton): la ley formal no decide sobre quién recae finalmente el coste de un impuesto, sino las leyes de la oferta y la demanda, en función de la elasticidad de los bienes y servicios sujetos a gravamen. Es decir, si hay posibilidad de repercutir un impuesto, el sujeto pasivo del mismo es irrelevante. jmuller@abc.es