La ‘ley Celáa’ y el aborto, las normas socialistas amenazadas si el TC no se renueva

► El Alto Tribunal debe pronunciarse sobre dos de las principales reformas del Ejecutivo

El conflicto enquistado entre el Gobierno y el PP a cuenta de la renovación pendiente tanto del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como de un tercio del Tribunal Constitucional (TC) no es ajeno a la situación política y a la agenda reformista del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Del criterio del máximo intérprete de la Carta Magna dependerá que varias de las leyes impulsadas por la coalición de PSOE y Unidas Podemos reciban un último aval o, por el contrario, queden en entredicho por el Alto Tribunal. Esto último fue lo que ocurrió, sin ir más lejos, el año pasado, cuando el TC tumbó la aplicación del estado de alarma en 2020 para el confinamiento.

De entre esas reformas destacan dos, la ‘ley Celáa’ de Educación, recurrida por el Partido Popular (PP) y Vox por considerar que atenta contra la libertad de elección de centro de los padres y porque proscribe el castellano de las aulas al no definirlo como lengua vehicular, como sí hacía la ‘ley Wert’ aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy. Y la reforma del aborto, si bien en este caso la norma recurrida es la impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero, que estableció un plazo fijo para interrumpir el embarazo, hasta la semana catorce, frente a los supuestos que contemplaba la ley de otro gobierno socialista, el de Felipe González. El actual Ejecutivo ha dado una vuelta de tuerca más a esa normativa, en el anteproyecto de ley de libertad sexual al que el Consejo de Ministros dio luz verde el pasado mayo y aún pendiente de tramitación en el Congreso, y en el que se elimina el permiso materno para las menores de 16 y 17 años que decidan abortar, un aspecto enmendado en su día por el PP.

Otra norma sobre la que debe pronunciarse el TC, esta sí ya plenamente en vigor, es la de la eutanasia, igualmente recurrida por PP y Vox. Y un cuarto asunto en litigio, más de actualidad que nunca estos días, es el de la reforma exprés del CGPJ con la que PSOE y Unidas Podemos le arrebataron la posibilidad de hacer nombramientos en la cúpula judicial aun estando en funciones, como en la actualidad. Algo que el PP también recurrió, aún con Pablo Casado como líder, por considerar que se maniataba al órgano de gobierno de los jueces.

Cambio de mayoría

Cuando, previsiblemente en septiembre, se sustituyan a cuatro de los doce magistrados del TC, el Alto Tribunal pasará de una mayoría conservadora a otra de izquierdas, a priori más propicia a resolver favorablemente sobre estos cuatro delicados asuntos. Que eso pueda estar motivando los pasos dados por La Moncloa, como en la nueva y reciente reforma exprés del CGPJ para que, aun en interinidad, pueda nombrar a los dos magistrados del TC que le corresponden (los otros dos los designa el Gobierno) es una especulación que está en el aire, pero a la que darían carta de naturaleza algunas declaraciones del propio Sánchez.

Durante el debate del estado de la nación del pasado mes de julio, y al hilo de la histórica sentencia del Tribunal Supremo de EE.UU. sobre el aborto, el presidente del Gobierno no dudó en enfatizar desde la tribuna de oradores la «amenaza» que a su juicio supone lo ocurrido al otro lado del Atlántico, a la que España, llegó a decir, «no es inmune». Dirigiéndose directamente a la bancada del Grupo Popular, les instó a retirar los recursos sobre el aborto y la eutanasia.

Unas semanas antes, en una entrevista radiofónica, se refirió a lo ocurrido en EE.UU. como el fruto «de una mayoría conservadora» en el Supremo americano impuesto, dijo, por la administración republicana de Donald Trump. «En un suspiro, por una mayoría ultraconservadora, se puede poner en solfa nada más y nada menos que el reconocimiento de las mujeres a decidir libremente cuándo son madres», concluyó el líder socialista.