El Gobierno andaluz ficha al abogado del PP en el caso ERE
García Navarro, letrado de la acusación, asume la Secretaría de Infraestructuras y Regeneración en Justicia La Junta recupera a seis altos cargos nombrados por consejeros de Ciudadanos en la anterior legislatura
El nombramiento de García Navarro representa un reconocimiento a su labor incansable como abogado de la acusación
El Gobierno andaluz sitúa en un puesto estratégico de la Consejería de Justicia a Luis García Navarro, hasta ahora abogado del PP andaluz en las macrocausas de corrupción que llevan marcando la vida política más de una década en la comunidad autónoma y que afectan a ex altos cargos socialistas, como son los ERE, Mercasevilla, el fraude de los cursos de formación, Isofotón o los pagos en clubes de alterne con tarjetas de crédito de la fundación de empleo de la Junta, la extinta Faffe.
García Navarro (Puebla de los Infantes, Sevilla, 1966) deja el ejercicio de la abogacía para regresar a la política asumiendo la Secretaría General de Infraestructuras Judiciales, Modernización Digital y Regeneración de la
Junta, áreas que dependían de una dirección general en la anterior legislatura. Su nombramiento es uno de los más relevantes dentro de la nueva tanda de 58 designaciones que aprobó ayer un Consejo de Gobierno extraordinario celebrado de manera telemática. En su nueva singladura tras la mayoría absoluta conseguida por el PP en las elecciones autonómicas del 19 de junio, el Ejecutivo que preside Juanma Moreno recupera a algunos antiguos altos cargos bajo el mando de los consejeros de Ciudadanos en el pasado gobierno compartido.
Desde este nuevo puesto en el organigrama de la consejería que dirige José Antonio Nieto, con rango de viceconsejería, el letrado que ejercía la acusación popular del PP en las macrocausas tendrá entre sus cometidos hacer realidad la Ciudad de la Justicia de Sevilla en el campus de Palmas Altas, adquirido a la compañía Abengoa de la mano del exvicepresidente andaluz Juan Marín. También se encargará de impulsar la construcción de las nuevas sedes judiciales proyectadas en Jaén o Cádiz, así como de dar el salto definitivo hacia la digitalización de la Justicia y de extender las herramientas telemáticas para agilizar los procedimientos.
García Navarro asume el cargo precedido de una cimentada fama de jurista solvente. Ha desempeñado un papel decisivo como acusación en procesos como el de los ERE, a menudo marcando el camino para abrir nuevas vías de investigación en los sumarios de corrupción que han acaparado los focos mediáticos. La reciente condena del Tribunal Supremo a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán confirma el relato más demoledor para el PSOE sobre el caso ERE, que era el que mantuvieron los jueces Mercedes Alaya y Álvaro Martín, la Sección Primera
de la Audiencia de Sevilla, la Fiscalía Anticorrupción y también García Navarro. Ya en 2013 este letrado apuntó en ABC que ‘la X’ de los ERE era todo el Consejo de Gobierno andaluz.
Su entrada en el Gobierno de Juanma Moreno representa un reconocimiento a su labor incansable como letrado acusador en las citadas causas. Además, coincide con la marcha de Carlos Rodríguez Sierra. El que fuera abogado defensor del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero en distintas piezas del caso ERE ha dirigido la Oficina Fiscal y Judicial en la macroconsejería de Juan Marín. Su departamento desaparece del Ejecutivo.
García Navarro es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, en la especialidad de Derecho Público. Tiene formación especializada en inversiones públicas, control y fiscalización del gasto público y dirección de personal. Es letrado en ejercicio desde el año 1993 y socio del despacho de Abogados García Navarro & Fuster Asociados SLP. Entre 1996 y 2007 fue vocal no judicial de la Junta Electoral Provincial por el turno de reconocido prestigio. Ha sido consejero en la asamblea general de Caja de Ahorros San Fernando de Sevilla y Jerez, miembro
del consejo de administración de Cajasol, y secretario adjunto del consejo de administración de la Agencia Pública Empresarial de la RTVA. Concejal del Ayuntamiento de Peñaflor (1991-1999) y de Alcalá de Guadaíra (2003-2008), también ha sido diputado provincial de la Diputación de Sevilla (2003-2008).
Durante más de doce años, García Navarro ha dirigido la estrategia judicial del PP en las macrocausas. La dirección regional del partido tendrá que afrontar ahora su recambio si opta por mantener la acusación en casi un centenar de investigaciones separadas sobre ayudas irregulares que se están instruyendo aún en el caso ERE y en el resto de causas. Por lo pronto, en septiembre comenzará el juicio contra Juan Francisco Trujillo Blanco, antiguo chófer de Guerrero.
Cargos de Ciudadanos
El Gobierno de Moreno repesca a seis altos cargos vinculados a consejerías que estaban en poder de Ciudadanos. Son los casos de José Agustin González Romo, que pasa de la Secretaría General de Empleo a la Dirección de Consumo –adscrita a la Consejería de Salud–; Pablo Cortés Achedad, nuevo secretario general de Investigación e Innovación y antes subordinado del consejero Rogelio Velasco, y José María Arrabal, que continúa como secretario general para el Deporte. Antonio Morillas sigue como secretario general técnico de la Consejería de Justicia, al igual que Francisco Ontiveros como director general de Justicia Juvenil y Cooperación. La jugadora de baloncesto Isabel Sánchez estará al frente de la Dirección General de Eventos e Instituciones Deportivas.
Los nuevos consejeros también fichan a antiguos parlamentarios andaluces del PP: la almeriense Rosalía de los Ángeles Espinosa López, nueva secretaria general de Servicios Judiciales; la granadina Ana Vanessa García Jiménez, secretaria general de Inclusión Social, y Ramón Herrera de las Heras, que ocupa la Secretaría General de Universidades.