NI PARA LOS SECRETOS DE ESTADO

Abrir la puerta a la intervención de determinadas comunidades autónomas es abonar el terreno a futuros problemas bien previsibles de espionaje político

EDITORIALES

LOS primeros pasos políticos de la futura Ley de Información Clasificada, aprobada como anteproyecto por el Consejo de Ministros, son un resumen de los rasgos más distintivos del actual Gobierno. En primer lugar, su anteproyecto lo ha elaborado el Ministerio de la Presidencia, dirigido por Félix Bolaños, sin contar con la opinión previa del principal partido de la oposición, el PP, a pesar de la trascendencia del texto y de que es el único partido con opción de gobernar, al margen del PSOE. Esta manera de legislar como si el PP no existiera es absurda, porque niega la realidad política del país y la composición del Parlamento; e irresponsable, porque priva al régimen legal de los secretos oficiales, auténtico asunto de Estado, de un consenso sólido y duradero. Por otro lado, esta reforma legislativa ha servido para rebajar aún más la posición política de la ministra de Defensa, Margarita Robles, cuyo departamento era el responsable en materia de secretos oficiales. El texto aprobado por el Consejo de Ministros prevé crear una ‘autoridad nacional para la protección de la información clasificada’, que será ejercida por el Ministerio de la Presidencia, es decir, por Bolaños, extrañamente premiado por Sánchez con una acumulación de poder que no se corresponde con los resultados de su gestión. En todo caso, Margarita Robles se anota otro tanto en contra en su trayectoria más reciente, sumando esta pérdida de influencia a otros reveses no menos sonados.

Fuera del ámbito de las relaciones con la oposición y de las tensiones internas del Gobierno, el texto que llegará al Parlamento prevé la intervención de las comunidades autónomas al hilo de la redenominación de la información clasificada en cuatro categorías: alto secreto, secreto, confidencial y restringida. La nueva ley entregará a las comunidades con competencias en materia de policía el control para clasificar una información como confidencial o restringida. Esto supone algo que puede llegar a ser preocupante: que estos gobiernos autonómicos tengan ‘secretos oficiales’ a conveniencia, pese a que la existencia de este tipo de información siempre ha estado vinculada con la seguridad nacional, la defensa del orden constitucional o la protección de los intereses de España en el extranjero. Que gobiernos nacionalistas con competencias policiales clasifiquen información como confidencial o restringida entraña un riesgo innecesario. Conviene no caer en el buenismo de la colaboración institucional con quienes han demostrado deslealtad con los intereses que, precisamente, esa futura ley afirma proteger. Una cosa es establecer niveles diferentes de clasificación para evitar una opacidad innecesaria con plazos distintos para su revelación –y en esto acierta el anteproyecto– y otra muy distinta es aprovechar esa diferenciación para ahondar más en una fragmentación competencial que no tiene razones legales ni de eficacia.

Toda materia relativa a información clasificada es de interés general y debería estar sometida, primero, al control administrativo del Gobierno central y de autoridades centrales directamente relacionadas con la materia secreta; y, segundo, a la decisión judicial definitiva sobre el conflicto –como los que se han dado en el pasado– que provoque el Gobierno o la autoridad central al negarse a desclasificar una materia investigada o juzgada por un tribunal. Abrir la puerta a la intervención de determinadas comunidades autónomas porque tienen competencia en materia policial es abonar el terreno a futuros problemas bien previsibles de espionaje político o de actuaciones anticonstitucionales. De todo hay registro en las hemerotecas, aunque no las consulten en La Moncloa, y aún se está a tiempo de rectificar.