Absuelto tras 3 años entre rejas y apartado de su hijo por abusos falsos

▶ Condenan a la Consejería de Igualdad de la Junta andaluza a indemnizar a Teodoro Leandres por «mala praxis» ▶ El testimonio inducido del menor y su evaluación psicológica llevaron al padre a prisión: «Me han destrozado la vida»

«¿ Atu padre lo has visto alguna vez desnudo? ¿Te ha hecho daño alguna vez?». Fueron preguntas lanzadas en sala por la letrada onubense Ana de Silva, uno de los tres ángeles custodios –junto con sus dos hermanas– con los que ha contado sin fisuras y desde 2013 Teodoro Leandres, un hombre al que la vida parece deberle tres años, dos meses y unos días en prisión. Las respuestas del hijo de Teo fueron negativas. Él acabó entre rejas.

El sistema solo le devolverá una cantidad a este hombre de 56 años: 129.000 euros en concepto de indemnización, impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (60.000 euros como compensación por los daños morales causados al atribuirle un delito grave que no cometió) a la Consejería de Igualdad de la Junta, según dio a conocer el diario Huelva24.com. Otros 69.000 euros ha sido el monto estipulado por la Audiencia Nacional por la privación injusta de libertad que sufrió en el centro penitenciario de Huelva La Ribera.

Pero esos hechos «inventados, falsos» no son una minucia: abuso continuado contra su hijo y exhibición de material pornográfico a un menor. Fueron denunciados por la pareja con la que Teo había roto seis meses antes. El pequeño tenía 8 años. Su padre, que hoy se consume desencajado por la ira, no lo ha vuelto a ver más.

Teme, además, ese hipotético encuentro, a sabiendas de que no viven lejos de su pueblo, Gribaleón; el adolescente reside con la denunciante. «No sé cómo reaccionaría debido a lo que le metieron en la cabeza. Me arrebataron a mi hijo, me han destrozado la vida». Lo dice un hombre que se esfuerza en condensar el dolor en una entrevista realizada por videoconferencia desde Huelva.

Al tiempo entre rejas suma la denostación pública, el estigma social porque más de uno lo imaginó como «un pederasta». La pérdida de la relación afectiva con su hijo, la sospecha contra el varón, junto con la exposición sufrida a la ideología de género salen en la conversación, y se repiten en las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (la última el 23 de marzo de 2022), ratificadas por el Tribunal Supremo (TS) y que facilita la letrada a ABC.

Pero en el primer juicio, que el TS anuló y ordenó repetir, nada se pudo hacer, corroboran a este periódico los tres peritos que firmaron en acto colegiado: los psicólogos forenses José Manuel Aguilar y Julio Bronchal, así como el psiquiatra José Miguel Gaona.

Bronchal, profesor de Psicología Legal y Forense en la Universidad Loyola Andalucía, utiliza una frase lapidaria como síntesis: «Con el método utilizado por las psicólogas del Eicas (equipo de Evaluación e Investigación de Casos de Abusos Sexuales, cuya matriz es Adima, la Asociación Andaluza de Defensa de la Infancia y Prevención del Maltrato Infantil) habrían conseguido que ese niño confesase que su padre participó en los atentados del 11-M o que asesinó a Kennedy».

Administración con sesgo

Aguilar, el psicólogo que empezó con el peritaje en 2013, insiste en que en la raíz está en que «la Administración, en este caso las consejerías de Justicia e Igualdad, concierta con fundaciones con un determinado sesgo de género e ideológico la evaluación de los temas sexuales a menores. En Andalucía es el Eicas, que tras este caso cambió de nombre».

Ese equipo de evaluación, según acredita la sentencia ratificada por el TS, utilizó una «estrategia coactiva e inductiva» en las preguntas al hijo de Teo. Los psicólogos hablan del protocolo CBCASVA para tomarle declaración, la única prueba de cargo que condujo a Teodoro a la cárcel. Ese método tiene un margen de error de más del 30%, es de dudosa validez científica y «no detecta falsos positivos», compara Aguilar con el Covid. Tanto él como el resto del equipo que dio la réplica al informe oficial de valoración del progenitor señalan que «el testimonio del menor estuvo inducido, fue presionado a contestar, reforzado en sus respuestas».

Como anécdota, Aguilar recuerda que el joven «mezcló episodios de la serie ‘Aquí no hay quien viva’ y los relataba para satisfacer la presión que sentía». Cuando llegó a la entrevista grabada, el niño acumulaba 150 sesiones de terapia en las que «interiorizó –según el auto– abusos que no existieron»; «se contaminó a la sala» y se «transformó» el problema que el niño tenía por la separación de sus padres. «Era el retrato del perfecto depravado. Solo les faltó acusarme de necrofilia», lamenta Teodoro.

La sentencia firme dice que «claramente se ha intervenido» en las preguntas al niño, y que contestaba lo que querían los profesionales. El fiscal se puso del lado de Teodoro. «Se le condenó con una prueba preconstituida», afirma De Silva. No fue hasta 2016 que recobró su libertad. «Nunca he cejado en mi empeño de demostrar que soy inocente. De lo que se me acusaba era indecente», dice. De Silva, que lo acompaña en su viacrucis, tampoco dudó un segundo.

«Pasa cotidianamente»

«Esto pasa cotidianamente y lo vemos en mi profesión, vamos a peor. También es un castigo a los menores –reflexiona Aguilar–. De repente, un niño de 25 años toca a tu puerta y reconoce que su madre erró». Teo no va a recuperar a su hijo, tiene «un duelo abierto» y en su dolor «quedará siempre una mancha, difícil de restituir», infiere.

Cuando las expertas del Eicas intervinieron para sentenciar a Teodoro acu

mulaban 500 casos. En el argot de peritos como Bronchal y Aguilar se usa un término de origen anglosajón que es «la bala de plata» para ganar causas de divorcios contenciosos. Los abusos. «El informe pericial acreditó que la personalidad de Teodoro era incompatible con los cargos atroces que se le imputaban y cuestionaba la metodología empleada sobre la que se fundamentó la retirada de la custodia» al padre. Paradójicamente, se calibró a Teo con un nivel de agresividad inexistente y una querencia alta por la justicia y la igualdad. Gaona expresó que un sistema que permite esto es una «picadora de carne».

Al otro lado de la pantalla, Teodoro se deshace. «La sentencia condenatoria inicial fue de 14 años. Se ordenó respetir el juicio con el resultado de absolución. Ha sido un proceso trabajoso y una instrucción dilatada con cientos de recursos y denuncias interpuestas. Se pidieron pruebas de ADN a Teodoro, que salieron negativas. Me dio mucha pena porque no fue un relato libre ni espontáneo del niño y se pusieron de manifiesto todas las carencias del protocolo actual», alega la abogada. De Silva reclamó 2,5 millones de euros por prisión indebida.

Teodoro pide que «nadie pase» por lo que él ha tenido que pasar. La reparación es a la sazón imposible: «Me siento aterrorizado. Tiemblo paralizado cada vez que llega una notificación a casa. Tienen que estar las cárceles llenas de padres inocentes. Nos echan a los leones».