Moncloa aliña sus pactos con 1.100 millones extra para el País Vasco
➤ El PSOE refuerza sus alianzas con los nacionalistas activando las cesiones que el PNV arrancó a Rajoy en 2017 ➤ La brecha se agranda: el País Vasco maneja cuatro veces más dinero público que Madrid, pese a tener menos renta
Desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, el Gobierno ha primado al País Vasco con una inyección extra de 1.110,97 millones de euros. Lo ha hecho a través de transferencias directas, que han engordado el privilegiado sistema de financiación del que disfruta esa autonomía al calor de la foralidad. Esto ha agrandado la brecha que se da entre los recursos públicos de los que disfruta el País Vasco y los que manejan las autonomías del régimen común, que son todas las demás excepto Navarra, que también goza de hacienda foral.
Basta comparar al País Vasco con Madrid para constatar la disparidad. Según los datos oficiales recabados por ABC, en el último cuatrienio y sin contar ingresos por préstamos, las arcas vascas han manejado anualmente, de media, más de 9.700 euros por habitante. Las madrileñas se han conformado con menos de 2.400 euros por habitante y año. Es decir, proporcionalmente, el agregado del Gobierno vasco y de sus diputaciones forales tiene cuatro veces más recursos que la Comunidad de Madrid, un 300% más, pese a que la economía madrileña es más rica que la vasca en términos de renta per cápita.
Sanchismo y Cupo vasco
Para primar a las arcas vascas tuteladas por el nacionalismo, Pedro Sánchez ha aprovechado los acuerdos que el PNV cerró con el PP de Mariano Rajoy. Corría el año 2017. Rajoy se mantenía en La Moncloa en minoría, tras ser investido gracias a las abstenciones de diputados socialistas. El PSOE acababa de atravesar su particular cisma, Sánchez había sido desalojado de la secretaría general del partido.
Rajoy necesitó al PNV y lo cortejó con generosidad. En 2017, el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, fue el encargado de dar forma al particular ‘cheque’ que le impusieron los nacionalistas vascos para permitir que el PP siguiera gobernando. Así llegó un acuerdo que resultó controvertido y que fue contestado desde el resto de autonomías a izquierda y derecha.
El pacto del 2017 tuvo, en esencia, dos grandes concesiones al País Vasco: por un lado, una drástica rebaja del Cupo anual que las haciendas vascas tienen que pagar al Estado por los servicios que éste presta en esa autonomía; por otro, Moncloa aceptó devolver al País Vasco parte del Cupo que había abonado en años anteriores. El resultado era el siguiente: el Cupo a pagar por el País Vasco al Estado quedaba fijado en 1.300 millones al año, 250 menos que hasta entonces; y además, el Gobierno se prometió a devolver a las arcas vascas más de mil millones por «regularizaciones» de años anteriores.
La ventajosa revisión del Cupo fue ratificada por el Congreso a finales de ese 2017. El PSOE unió sus votos a los del PP en este particular. Cs puso el grito en el cielo y votó en contra. Al frente del PSOE estaba de nuevo Pedro Sánchez, que había vuelto a tomar las riendas del partido unos meses antes tras vencer en las primarias a Susana Díaz.
Entre los presidentes autonómicos del PSOE cundieron las quejas. Afearon a Sánchez que se hubiera sumado sin condiciones a ese privilegiado acuerdo de financiación para el País Vasco al dictado del PNV. Le reprocharon que no hubiera exigido, a la par, la revisión al alza del sistema de financiación autonómica del que dependen las comunidades del régimen común, que son todas excepto el País Vasco y Navarra, las dos únicas con hacienda foral.
Pedro Sánchez ignoró las críticas de sus propios y votó a favor de las pretensiones del PNV a las que Rajoy había dado luz verde. El líder socialista entendió que le salía a cuenta: en ese momento su partido ya compartía el Gobierno vasco con el PNV; y, en clave nacional, Sánchez veía a los nacionalistas como potenciales aliados para desalojar al PP de La Moncloa. Así fue solo unos meses después.
El PNV abandonó al PP
Tras aquel ventajoso acuerdo del Cupo, promulgado por ley el 28 de diciembre de 2017, el PNV pidió más a Rajoy: el Gobierno del PP tenía que aprobar los presupuestos del Estado de 2018 y necesitaba sus votos. De nuevo contrapartidas económicas. Este último acuerdo entre Rajoy y el PNV se hizo efectivo en mayo y así logró aprobar los presupuestos del Estado. Pero, solo siete días después, logradas esas concesiones, el PNV abandonó al PP y dio sus votos a Sánchez para la moción de censura.
Sánchez pasaba a tener en su mano el pago efectivo de los tratos que el PNV había pactado con Rajoy. Y no ha dudado en convertirse en diligente cumplidor, lo que le ha permitido reforzar sus alianzas con los nacionalistas para mantener el poder. Aquellas cesiones que el PNV arrancó al PP le han servido a Sánchez para regar sus acuerdos de Gobierno, los que ha ido tejiendo con la amalgama de fuerzas que le sostienen en el poder, incluidos los herederos políticos de ETA, el independentismo radical de Bildu. De esos más de 1.100 millones de euros extra que el País Vasco ha recibido del Estado entre 2018 y 2021, los primeros 185,16 los transfi
rió el Gobierno seis meses después de llegar a Moncloa. En 2019 y 2020 hizo dos pagos por idéntico importe. Y en 2021 disparó el abono hasta los 555,49 millones de euros. Mientras, la revisión del sistema de financiación autonómica del que dependen las comunidades del régimen común sigue aparcado.
Cuando Sánchez lideraba la oposición al Gobierno de Rajoy consideraba imprescindible y urgente actualizar el modelo de financiación autonómica.
La España relegada
En 2017 urgió reiteradamente a que se afrontara la revisión del modelo para mejorar los recursos de las quince autonomías del régimen común, que concentran el 94% de la población. De ello dependen los recursos de la sanidad pública. Pero, tras llegar al poder, Sánchez ha enterrado aquellas vehementes exigencias sobre la financiación autonómica. Mientras ha cumplido con generosidad los privilegiados acuerdos económicos arrancados por el nacionalismo vasco, ha mantenido congelado el asunto para las autonomías en las que viven 94 de cada 100 españoles, varias de ellas gobernadas por ‘barones’ socialistas resignados con la estrategia de su jefe. Eso sí, en la práctica, no todas las autonomías del régimen común disfrutan del mismo trato económico por parte del Estado. Cataluña ha encontrado su particular mecanismo para mejorar los recursos que otorga el modelo general de financiación autonómica. Lo ha hecho gracias a los privilegiados préstamos que recibe del Gobierno central. Como dinero prestado que es, en teoría hay que devolverlo. Pero la Generalitat, cuando le toca reintegrarlos, los salda con nuevos préstamos estatales. Así que, en realidad, se trata de una financiación extra.
La excepción catalana
Esos ventajosos préstamos se conceden mediante los denominados Mecanismos Extraordinarios de Financiación, conocidos popularmente por el que ha sido su instrumento estrella, el FLA, siglas del Fondo de Liquidez Autonómica que activó Rajoy para socorrer a las autonomías en lo peor de la crisis económica de 2008. Concebido como un mecanismo pasajero, ha acabado convirtiéndose en permanente.
En cuatro años y medio, desde 2018 hasta la fecha, Cataluña ha recibido por esta vía algo más de 54.000 millones de euros, según los últimos datos oficiales facilitados por el Ministerio de Hacienda. La Comunidad de Madrid, en estos mismos cuatro años y medio, ni un euro: a diferencia de las arcas públicas catalanas, con un endeudamiento desbocado, la solvencia de las madrileñas les permiten financiarse autónomamente en los mercados.