Decidamos juntos
«Las libertades individuales y colectivas están bajo mínimos tras la ola de autoritarismo y desmantelamiento del Estado de derecho que trajo la pandemia. La emergencia demográfica es tangible. La pérdida de nervio común, de aquello que nos une, tiene diversas expresiones, cada cual más preocupante: se patrocinan con dinero público la guerras de sexos, las querellas fratricidas por el pasado, el deterioro de la educación, los egoísmos autonómicos, concesiones al terrorismo…»
VIVIMOS tiempos difíciles, de cambios vertiginosos y amenazas graves a la libertad de las personas, al bienestar de las familias y a la soberanía de las naciones. Nos ha tocado uno de esos especiales momentos de la historia donde se transforman los mapas de la geopolítica, colisionan ideas e intereses, y se deshacen alianzas o se crean otras nuevas condicionando de forma decisiva el futuro de generaciones enteras. Y lo más preocupante, esas decisiones trascendentales que requiere el momento se están tomando de espaldas a los españoles.
El presidente de la República francesa anuncia «el fin de la abundancia» tras bajarse de un lujoso yate; organizaciones y líderes internacionales se comprometen con agendas mundialistas que exhiben como lema el «no tendrás nada y serás feliz»; se recuperan conceptos que suponíamos desterrados del continente como desabastecimiento, restricciones, racionamiento… Y guerra. Otra tragedia que creíamos lejana y que ahora llama a la puerta, animada por la necedad de líderes que tuvieron la peregrina idea de poner nuestra energía y nuestra prosperidad en manos de regímenes hostiles o con intereses contrapuestos a los nuestros. El globalismo que inspiró estos gravísimos errores, y que pretendía la superación de fronteras y culturas, se derrumba ante la realidad y el sentido común.
Por desgracia, los hasta hace poco principales partidos de España hicieron un seguidismo de postulados internacionales que han resultado muy perjudiciales para los ciudadanos. Y aún peor, en estos tiempos tan graves, el Gobierno de la nación se sustenta en enemigos declarados de España y de la libertad, y está presidido por alguien que parece sólo preocupado por su interés personal.
Se dibuja, en fin, un horizonte de miseria y desasosiego sin precedentes en la historia cercana. Las familias, los autónomos y las pequeñas y medianas empresas viven acosadas por la inflación, el alza de los precios de los productos básicos y la voracidad fiscal que destruye ahorros y futuros, mientras se derrochan cantidades obscenas en promoción de ideologías totalitarias, como la «woke», el género o la secta climática. Esta última es directamente responsable del frío que muchos hogares van a sufrir este invierno. Sólo políticos ebrios de ideología, o incapaces de articular un discurso propio, podían acompañar con aplausos el derribo de centrales térmicas o la deslocalización de tantas industrias. Y sólo Vox se opuso en el Congreso a las leyes que prohíben la explotación de nuestros recursos naturales y que suponen un auténtico atentado contra la economía nacional, comparable a una tiranía que incendiase jubilosa los campos de trigo mientras su pueblo pasa hambre.
Pero no hablamos sólo de la economía. Porque no hay división posible entre las cuestiones económicas y las culturales y políticas como se obstinan algunos en pretender. Porque todas las medidas nefastas para la economía española han sido tomadas con motivaciones ideológicas, cuando no simplemente corruptas. Y por desgracia todo ha sido aprobado y legitimado por aquellos que presumen de fama de buenos gestores, como si pudiera existir algún mérito en gestionar con eficacia una maquinaria suicida. Porque lo cierto es que, ante los temas de fondo, los dos partidos todavía mayoritarios se convierten en uno solo, y juntos votan tanto en el parlamento europeo como en el nacional.
Para el PSOE, la defensa de los trabajadores de sus siglas ya queda tan lejos como para el PP la defensa de los principios conservadores de sus orígenes. Ambos coinciden, por ejemplo, en una política de fronteras abiertas, camuflada como solidaridad, que ha degradado ciudades y barrios enteros, trayendo unas escenas que hasta hace poco sólo eran posibles en lugares remotos, junto a delitos aborrecibles y desconocidos en nuestro suelo como las violaciones en manada. A pesar de lo que pudiera pensarse, por la potencia desmedida de su propaganda, el Gobierno de Pedro Sánchez es el responsable de un grandísimo incremento en la inseguridad de las mujeres de España.
Las libertades individuales y colectivas están bajo mínimos tras la ola de autoritarismo y desmantelamiento del Estado de derecho que trajo la pandemia. La emergencia demográfica es tangible. La pérdida de nervio común, de aquello que nos une, tiene diversas expresiones, cada cual más preocupante: se patrocinan con dinero público la guerras de sexos, las querellas fratricidas por el pasado, el deterioro de la educación, los egoísmos autonómicos, las concesiones al terrorismo, las imposiciones lingüísticas…
Finalmente, la soberanía, salvaguarda de nuestros derechos y nuestra forma de vida, está amenazada por el apetito insaciable de poderes lejanos a los que nadie ha elegido y de grandes multinacionales que hacen negocio con nuestros datos y nuestra intimidad.
En una coyuntura tan dramática como la actual las elites han cerrado filas y han optado por secuestrar la conversación pública, demonizando a quienes se atreven a disentir y decretando debates prohibidos.
Vox se propuso, desde su nacimiento, reabrir todos esos debates. Y estos tiempos difíciles y trascendentales nos han convencido de que debemos utilizar toda nuestra fuerza parlamentaria en devolver la voz a los españoles para que, más allá de partidos, decidan directamente sobre los temas fundamentales.
Sí, los españoles deben decidir sobre la derogación de las leyes que impiden el uso de nuestros recursos naturales y nuestras capacidades técnicas, desde el gas de nuestro suelo a la energía nuclear; deben decidir sobre la política de inmigración y la defensa de nuestras fronteras; y sobre la reducción del gasto político, y sobre la soberanía personal y nacional de los datos, y sobre las políticas lingüísticas… Y se les debe preguntar, también, si hay que ilegalizar a los partidos que pretenden liquidar el fundamento de la Constitución –la indisoluble e indivisible unidad nacional–, porque con ello se liquidaría también esta realidad que ahora reclamamos: que el futuro de España lo deben decidir los españoles, en su conjunto, y que debemos superar este tiempo en el que sólo unos pocos –a veces ni siquiera elegidos en las urnas– deciden lo que afecta tan gravemente a todos.
Entiendo que una apelación a una democracia más directa encontrará numerosos adversarios, sobre todo entre las oligarquías que han llegado a un consenso absolutamente contrario al interés general. Pero también estoy seguro de que España se dejará oír, como siempre lo ha hecho en los momentos especiales de la historia, y que los españoles rechazarán a quienes pretendan hurtarnos el derecho inalienable de decidir juntos nuestro propio futuro.