Sánchez traspasa la línea roja con Parot
► El Gobierno beneficia al preso de ETA más sanguinario, que dio nombre a la doctrina cuya derogación propició la excarcelación masiva de etarras y violadores
Si quedaba alguna duda de que Pedro Sánchez no contempla ningún límite a la hora de pactar con los herederos de ETA, esta semana su Gobierno se ha encargado de despejarla. Y lo ha hecho con una decisión que beneficia incluso al etarra más sanguinario en toda la historia de la banda terrorista. El mismo que asesinó a 39 personas, entre ellas media docena de niños. El mismo que fue condenado a casi 4.600 años de cárcel por semejante barbarie. Y el mismo que, lejos de arrepentirse llevando ya más de una década en la cárcel, pedía por escrito a la dirección de ETA que intensificara sus matanzas para doblegar al Estado español. Se llama Henri Parot y, gracias a Sánchez y Marlaska, ha tardado apenas un año en pasar de una cárcel de El Puerto de Santa María (Cádiz) a otra del País Vasco.
Un traslado de largo recorrido en poco tiempo para dejar a Parot y otros criminales de ETA, como Txapote (14 asesinatos), en cárceles gestionadas por el PNV, después de que el propio Gobierno central cediera al País Vasco esa competencia hace menos de un año y, con ella, la decisión sobre los beneficios penitenciarios que permiten a los etarras salir en semilibertad antes de cumplir sus penas íntegras.
Pero Parot no es un preso cualquiera. Son muchas las circunstancias que le convierten en un símbolo de la infamia terrorista y en una línea roja para las víctimas. Esa que no ha dudado en traspasar este Gobierno, demostrando así que, si hasta el peor asesino etarra se ha beneficiado ya de esa estrategia pactada con Bildu, es cuestión de tiempo que lo hagan todos y cada uno de los demás. Y con ello, muy pronto no habrá ni un sólo etarra en cárceles gestionadas por el Gobierno central, mientras los 179 que siguen con condenas pendientes en España quedarán bajo la única tutela de una administración autonómica que en los próximos años seguirá en manos de los nacionalistas del PNV y/o los proetarras de Bildu.
No es uno más
Parot no es un etarra más porque ninguno arrastra tantas víctimas, a las que asesinó en una veintena de atentados. El más sanguinario fue el que cometió a finales de 1987 contra la casa cuartel de Zaragoza, en el que mató a once personas, incluidas cinco niñas de entre 3 y 12 años. Dos de ellas, las más pequeñas, eran gemelas. Al año siguiente asesinó a un niño de 2 años en otro atentado en el barrio madrileño de Argüelles.
El historial criminal de Parot también incluye dos amas de casa, una de ellas madre de un funcionario de prisiones al que envió un paquete bomba en Granada. También dos empresarios, uno de ellos vasco y al que asesinó en Irún (Guipúzcoa) por negarse a pagar el ‘impuesto revolucionario’ a ETA.
La Justicia tampoco se ha librado de este criminal, que asesinó a una fiscal de la Audiencia Nacional y a un magistrado del Tribunal Supremo. Pero con quien más se cebó Henri Parot es con los militares, desde generales hasta simples soldados, además de civiles que trabajaban con ellos como conductores. La nómina siniestra se completa con dos agentes. De hecho, fue detenido en Sevilla en 1990 cuando conducía un vehículo cargado de explosivos para volar una Jefatura de la Policía.
Ni siquiera el paso por la cárcel ni la dispersión penitenciaria con la que está a punto de acabar el Gobierno de Sánchez sirvieron para que Parot atemperara sus ansias de matar. Prueba de ello es que la condena que le mantiene ahora en prisión no es por sus 39 asesinatos –por cada uno de los cuales ha cumplido menos de un año de cárcel–, sino por apología del terrorismo. Y es que ya llevaba más de una década entre rejas cuando en 2001 escribió una carta a la dirección de ETA desde la prisión de Córdoba, en la que se encontraba entonces, instando a cometer más crímenes para obligar al Estado a sentarse y pactar con la banda terrorista.
Parot se jactaba en esa misiva de que su peor atentado, el citado del cuartel de Zaragoza en 1987, provocó que el Gobierno español accediera poco después a negociar e incluso especulaba con la posibilidad de la fugarse utilizando un helicóptero. Cumplirá esta condena a mediados de 2029, pero ahora que ya está bajo la tutela del Gobierno vasco podría ahorrarse entre dos y tres años si éste le concede el tercer grado y la libertad condicional, como el Ejecutivo de Urkullu ha hecho ya con otros 24 etarras en menos de un año desde que asumió esta competencia.
«No podían trasladar a nadie más sanguinario», lamenta la presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce