El rastro clínico del aborto de una mujer desaparecerá a los 5 años
► Los sanitarios objetores deberán inscribirse en un registro o enfrentarse a una inhabilitación de hasta dos años ► El anteproyecto que vuelve el martes a La Moncloa mete al Defensor del Pueblo como garante frente a irregularidades
Un Gobierno de coalición va a aprobar la tercera reforma de la ley del Aborto en doce años, desde que en 2010 el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero sustituyese una ley de supuestos –la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio– por otra de plazos y en 2015 el de Rajoy Brey modificase el apartado relativo a las menores de edad. Fue el momento en el que se hizo obligatoria la autorización parental para abortar entre los 16 y los 18 años. Las premisas de las que parte el nuevo texto legislativo sobre el aborto en España son: las menores de 16 y 17 años «deciden libremente sobre su maternidad» y las personas con discapacidad «tienen derecho a decidir el número de hijos que quieren tener». También suprime cualquier plazo que no sea el de las primeras catorce semanas de gestación para poner fin a la misma.
Pese a la intención inicial del Ministerio de Igualdad, no se trata de una ley nueva. La ‘ley Aído’ de 2010 (Ley Orgánica 2/2020, de 3 de marzo) se «modifica» con otra Ley Orgánica y se «adapta» a la realidad, doce años después: el anteproyecto, al que ha tenido acceso ABC , y que llega previsiblemente este martes en segunda vuelta al Consejo de Ministros, acaba con dos elementos que, a juicio de la ministra Irene Montero, frenaban el ejercicio del «derecho al aborto libre, gratuito y universal» de las mujeres en nuestro país. A saber, el periodo de reflexión de tres días y el sobre informativo que se daba a la mujer encinta para que se reafirmase en su decisión, ofreciéndole ayudas a la maternidad antes de interrumpir su embarazo. Con la reforma, será la mujer quien pida ese sobre de manera voluntaria si así lo considera.
Contar con el feminismo
El texto recoge como imprescindible que el Estado «cuente con la participación de las organizaciones feministas» en toda decisión que ataña a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas trans con capacidad de gestar; además de poner «el enfoque de género» en las medidas que implementa, como el reparto de anticonceptivos en cárceles y colegios. La «anticoncepción tiene que plantearse con corresponsabilidad mediante la eliminación de roles sexistas», señala. En una disposición adicional, se «garantiza la financiación pública de los anticonceptivos hormonales, incluidos los métodos reversibles de larga duración».
Confidencialidad
En el texto final del anteproyecto figura, como novedad, la protección de los datos de las mujeres que aborten. Se modifica el artículo 23 de la anterior norma y se añade una cuestión llamativa: se destruirá el rastro informativo que deja un aborto. Los datos de la paciente que tenga el centro que haya interrumpido su embarazo desaparecerán a los cinco años desde la fecha de alta. Su historia clínica no se conservará, solo la documentación esencial.
Sanidad y educación pública
La norma incorpora una batería de preceptos para «reconocer nuevos derechos» –dice–, como «el de la salud menstrual»; y pretende poner fin a «los obstáculos a los que se han enfrentado las mujeres» en el acceso al aborto en la última década. De acuerdo con el redactado, esas trabas remiten a que «la inmensa mayoría de las interrupciones se acaban produciendo en centros extrahospitalarios de carácter privado», aunque reconoce que en una década esa situación se ha recortado en casi diez puntos porcentuales (de un 88,55% en 2010 al 78,04% en 2020). «Estamos muy lejos de que se pueda garantizar el grueso de abortos en centros de titularidad pública», se expone en la norma, al tiempo que pone el acento en que en cuatro autonomías (que son Castilla-La Mancha, Madrid, Extremadura y Murcia) no se registra un solo aborto en dichos centros. Por ello, el ‘leitmotiv’ es que los hospitales públicos garanticen el aborto a una mujer o la deriven a un centro concertado, reducir la disparidad territorial y elaborar un informe anual por región y provincia.
Por otro lado, Igualdad pide a Educación que la educación afectivo-sexual se contemple en todas las etapas de la enseñanza (no regula el acceso a la pornografía, como en principio se quiso); y se combatan los estereotipos sobre la menstruación desde muy jóvenes. Además, se articulará una Estrategia de Salud Reproductiva para los próximos cinco años, renovables por otros cinco.
Objetores por escrito
Había «necesidades de regulación específicas», apunta el anteproyecto, siendo una de ellas la objeción de conciencia del ginecólogo que no quiera efectuar un aborto: su negativa «se mantendrá en la red pública y privada, la pondrá por escrito y con antelación» a la aplicación de la norma. Si no lo hacen, enfrentarán multas de inhabilitación que van de seis meses a dos años. Habrá un registro autonómico con sus nombres; y en cada hospital se facilitará su reemplazo por otro profesional.
Vigilancia y residencia
Tal y como publicó ABC el pasado mayo, la ley asume la participación de la Alta Inspección del Estado para vigilar que se están practicando abortos en todos los hospitales públicos, o su derivación a centros acreditados en las 50 provincias; e introduce al Defensor del Pueblo y las defensorías autonómicas y locales para que la ciudadana que vea vulnerados sus derechos sexuales y reproductivos pueda denunciar una actuación irregular en esta materia. La ley resuelve otro tema que había generado controversia: se aplicará a todos los residentes en España, con independencia de si su residencia es legal o no.
Igualdad calcula que el 1% de las mujeres en edad fértil y con trabajo pedirán la baja por regla incapacitante, unas 60.000
Baja por regla dolorosa
Junto a ese asunto, que suscitó la petición de reformar la ley de Extranjería, el primer paso de esta reforma por La Moncloa estuvo marcado por días de debate entre ministerios (un claro desacuerdo entre Economía, Hacienda e Igualdad) por la introducción de la incapacidad laboral temporal por reglas incapacitantes, permiso que finalmente sí se agrega en el último texto y que asumirá el Ministerio de Seguridad Social. Igualdad calcula que un 1% de las mujeres de 16 a 50 años y con trabajo se acogerán a la baja, unas 60.000.
El mismo enfrentamiento se repitió con el gravamen de los productos de higiene femenina, que no incorpora el anteproyecto, a la espera, como se consensuó entre las dos alas de la coalición la pasada primavera, de aplicar esa rebaja del IVA con cargo a los próximos Presupuestos Generales del Estado.
Un teléfono del aborto
Otra de las iniciativas novedosas que aparecen en las 32 páginas del anteproyecto es la necesidad de habilitar una línea de atención telefónica que dé respuesta a todas las preguntas que provoca la posible interrupción voluntaria de una gestación y facilite el acceso a la información disponible. Según fuentes de Igualdad, todavía no hay un número asociado (un 019, por ejemplo).
Límites a la subrogación
Para terminar, Igualdad no logró convencer a Justicia para perseguir (criminalmente) la gestación subrogada, como especificó en el primer borrador, así que en el texto consensuado en el Gobierno se elimina ese apriorismo y determina que «es una vulneración grave de los derechos reproductivos» e insta al país a tipificarla como «una forma grave de violencia reproductiva» contra las mujeres. Al no poder ilegalizarlo, se conforma con redactar que «se refuerza su ilegalidad mediante la prohibición de las agencias de intermediación» que actúan de enlace entre quienes no pueden concebir hijos biológicos y la gestante contratada que renuncia a la filiación materna.