La doctrina del TC juega a favor del Gobierno, aunque el decreto genera dudas
▶ Expertos creen recomendable que el Tribunal de Garantías se pronuncie
El decreto-ley de medidas de ahorro aprobado este lunes por el Consejo de Ministros ha puesto a los servicios jurídicos de varias comunidades autónomas a afilar los lápices. Las primeras suspicacias, de acuerdo a las fuentes consultadas por ABC, se sitúan en torno a aspectos como la regulación de la temperatura y la iluminación de edificios de las administraciones autonómicas, que tienen la exclusiva en lo que respecta a su propia organización. Sospechan inconstitucionalidad.
El choque reside en el alcance de las competencias transversales, aquellas sobre una materia que afectan a más de una administración, como en este caso sería la planificación general económica que compete al Gobierno en contraposición a las potestades autonómicas sobre la regulación de la actividad comercial, por ejemplo. Los juristas consultados por ABC conceden que el decreto genera dudas y ven plausible, incluso recomendable, que el Constitucional se pronuncie.
En los últimos tres lustros, la tónica ha sido dar la razón al Estado en detrimento de la comunidad autónoma en los choques por la competencia transversal de planificación económica, siempre y cuando la iniciativa del Gobierno de que se tratase no fuese desproporcionada o aberrante y estuviese incardinada en esa potestad marco. Una reciente sentencia sobre esta competencia transversal en conflicto con Aragón consultada por ABC resumía así la doctrina: «Reiteradamente hemos afirmado que los títulos competenciales transversales de los que es titular el Estado, como el que ahora nos ocupa, pueden proyectarse sobre competencias sectoriales que una Comunidad Autónoma haya asumido, incluso como exclusivas, en su Estatuto».
Para el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia Andrés Boix, con estas mimbres difícilmente prosperaría un recurso autonómico contra el decreto de ahorro de energía. «Es una jurisprudencia muy consolidada que han criticado siempre los nacionalistas», comenta. No ve «problemático» el decreto en sí porque «no afecta a derechos fundamentales», sino a cuestiones económicas, aunque concede que no estaría de más que el Constitucional se pronunciase pero «para hilar fino» sobre la competencia transversal de planificación de la economía.
En una línea similar apunta el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid Ignacio Álvarez-Rodríguez. Él sí aprecia una invasión competencial de la que conviene analizar el alcance y considera «muy plausible» que se acabe pronunciando el TC ante un decreto, dice, redactado «a bulto». «Podría tener recorrido. Es cuestión de que la comunidad autónoma consiga demostrar que esa regulación le corresponde por competencias», añade.