Quince detenidos por falsificar documentos para dar la residencia a inmigrantes chinos
En mayo de 2019, la Policía Nacional detuvo a una mujer de origen chino con documentación falsa. Ahí arrancó una investigación que, cuatro años después, ha logrado cerrar una trama que regularizaba a ciudadanos chinos en España aportando documentación falsa al proceso legal. La base de toda esta red estaba en Málaga, donde inmigrantes asentados en toda España peregrinaban para poder hacerse con los papeles que les permitían residir sin problemas en Europa.
Después de aquella primera mujer con documentación falsa, la investigación fue arrojando más casos. Permitió comprobar que numerosos ciudadanos chinos residentes en la provincia habían hecho los trámites de su regularización de situación en España a través de una gestoría en Málaga capital. Se encargaba de facilitar a sus clientes volantes de empadronamiento y altas en la Seguridad Social falsas. Con esta documentación podían presentar sus solicitudes de residencia en España.
En el caso concreto de las solicitudes de residencia por reagrupación familiar, los agentes han constatado que los solicitantes acreditaban el parentesco con sus supuestos familiares mediante actas notariales falsas que provenían de la República Popular de China. En estos documentos quedaba reflejada una simple declaración de un supuesto familiar ante un notario reseñando el parentesco.
De esta forma, la Policía Nacional explica que se ha constatado que muchos beneficiarios de esas solicitudes ni siquiera vivían en Málaga. En muchos de los casos reseñan que la persona beneficiada por este documento fraudulento sólo se desplazaba hasta Málaga cuando los trámites lo requerían.
Un lucrativo negocio
Desenredar la tela de araña ha sido complicado. Tras la ardua investigación realizada, la operación policial ha finalizado con la detención de 15 personas de nacionalidad china y española, entre los que se encuentra el presunto líder de la red. Nueve fueron arrestadas en Málaga capital, cuatro en Torremolinos, una en Madrid y otra más en León. El negocio le reportó unos réditos de casi dos millones de euros decomisados. También se han inmovilizado judicialmente una cuenta bancaria con 35.000 euros y ocho inmuebles valorados en 1,6 millones de euros.