El Gobierno defrauda todas las expectativas de Andalucía en la lucha contra la sequía
► Reúne solo a una comisión técnica para hacer diagnóstico sin acordar inversiones
El Gobierno de España perdió ayer otra oportunidad para avanzar en soluciones directas para paliar la situación de sequía más allá de las ayudas y subvenciones a los sectrores afectados ya aprobadas en marzo. La anunciada reunión de la Mesa de la Sequía quedó reducida ayer a una videoconferencia de su comisión técnica. Es decir técnicos, no políticos, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y del de Agricultura, Pesca y Alimentación, con los de las distintas comunidades autónomas, comunidades de regantes, organizaciones profesionales agrarias y cooperativas agroalimentarias valoraron las medidas adoptadas por el Gobierno y planteaaron «su preocupación por la actual situación de sequía». De los informes de seguimiento presentados «se realizará una evaluación para estudiar las líneas a seguir», punto y final según la nota emitida ayer por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Esta patada adelante ha defraudado todas las expectativas de la Junta de Andalucía que reivindica la aprobación urgente de las obras pendientes por el Gobierno de España, competente en un 67 por ciento de las cuencas hidrográficas andaluzas.
Sin embargo, el Ministerio se limitó a recordar a los sectores implicados las medidas aprobadas contra la sequía desde el pasado mes de marzo, que incluyen rebajas fiscales a agricultores y ganaderos, subvenciones al seguro agrario, aplazamiento de cuotas a la Seguridad Social, rebaja en el número de peonadas para el cobro del subsidio agrario, pero sin apuntar nuevas iniciativas para paliar el problema.
La consejera de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, recordó que entre otras peticiones la Junta reclamó en la reunión la doble tarifa eléctrica para el regante, la bonificación del agua desalada, la bajada de los impuestos a los agricultores, y la reprogramación de los fondos Next Generation, pues, de lo contrario, está «en desventaja gran parte de España» y sobre todo «la parte del sur del sur más seca».
La clave es que el Gobierno acelere las inversiones pendientes en infraestructura hidráulica, entre otras las conducciones de la presa de Rules o las del travase de la Cuenca Tinto, OdielPiedras en Huelva aprobadas como urgentes en 2018.
Por su parte, el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz criticó la «actitud decepcionante» por parte del Gobierno de España al no convocar la Mesa Nacional de la Sequía, como reclamaba el Gobierno andaluz en nombre de los sectores afectados, y en su lugar reunir solo a su comisión técnica. «Lo que reclamamos son inversiones al Gobierno de España para hacer frente a la situación de sequía», expuso Sanz en un ecuentro con periodistas.
Sanz recordó que el Gobierno de España tiene las competencias de agua en el 66 por ciento del territorio andaluz, fundamental por su gestión sobre la cuenca del Guadalquivir, en estos momentos la de menor caudal alcenado de agua de todas las cuencas de España.
A pesar de estas competencias y de la preocupante situación, recordó el consejero, el Ejecutivo de Pedro Sánchez sólo ha aprobado un decreto de sequía dotado con 9,6 millones de euros, mientras que la Junta de Andalucía, con menos territorio a su cargo en materia de política hidráulica «fue previsora y puso en marcha hace un año dos decretos de sequía dotados con un montante total de inversión de 144 millones de euros».