EL ATAQUE A ESPAÑA QUE NO CESA
Resulta llamativo el silencio del Gobierno en defensa de las inversiones de nuestras empresas y multinacionales tras las nuevas amenazas de López Obrador desde México
LA nueva embestida del Gobierno mexicano contra intereses económicos españoles en ese país solo ha vuelto a poner de manifiesto la nefasta conjunción que representan el populismo, el anticapitalismo desfasado y el intervencionismo político. En esta ocasión, ha sido contra la eléctrica Iberdrola, que lleva invertidos más de 2.800 millones de dólares en la generación de energía en ese país. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha acusado a la empresa española de corruptelas –«han hecho negocios sucios con energías limpias»– y zanjó su ataque con la expresiva frase «los mandamos al carajo». No es nada distinto de lo que viene ocurriendo hace años con el chantaje al que someten los regímenes de extrema izquierda a las multinacionales españolas que pretenden desarrollar su negocio con éxito en todo el cono sur. No por ser las últimas, las trabas de México son las únicas. Las amenazas y presiones para obligar a empresas españolas a desinvertir de países como Venezuela o Argentina son constantes desde hace más de una década. Es lo que tiene el autoritarismo de gobiernos que no pretenden desempeñarse con las normas propias del libre mercado o la globalización y que aspiran a beneficiarse de las inversiones acaparando cualquier negocio en su territorio.
De momento, López Obrador sigue fracasando en su propósito de aprobar una reforma que nacionalice el mercado eléctrico en su país. Y para estigmatizar a España, cosa que López Obrador viene haciendo con insultos denigrantes a nuestra historia y con una manipulación sistemática del indigenismo, invoca al pueblo mexicano como escudo frente al «invasor» extranjero.
Algunas de las empresas más potentes, como Telefónica, ya hace años que deshicieron posiciones en busca de destinos más seguros, con más certidumbre jurídica, menos riesgos y más rentabilidad. López Obrador acusa a Iberdrola de incumplir el pago de una multa de 458 millones de euros impuesta en ese país por la Comisión Reguladora de Energía. Olvida el presidente mexicano que es un juez quien mantiene paralizada la sanción, pero dado el respeto de esta clase de gobiernos a la independencia judicial, lo lógico es que Obrador se exceda. Sería demasiado pedir que meditase sobre los beneficios que las multinacionales o los bancos españoles generan en el país. Días atrás ABC publicó que tanto BBVA como Santander, por ejemplo, han creado 20.000 empleos en países hispanoamericanos cuando en España han reducido sus plantillas en más de 6.000 personas. Pero al Gobierno mexicano le pueden el sectarismo, el control ideológico y el manejo de su propia corrupción a la carta. Forma parte de un acoso incesante e irracional a todo lo que representa España.
En este contexto resulta llamativo el silencio del Gobierno en defensa de nuestras empresas en clave de nación. Después de que Obrador presumiese de «mandar al carajo» a Iberdrola, la ministra de Hacienda volvió a amenazar en España a bancos y energéticas para que no repercutan sobre sus clientes el coste de los nuevos impuestos. Pero no dijo nada sobre Obrador. Contrasta con la contundente defensa que hace Macron de los intereses franceses en Argelia, por ejemplo. En cambio, el apoyo expreso mostrado en los últimos días por Pedro Sánchez a Petro en Colombia, o antes a Castillo en Perú, demuestra cierta soledad de las multinacionales. El suyo es un negocio millonario y se saben defender solas frente a intervenciones, expropiaciones o amenazas. No necesitan abogados de pleitos pobres, pero tampoco que su Gobierno se sume a los ataques. El apoyo de cada Ejecutivo a sus respectivos sectores estratégicos es algo que en España se practica poco.