Un juez procesa a Endesa por el incendio forestal del parque de Cabo de Gata de 2017
El Juzgado de Instrucción 1 de Almería ha acordado procesar a cuatro personas, así como a Endesa y a la subcontrata de mantenimiento Eiffage Energía por el incendio forestal que, en 2017, calcinó más de 85,5 hectáreas en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar puso en riesgo la vida del vecino de una cortijada próxima que se vio obligado a meterse en una alberca para escapar de las llamas.
El auto, de 25 de julio y al que ha tenido acceso Europa Press, indica que, de la investigación realizada, se desprende que el fuego se debió a la «falta de mantenimiento de la línea» eléctrica de alta tensión que discurre por el paraje Los Herederos-Pozo de los Frailes, en Níjar, y que hubo un «incumplimiento de las medidas de prevención legalmente establecidas».
La jueza instructora María Belén López considera que los hechos podría ser constitutivos de un delito de incendio forestal por imprudencia del artículo 358 del Código Penal, en relación con los artículos 352 y 352, ya que las llamas afectaron a un espacio protegido, a zonas habitadas y puso en riesgo la integridad física de las personas.
Atribuye su presunta comisión como personas físicas al responsable de la red de distribución de Endesa Distribución Eléctrica, al representante legal de la subcontrata, así como al jefe de obra y al operario con funciones de revisión de la línea de alta tensión.
La resolución judicial procesa, asimismo, a la compañía eléctrica y Eiffage Energía por su presunta responsabilidad en el incendio forestal cuyos costes de extinción para la Junta, a través del Plan Infoca, ascendieron a 37.450,57 euros.
Afectó al parque
Según recoge, en el momento del incendio forestal que se registro el 28 de junio de 2017 se estaban desarrollando labores de reparación y de mantenimiento de la línea eléctrica. Concreta el auto que el fuego tuvo dos focos distintos en el terreno por el que discurría la línea y su proximidad a un cortijo que se quemó obligó a que su morador tuviese que «sumergirse en una balsa que tenía en su propiedad», pese a lo que tuvo que ser atendido por equipos médicos. De la superficie afectada, 15,1 hectáreas se sitúan en zona A1 o de especial protección, según los datos que aportó la Delegación de Medio Ambiente.