La construcción de 21 colegios, en el aire por un recurso del Gobierno
➤ La Junta teme que Pedro Sánchez tumbe el decreto de revisión de precios en obras
La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda pidió ayer al Gobierno de Pedro Sánchez que convoque de una vez la comisión bilateral «para resolver con rapidez las dudas que tiene sobre el decreto ley aprobado por la Junta sobre la revisión de del precio de los materiales de la construcción». La normativa andaluza busca «compensar a las empresas de la construcción que trabajan con la Junta de Andalucía por el sobrecoste ligado a la subida de precios de los materiales», explican desde la Junta.
La titular de dicho Fomento, Marifrán Carazo, recordó ayer que, desde el 23 de junio, el Gobierno andaluz está pendiente que ambas administraciones fijen la reunión que aleje el fantasma del recurso de inconstitucionalidad con el que amenaza el Gobierno central, algo para lo que no hay respuesta aún.
La cuestión no es solo una discrepancia normativa. Si finalmente el Ejecutivo de Sánchez acude a los tribunales pondría en riesgo la construcción de decenas de obras solo en el ámbito educativo. Es el caso de 21 colegios que deben levantarse en los próximos meses y que, de haber un recurso, quedarían paralizados. Se trata de centros educativos que cuentan con una inversión entre un millón y medio de euros y seis, explican desde la Junta de Andalucía.
Parar las obras, explican fuentes de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, puede ser fatal para esos proyectos porque «aunque la Junta ganase en la Justicia el recurso, habría que resolver el expediente, algo que lleva varios meses, incluso hasta un año». Y luego, añaden, no se puede retomar la construcción del colegio desde el punto en que se dejó. «Hay que volver a sacar a licitación el proyecto y luego adjudicarlo. Pueden ser años», detallan desde el departamento que dirige Patricia del Pozo.
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Decenas de obras
Además de esos 21 colegios que podrían no construirse, hay otras obras en el aire por el posible recurso que Fomento quiere evitar con una reunión con el Gobierno central a la mayor brevedad posible. Son 80 intervenciones y reformas en centros educativos que ya están construidos pero necesitan de arreglos.
Carazo recordó ayer que las empresas que trabajan con las administraciones tienen «un severo problema por la imprevista alteración en sus planteamientos económicos iniciales, de ahí que, de la mano del sector de la construcción, se aprobó este decreto ley para la revisión excepcional de los precios». Eso, añaden, podría poner en peligro las obras públicas, algo que viene a resolver el decreto andaluz.
Según explicó ayer la Junta, el Gobierno andaluz la norma andaluza «da un paso más para mejorar el real decreto que había aprobado el Gobierno de España y que se presentaba insuficiente para el sector porque deja muchas obras fuera de esta excepcionalidad».