La trampa de la convalidación
Sánchez impone el poder del Ejecutivo haciendo trampas en el Congreso
HAY 18 proyectos de ley tramitándose en el Congreso cuyo origen está en un real decreto ley del Gobierno de Pedro Sánchez, según el cuadro de iniciativas legislativas en plazo de enmiendas actualizado a fecha 1 de julio. El más antiguo es uno sobre vivienda de septiembre de 2020. Pero inmediatamente después hay un bloque de cuatro proyectos sobre medidas urgentes relacionadas con el Covid y el Brexit que duermen en los cajones de sus comisiones desde febrero de 2021. Entre ellos está el famoso proyecto de ley para la modernización de la Administración Pública y la ejecución de los fondos europeos que nace del apoyo que Vox le dio ‘in extremis’ a Sánchez a cambio de la convalidación del real decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
Como la ley no avanza, la norma que nos rige es el decreto convalidado donde se relajaban ciertas exigencias y el Gobierno se arrogaba para sí la gestión de los fondos europeos. Es muy probable que se acabe la legislatura y ese proyecto no sea aprobado, como ingenuamente creyeron los de Vox. Por lo tanto, Sánchez gestionará a su gusto y conveniencia sin que nadie le tosa. Y cuando se acabe la legislatura, los proyectos decaerán, pero el RDL seguirá siendo ley y el Gobierno que le suceda podrá seguir aplicándolo. Un verdadero autopase de un Ejecutivo a otro que hurta la posibilidad de que el Parlamento mejore la norma.
Lo mismo sucede con los otros 17 proyectos en curso. Como nunca habíamos tenido un Gobierno que recurriera con tanta fruición al real decreto ley en esta etapa democrática para acuñar sus deseos, esto no era un factor de descomposición institucional. Sánchez dirá que ha vivido tiempos excepcionales (pandemia, Brexit, guerra...), pero eso es como sostener que la democracia parlamentaria, por lenta, es ineficiente.
Paradójicamente, también hay un proyecto de ley en el Congreso que procede de un decreto ley que no es de Sánchez. Se trata de una iniciativa del Senado para modificar la ley de Enjuiciamiento Criminal que dictó el ministro Alonso Martínez en un RDL durante el Gobierno de Sagasta en 1882.