El coordinador de bienestar contra el ‘bullying’ se improvisa sin recursos ni profesionales
▶ Sindicatos y docentes critican que los profesores deban asumir la nueva función
El ‘coordinador de bienestar’ es una de las novedades de este nuevo curso escolar que comenzará la próxima semana. La ley de protección integral a la infancia obliga a todos los centros educativos a contar con esta figura para prevenir y proteger a los estudiantes menores de edad de posibles casos de abuso y acoso en las aulas.
Cada centro escolar, ya sea público, privado o concertado, deberá tener un ‘coordinador de bienestar y protección al alumnado’. Aunque su aplicación en cada autonomía se presenta con diferentes interrogantes, según denuncian los sindicatos y los mismos docentes.
Identificarse ante los alumnos o comunicarse con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son algunas de sus funciones globales. Aun así, deja en manos de las comunidades la elección del coordinador, pudiendo ser alguien del centro o nuevo personal contratado. La realidad actual es que las autonomías apuestan por profesorado del mismo centro y con un horario muy reducido para su dedicación. «Las administraciones no quieren gastar dinero en contratar docentes con un perfil específico», explica Héctor Adsuar, secretario de Educación Pública no Universitaria de CC. OO. «Como la ley no les obliga, adjudican estas labores a un profesor en su horario lectivo». Esta es otra interrogante, el número de horas que cada comunidad va a implementar para estas funciones.
Insuficiente
Las autonomías se dividen entre no reducir el horario lectivo o, en el mejor de los casos, en pequeñas reducciones de entre una y cuatro horas semanales. «Por ahora, no están planteando recursos extras y las horas dedicadas son insuficientes para abordar un tema de tal calibre», añade Adsuar.
Algunas autonomías no plantean ninguna reducción y obligan a una sobrecarga de trabajo a los docentes, como sucederá este año en Cataluña, Navarra, País Vasco, Andalucía, Comunidad de Madrid y Cantabria. En el otro lado, Canarias reducirá la jornada laboral semanal entre dos y cuatro horas, Extremadura dos y tres, Asturias sólo con una o Castilla La Mancha y Baleares distribuirá la dedicación junto a otras funciones como digitalización.
Los sindicatos critican la «improvisación» y la «falta de recursos» para esa nueva figura. CC. OO. admite que estas funciones «no son nuevas», ya que se realizan planes similares desde hace tiempo en algunas comunidades. Por ejemplo, Castilla y León cuenta con una figura parecida desde 2007. De esta manera, algunas regiones se limitarán a adaptar sus propios planes de convivencia a la nueva ley.
Adsuar expresa que es un acierto total, aunque desconfía en su aplicación: «No se puede avanzar en la lucha contra el acoso sin inversión ni recursos».
El sindicato independiente ANPE explica que «su aplicación es muy apresurada con una gran repercusión mediática». Ramón Izquierdo, secretario estatal de acción sindical de ANPE, afirma que esta labor debería recaer sobre «un cuerpo docente ya preparado para ello», como son los profesores técnicos de servicios a la comunidad. Estos docentes pueden ser desde trabajadores sociales, psicólogos o educadores sociales . «Es el profesional ideal y el que tiene más sentido que lo lleve a cabo».
El equipo directivo elegirá entre el claustro quién asumirá esta función. Únicamente será necesario completar un curso online, en el caso de la Comunidad de Madrid de 30 horas y no tutorizado, para ser coordinador. Algunos docentes comentan a ABC que esta elección recaerá «al que le toque», porque la realidad de este tipo de coordinaciones, como el ‘coordinador Covid’, supone una carga extra de trabajo para el profesorado sin ninguna prestación económica.
Desde los sindicatos vuelven a insistir que durante el curso habrá que evaluar su utilidad: «Esta figura puede ser testimonial si se hace a coste cero a costa del profesorado. Si hay 19.000 centros se necesitan 19.000 profesionales específicos para su labor».
«No se puede avanzar en la lucha contra el acoso escolar sin inversión ni recursos», explica Héctor Adsuar de CC. OO.