El exfiscal general de México, detenido por el caso Ayotzinapa
▶ Estuvo al mando de la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Iguala en septiembre de 2014
La investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala el 26 y 27 de septiembre del 2014, crimen conocido como el caso Ayotzinapa, comienza a dar sus frutos tras ocho años. La Fiscalía General de la República (FGR) ha ordenado la inmediata detención de 26 policías de Huitzuco, seis de Iguala, uno de Cocula, once policías estatales de Guerrero y catorce miembros del grupo criminal ‘Guerreros Unidos’. Supuestamente vinculados a la desaparición de los 43 normalistas, están acusados de los cargos de delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la Administración de Justicia.
Hasta 83 órdenes de aprehensión han sido ordenadas por el juez segundo de Procesos Penales Federales de Toluca, en el Estado de México, que implica a mandos militares y personal de tropa de los batallones 27 y 41 de Iguala (estado de Guerrero), donde sucedió la desgracia. No obstante, uno de los arrestos destaca entre los demás. Entre los detenidos se encuentra Jesús Murillo Karam, ex fiscal general de la República. Su captura tuvo lugar un día después de la presentación del informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, perteneciente a la Secretaría de Gobernación, en el que se consideraba que la desaparición de los 43 jóvenes de la Escuela Rural Isidro Burgos constituyó «un crimen de Estado» que involucró a autoridades federales, locales y miembros del crimen organizado. Este documento destaca que la tragedia podría haber sido evitada por el Ejército.
Murillo quien fuera el titular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), dependiente del Gobierno
federal, durante la anterior legislatura de Enrique Peña Nieto (20122018) fue apresado en su casa de Las Lomas de Chapultepec, en Ciudad de México, sin oponer resistencia. En el momento de las desapariciones, el ex fiscal era el encargado de la investigación del caso Ayotzinapa, pero el Gobierno de Peña Nieto le acabó trasladando a la Secretaría de Desarrollo Agrario. Anteriormente ostentó el cargo de gobernador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el estado de Hidalgo y llegó a subsecretario de Seguridad.
Con su detención, se convierte en el primer cargo político de alto nivel que acabará en el banquillo por este caso, en el que la Fiscalía le acusa, además, de contrataciones ilícitas de equipos de espionaje y aeronaves. Su partido, sin embargo, califica la detención como «un tema político, más que de justicia» acusando al Gobierno de «ejercer acciones selectivas más que de intentar dar con los responsables materiales de los hechos».
Caso polémico
La versión oficial del anterior Gobierno, el de Enrique Peña Nieto, establecía una supuesta resolución del caso conocida como «la verdad histórica» en la que, según las autoridades, policías corruptos entregaron a los estudiantes al cártel ‘Guerreros Unidos’ que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró algunos restos al río San Juan. Pero, el actual Gobierno de López Obrador desmintió esa visión manteniendo que los cuerpos no fueron quemados en ese lugar. Presionados por las familias y la opinión pública se construyó una versión de los hechos que no fue corroborada por investigadores independientes llegados a México.
Esta última, destacó como el exfiscal habría visitado el basurero antes incluso de que lo hicieran los peritos. El propio político se desdijo de sus palabras afirmando que quizá asesinaron allí a una parte de las víctimas mientras la versión del río era tildada de montaje. No sería la única polémica en las que se vio implicado el fiscal. Durante una rueda de prensa celebrada en el trascurso de la investigación, ante la insistencia de los periodistas por conocer detalles de la tragedia, Murillo Karam contestó un «ya me cansé», que se acabaría convirtiendo en lema de las protestas contra el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
En cuanto a las reacciones, el viernes pasado, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se negó a dar el caso por cerrado. «Desde luego el caso no está cerrado, ayer se dio a conocer el informe de la comisión y la Fiscalía va a seguir actuando, está procediendo, y también va a corresponder a los jueces y al Poder Judicial la impartición de la Justicia», manifestó en su rueda de prensa matutina, realizada este viernes en Tijuana.