Juez corrompido en la Cataluña de Pujol

OBITUARIO Lluís Pascual Estevill (1933-2022) Vocal del CGPJ a propuesta de CiU, fue condenado por el Supremo por extorsionar a empresarios a los que enviaba a prisión

Pasó de ser conocido como el «juez justiciero» o el «azote de la burguesía» a atemorizar a los empresarios catalanes, a liderar una red de corrupción judicial durante la década de los 90. El exjuez Lluís Pascual Estevill, condenado a más de nueve años de prisión por la trama de prevaricación y sobornos, falleció el pasado jueves en Barcelona a los 89 años de edad. Fue un personaje clave en la charca-oasis del pujolismo.

Pascual Estevill pasó de ser magistrado estrella, al ascender al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del que fue vocal con el apoyo del entonces presidente de la Generalitat Jordi Pujol, a ser condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). La relación de Estevill con CiU está plagada de pasajes oscuros, que bien explicarían su ascenso como vocal en 1994.

Un año antes, Estevill archivaba las diligencias abiertas contra el ex secretario general de Presidencia de la Generalitat, Lluís Prenafeta, y mano derecha del ‘president’, que había sido acusado por la Fiscalía de compatibilizar de manera ilegal su cargo en la Administración autonómica con sus negocios privados.

Solo una pincelada de quien llegó a ser calificado como «el juez de CiU», una definición que compaginaba con la de ser el azote de lo más granado de la burguesía catalana. Mantuvo también una estrecha relación con el que fuera consejero de Economía del Ejecutivo catalán de la época, Macià Alavedra, que acabó dimitiendo, salpicado por esta amistad y las sospechas de que podía haber ejercido como intermediario entre el juez y algunos directivos.

Además de extorsionar a empresarios, Estevill se valía de su poder para favorecer a la familia. En 1994, archivó una causa por estafa contra un imputado, a cambio de que su hija fuera contratada como abogada de la Banca March en Barcelona, según declaró ante el TSJC un directivo de la entidad.

No fue hasta 2005, cuando la Justicia consideró probado que el togado había mantenido en la cárcel a inculpados que se negaron a abonarle sumas astronómicas. En el mismo proceso, también fue condenado el abogado catalán Joan Piqué Vidal, quien ejerció como defensor de Jordi Pujol en el caso Banca Catalana.

El exjuez nació en 1933 en Cabacés (Tarragona) en el seno de una familia humilde, aunque consiguió licenciarse en derecho, profesión que ejerció después de intentar infructuosamente ser procurador en las Cortes franquistas primero y, ya en democracia, senador por el Centro Democrático y Social.

En 1990 logró la plaza de togado y ejerció primero en Tarrasa (Barcelona) y luego en la Ciudad Condal, donde investigó casos de corrupción que afectaban a empresarios vinculados al pujolismo y que le dieron notoriedad pública.

Así, aprovechando su posición, fue como urdió una trama delictiva de extorsión, de la mano de Piqué Vidal. El sistema ideado entre ambos era que el juez investigaba a empresarios, les hacía pasar por su juzgado y decretaba su prisión preventiva, la cual podían eludir a cambio de dinero, acuerdo que realizaba el abogado, que también fue condenado por ello a siete años de cárcel. Juntos, según avaló el Supremo, «urdieron» un «insidioso plan» para extorsionar a los empresarios a los que el primero investigaba y el segundo defendía. El mismo Estevill llegó a admitir en sede judicial haber cobrado 450.000 euros por haber dejado en libertad a dos directivos.

Los magistrados le impusieron nueve años y cinco meses de prisión, así como 15 de inhabilitación y una multa de 1,8 millones de euros por extorsión, cohecho, prevaricación y detención ilegal. Después de que el Supremo confirmase el fallo, llegó a ingresar en la cárcel, aunque cumplió la mayor parte de la pena en régimen de tercer grado que le concedió la Generalitat, es decir, solo acudía al penal barcelonés de Quatre Camins a dormir.

Esta no fue su primera condena, y es que ya contaba con dos previas. Una de seis años de inhabilitación por prevaricación continuada, de 1996, y otra a siete años de prisión por delito fiscal en 1999.