Urkullu sube la presión contra Moncloa y exige que cumpla sus promesas

▶ El Gobierno no responde a las propuestas vascas y cuestiona su «viabilidad jurídica»

El Ejecutivo vasco inicia el curso político mirando de reojo el reloj. Después de que Pedro Sánchez llegara a La Moncloa gracias a los votos del PNV, el Ejecutivo vasco y el central pactaron un calendario de trasferencias que debía culminar con la cesión de la gestión de la Seguridad Social en el año 2021. La pandemia retrasó los tiempos pero mantuvo intactos los planes iniciales. El PNV ha reconocido varias veces que cree que será «más complicado» llevar a cabo los traspasos de competencias previstos si hay un cambio de Gobierno. De ahí que en el inicio del último curso político de la legislatura de Sánchez, Iñigo Urkullu haya convertido su primera comparecencia en una declaraciones: su Gobierno incrementará la presión para que Moncloa cumpla lo pactado.

«Solo pido avanzar en el autogobierno que reconoce el Estatuto de Guernica», arrancó ayer Urkullu tras el primer Consejo de Gobierno, en una rueda de prensa en la que estuvieron presentes también los consejeros socialistas. El lendakari no escatimó en adjetivos para describir su «preocupación» por los procesos abiertos en el Tribunal Constitucional contra transferencias ya pactadas, como el Ingreso Mínimo Vital, o contra leyes aprobadas por el Parlamento vasco, como la ley Antipandemia.

También mostró su descontento con el Gobierno por la actitud que está teniendo en los seis procesos de transferencia que en este momento están sobre la mesa. En concreto se refiere a las competencias de ferrocarriles de cercanías, meteorología, el fondo de protección a la cinematografía, la gestión del litoral, migración y salvamento marítimo. A principios de año el Gobierno vasco anunció que ante la «falta de iniciativa» del Gobierno central, que hasta ahora era quien abría este tipo de negociaciones, había optado por adelantarse y hacer llegar sus propuestas.

Sin embargo, este cambio de estrategia apenas ha surtido efecto. Hasta la fecha, únicamente se ha abierto un dialogo bilateral en lo que a ferrocarriles de cercanías se refiere. Lo que más ha escocido al Ejecutivo vasco no es tanto la falta de respuesta sino que, cuando el Gobierno central se ha pronunciado, lo haya hecho para cuestionar la «viabilidad jurídica» de las transferencias.

«Se pone en duda el Estatuto», criticó Urkullu que se mostró especialmente molesto con las palabras que Pedro Sánchez tuvo al respecto durante la celebración del Debate sobre el estado de la Nación. Cree que cuando el presidente cuestiona la legalidad de las peticiones vascas, está poniendo «en duda» la «adecuación constitucional» del propio Estatuto. «Me llamó la atención y es lo que denuncio como lendakari», insistió el lendakari.

En realidad el Gobierno vasco empieza el nuevo curso político como lo terminó. En una de las últimas ruedas de prensa convocadas antes del parón estival, la consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi, denunciaba públicamente en el «estancamiento» del calendario de transferencias pactado. De hecho, el último traspaso, el del Ingreso Mínimo Vital, se firmó en marzo de este año y desde entonces La Moncloa ha dado la callada por respuesta siempre que el Ejecutivo autonómico ha acudido a su puerta. Artolazabal recordaba en julio que el Estatuto es una ley orgánica de «naturaleza pactada» y que, por tanto, su cumplimiento «no es negociable».

Sin embargo, el camino que tiene por delante Urkullu no parece sencillo. A las dificultades que ya tiene para transferir competencias menores, se unirá una negociación por la gestión de los puertos y aeropuertos y el espinoso asunto de la gestión de la Seguridad Social, que aunque el socio de Gobierno, el PSE, ve con buenos ojos, genera desconfianza en algunos sectores socialistas. «Corresponde al Gobierno de España cumplir su palabra», insistió el lendakari, consciente de que el tiempo se acaba.