El silencio del Gobierno da alas al particular ‘procés’ de La Línea
➤ El Ayuntamiento se aferra al «silencio administrativo» para la consulta popular
Silencio administrativo. A eso se aferra el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz) en su aspiración de que este municipio se convierta en Ciudad Autónoma ante lo que considera un abandono histórico por parte de las Administraciones supramunicipales a una localidad con una de las mayores tasas de desempleo, falta de formación, infraestructuras e industria; y grandes bolsas de marginalidad, así como una servidumbre histórica de Gibraltar. Las lacras del narcotráfico y el contrabando de tabaco son también importantes.
El Ayuntamiento entiende que ese silencio administrativo se ha producido al transcurrir los plazos establecidos por ley sin que ni el Gobierno central ni la Junta de Andalucía se hayan pronunciado a la resolución de las alegaciones que presentaron contra este asunto y que fueron tratadas en un pleno municipal el pasado mes de marzo, por lo que entiende que la consulta popular que requiere puede ya celebrarse.
Fue el pasado mes de marzo cuando se aprobó en un pleno municipal la resolución de dichas alegaciones. Ese mismo mes el expediente fue elevado a la Consejería de Presidencia de la Junta para que le diera traslado al Consejo de Ministros y lograr la autorización o no para celebrar dicha consulta popular.
«La ausencia de respuesta por parte de ambas administraciones es lo que motiva la petición a los servicios técnicos municipales para que se estudie la situación y las consecuencias de este silencio administrativo», se aseguró ayer desde el Ayuntamiento.
El inicio de las actuaciones para la celebración de dicha consulta popular fue aprobada por mayoría en un Pleno en julio de 2021 sin ningún voto en contra y con dos abstenciones.
El Ayuntamiento anuncia además una moción urgente que el partido que gobierna con mayoría absoluta, La Línea 100x100, trasladará a un Pleno el próximo día 11 y remitirá un nuevo escrito a la Consejería de Presidencia de la Junta para que informe en qué estado se encuentra dicho expediente.
Plazos
En la citada moción de urgencia se plantea que lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera sobre Plazos, de la Ley 2/2001, de 3 de mayo, relativa a la regulación de las consultas populares en Andalucía, se destaca «que, salvo que en ella se disponga expresamente otra cosa, los plazos previstos en la Ley son improrrogables y, cuando se señalen días, éstos se entienden naturales». Según esto, el Ayuntamiento sostiene que el silencio ya se habría producido.
Eso sí, reconoce que para su aplicación podría precisar del «reconocimiento expreso del Consejo de Ministros», debiendo realizar el Ayuntamiento un requerimiento previo a un posible conflicto judicial en el plazo de dos meses, tal como establece el Artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio.
«Los servicios jurídicos podrán declarar la estimación del silencio positivo y la finalización del procedimiento, facultando al alcalde a proseguir, tal y como indica el Artículo 11 de la Ley 2/2001, de 3 de mayo, de regulación de las consultas populares en Andalucía, que establece que la convocatoria podrá regularse en los tres días hábiles siguientes a la recepción de la autorización, pudiendo la primera autoridad municipal convocar la consulta mediante decreto en el que se señalará el día de la votación y la duración de la campaña de información, indicando que corresponderá a la Junta Electoral de Zona el control y seguimiento del periodo electoral», añade el Consistorio.
Y establece incluso la fecha para dicha consulta «según la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Participación Ciudadana de Andalucía» dada la reciente toma de posesión del presidente de la Junta y las próximas elecciones municipales: «Sólo se podría convocar la consulta popular entre el 23 de octubre de 2022 y marzo de 2023».
ABC preguntó ayer a la Junta de Andalucía y al Gobierno por este asunto pero no hubo respuesta.
El Consistorio llega incluso a fijar la fecha en que dicha consulta podría celebrarse ante la falta de respuesta del Ejecutivo y la Junta