La guerra al piso turístico en Santiago anula más de 40.000 reservas en un mes
► El Gobierno de la capital gallega impone multas de hasta 15.000 euros a los propietarios, que critican el «acoso»
La ofensiva del Ayuntamiento de Santiago contra las viviendas turísticas ya se ha cobrado sus primeras víctimas colaterales: más de 40.000 reservas canceladas en un mes, a golpe de 3.000 al día. No son cifras menores teniendo en cuenta que la ciudad se encuentra en plena celebración del Año Santo y que julio y agosto son los meses de mayor trasiego de turistas, con todas las derivadas económicas que estas visitas tienen para la ciudad monumental. Pero la recepción de multas de hasta 15.000 euros y la personación de agentes de la Policía Local en algunos de estos pisos han sido suficiente amenaza para que los cerca de 900 propietarios de Viviendas de Uso Turístico (VUT) en la capital gallega hayan cerrado las puertas de sus negocios de forma repentina y sin fecha de reapertura. Eso sí, advierten, la pelea ante lo que consideran un «abuso» por parte del Ayuntamiento sigue en los tribunales y también a pie de calle, donde cuentan con el apoyo de los comerciantes.
El Gobierno municipal, liderado por el socialista Xosé Sánchez Bugallo, se abraza a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que en un caso particular indica que es precisa la obtención de licencia municipal para operar como VUT. Pero los propietarios recuerdan que el decreto que ordena este modelo de alojamiento depende de la Xunta e indica que «solo es precisa una inscripción en el registro autonómico», con la que la mayoría cuentan. Este es la clave de una guerra con dos bandos bien diferenciados que está causando estragos en la capital xacobea, un año más a punto de batir cifras de visitantes.
No hay más licencias
El problema ahora, manifiestan los dueños de pisos turísticos, es que el Ayuntamiento se niega a conceder nuevas licencias (solo 36 pisos la tienen) y son los propietarios los que están teniendo que hacerse cargo de los gastos derivados de la cancelación de las reservas que tenían contratadas para el verano, en muchos casos con meses de antelación.
La cuestión es simple. Si anulan la reserva y la plataforma a través de la que se gestionó no encuentra un alojamiento similar, el dueño debe poner de su bolsillo la diferencia de precio con la opción habitacional que se le proponga al cliente. Lo explica la portavoz de Aviturga, Dulcinea Aguín, para quien «Santiago no tiene capacidad para absorber todas estas reservas, lo que daña la imagen de Galicia entre unos viajeros a los que les amargan las vacaciones». «Plataformas como Booking te dan la opción de cancelar la reserva por impedimento legal. Ellos intentan recolocar al cliente al mismo precio, pero si es mayor lo tenemos que abonar nosotros» expone. Este está siendo para muchos dueños el día a día desde el inicio de la guerra con el concello.
«Desesperados y muy nerviosos», los propietarios trasladaron su malestar al Gobierno local por cómo están gestionando el asunto –que explotó en pleno verano– en una reunión el pasado mes en la que estuvieron presentes el alcalde de la ciudad y la responsable de Urbanismo. Pero no hubo acuerdos, ni siquiera acercamiento. Raxoi se limita a apuntar que los propietarios llevan tiempo siendo advertidos por carta de que su actividad «es ilegal» y que «exigir esa licencia es un derecho constitucional para cualquier municipio». Además, indican que la Xunta «ya determina en su propio decreto de 2017 de Turismo de Galicia que los que hacen la declaración responsable tienen que tener toda la documentación completa y entre ella está la licencia municipal».
Consultados por ABC sobre esta cuestión, desde el Ejecutivo gallego manifiestan que «el conflicto actual se da entre los propietarios y el Gobierno municipal, que es el que tiene potestad para no permitir las viviendas de uso turístico como responsable en materia de ordenación urbanística». Pero la respuesta no satisface a un sector que opera en toda la Comunidad (hay más de 13.000 registradas) y que solo encuentra trabas en la capital. Entre tanto, y mientras los cierres se suceden, a pocos pasos de la catedral el ayuntamiento trabaja en una modificación del plan general de ordenación municipal que se dará a conocer a principios de septiembre. Entre los cambios que Raxoi plantea para regular este negocio está la prohibición de VUT en la zona monumental y su limitación a bajos y primeros pisos en el Ensanche. La propuesta, asumen los propietarios, «es un corta y pega que igual en otros lugares funciona, pero que aquí es un disparate». «¿Qué pasará si un fondo de inversión se empieza a hacer con estos bajos? Pues que la ciudadanía va a pasear por una ciudad sin escaparates» censuran con amargura.
Lejos de resignarse, los dueños de VUT han recogido firmas de apoyo e incluso han requerido la intermediación de la Defensora del Pueblo. Esta aceptó la queja y ha solicitado al concello «que en un plazo de 15 días les facilite toda la información». Sin un modelo de ciudad claro, el Ayuntamiento compostelano insiste en que quiere evitar que el casco viejo, Patrimonio de la Humanidad, se convierta en un decorado, y que la esencia es devolver a los vecinos a las calles empedradas. Sostienen que parte importante del problema habitacional que atraviesa la ciudad, y que está expulsando a familias y estudiantes, radica en la proliferación del uso turístico.
Pero el plan de Raxoi no acaba de recabar el consenso necesario en una ciudad tradicionalmente turística. Es incapaz de encontrar el equilibrio ante un fenómeno al alza, que reivindica su espacio, y su propia esencia.