Hacienda saca 120 millones de un gran rastreo fiscal a no residentes
▶ Obtiene los primeros resultados tras completar un registro con datos de 1,9 millones de contribuyentes con residencia fiscal en otros países ▶ España intercambia información con más de un centenar de jurisdicciones
Hacienda ha utilizado esos datos para regularizar declaraciones tributarias incompletas y elaborar perfiles de riesgo fiscal
Los tentáculos de Hacienda llegan cada vez más lejos y ya tienen bajo control la actividad de 1.907.649 contribuyentes con residencia fiscal fuera de España, según ha revelado la Agencia Tributaria en un informe remitido a Bruselas al que ha tenido acceso ABC.
El informe ha sido elaborado por la Dirección de Planificación y Relaciones Institucionales de la Agencia Tributaria, en el marco de los objetivos a cumplir por España para recibir los fondos del Mecanismo Europeo de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y su objetivo es acreditar la capacidad de la Administración Tributaria española para sacar partido a la información recibida a través de los diferentes acuerdos de intercambio de información puestos en marcha en los últimos años, al calor de la creciente preocupación de las autoridades de todo el mundo por las estrategias para eludir el pago de impuestos.
La Comisión Europea impuso este objetivo a España (y a otros países) en su cruzada para reducir el agujero de más de 825.000 millones de euros en ingresos fiscales que, según sus cálculos, las administraciones tributarias de la Unión Europea pierden cada año por su incapacidad para controlar las operaciones con trascendencia fiscal local que se producen fuera de su territorio. Bruselas pidió en concreto al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para identificar al menos al 85% de los contribuyentes de los que ha recibido algún tipo de dato fiscal por parte de administraciones de otros países. El informe revela que ya se ha identificado al 90%.
La información depurada sobre esos cerca de dos millones de contribuyentes le ha servido a Hacienda para afrontar una primera gran batida sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de personas no residentes en España, cuyo resultado, según la información remitida por el Gobierno a Bruselas, ha sido la apertura de 774 investigaciones fiscales y la obtención de 123 millones de euros en ingresos fiscales no declarados.
Otra fuente de información
La puerta para aflorar esos nuevos ingresos fiscales, históricamente ocultos para el Fisco por la desconfianza entre administraciones tributarias a la hora de compartir sus datos fiscales por el miedo a perder recaudación, se ha abierto de forma bastante reciente, al compás de la nueva era de intercambio de información abierta en su día por la Administración Obama con el sistema Fatca.
Fatca obligó a las entidades financieras de todo el mundo a identificar ante la administración estadounidense a los ciudadanos o residentes en Estados Unidos con dinero, cuentas o fondos en cada entidad y a proporcionar información sobre sus posiciones en estas.
La iniciativa de Estados Unidos aceleró la implantación de modelos de intercambio de información tanto en la OCDE (CRS) como en la Unión Europea (DAC) y se ha traducido en un incremento exponencial de los flujos de datos fiscales que llegan a las administraciones tributarias de todo el mundo sobre los bienes en el extranjero de contribuyentes locales o de bienes en el país de contribuyentes extranjeros.
Fuentes de la lucha contra el fraude fiscal aseguran que hasta hace unos años esa información solo se podía conseguir por golpes de suerte o filtraciones interesadas de información con trascendencia fiscal, como ocurrió con las cuentas de Luxemburgo o los papeles de Panamá.
La cosa empezó a cambiar en España con el célebre modelo 720, que obligó a los contribuyentes españoles a revelar sus bienes en el extranjero so pena de la imposición de multas estratosféricas por ocultar información –ahora declaradas ilegales por la Justicia europea – y también con los acuerdos de intercambio de información. En 2017 España disponía de acuerdos de intercambio de información fiscal en el marco de la OCDE con 49 jurisdicciones, en 2021 esa cifra ascendía ya a 108 jurisdicciones.
Detectar otros fraudes
Los nuevos flujos de información obtenidos por estos canales, que la Agencia Tributaria empezó a explotar de forma aún incipiente en el año 2018, han animado a la Hacienda española a sistematizar la explotación de esta información con el objetivo de elaborar perfiles de riesgo y realizar actuaciones concretas contra potenciales incumplimientos por parte de no residentes, bien por desconocimiento de sus obligaciones fiscales bien por estrategias intencionadas de elusión fiscal.
El Plan de Recuperación no hizo otra cosa que acelerar ese proceso. El objetivo número 383 del componente 27 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España recogía el compromiso del Gobierno de identificar al menos el 85% de los más de dos millones de registros de contribuyentes que la Agencia Tributaria admite haber recibido en los últimos años gracias a los diferentes acuerdos de intercambio de información rubricados en este periodo.
«En los últimos años, el rápido desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación ha facilitado que los contribuyentes de un Estado sean titulares de inversiones en jurisdicciones distintas de aquella en la que tienen su residencia fiscal. La práctica ha demostrado que este fenómeno puede servir como herramienta para la evasión fiscal, compartiendo muchos estados un fuerte interés en establecer mecanismos comunes que les permitan mantener la integridad de sus sistemas tributarios», explica la Agencia Tributaria en el informe remitido a Bruselas.
Lo que ha hecho la Agencia, básicamente, es depurar los más de dos millones de registros recibidos, cruzar esa información con la disponible en sus propias bases de datos y de ese modo identificar a contribuyentes que no tenía controlados o completar la información sobre aquellos que sí figuraban en sus registros pero sobre los que no disponían de una información completa.
Esa tarea de zapa le ha permitido a la administración tributaria, por un lado, «confeccionar de parte del contribuyente una declaración completa de todas sus rentas» y, por otro, «regularizar aquellos datos que se hayan podido omitir». Y no solo eso, Hacienda también ha aprovechado esa información para afinar perfiles de riesgo a partir de las incoherencias detectadas en las declaraciones de Renta y Patrimonio de los contribuyentes no residentes registrados.