La Junta regulará por decreto ley la coexistencia de taxis y VTC
► La norma estatal podría suspender el servicio en núcleos urbanos el 1 de octubre
La Consejería de Fomento elaborará un decreto ley que habilitará a los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) para que sigan operando en los núcleos urbanos a partir del 1 de octubre, si bien se establecerán requisitos para garantizar «la convivencia de VTC y taxis en aras de ofrecer el mejor servicio al ciudadano», avanzó la consejera Marifrán Carazo.
El Real Decreto Ley 13/2018 de 28 de septiembre, conocido como Decreto Ábalos, introdujo cambios en el régimen jurídico del servicio de VTC, siendo la principal la supresión de los servicios urbanos con un periodo transitorio de compensación de cuatro años, hasta el 1 de octubre de 2022, obligando a las comunidades autónomas a regular para habilitar el servicio urbano a partir de esa fecha. Dado que la pandemia por el Covid-19 paralizó este servicio y para compensar las pérdidas sufridas, el Gobierno andaluz solicitó al Ministerio prolongar este periodo transitorio o moratoria que recoge el Decreto Ábalos, pero esta medida,que también fue solicitada por otras comunidades, ha sido rechazada por el Gobierno central.
Aragón, Cataluña, Baleares, País Vasco, Galicia, Valencia y Murcia ya regularon los servicios de los vehículos con licencia de VTC, generalmente exigiendo un tiempo de precontratación de 15 a 60 minutos, y han recibido reclamaciones patrimoniales millonarias por parte de las empresas de VTC. Hay, según la Junta, resoluciones judiciales contradictorias en toda España. No obstante, la Comisión Europea publicó recientemente una comunicación sobre buenas prácticas regulatorias del sector con recomendaciones para adecuar la normativa a las directrices y libre competencia que evite restricciones y límites innecesarios y perjudiciales para el acceso al mercado, entre ellas, se recomienda evitar la precontratación con tiempo o el regreso a la base.
«Defendemos que en España no puede haber 17 modelos distintos de regulación de VTC y que, por tanto, debe ser el Gobierno de Pedro Sánchez el que apruebe una norma para todo el país, pero dada la inacción de éste y su decisión de atribuir a las comunidades esta regulación, hemos decidido aprobar un decreto ley», indicó ayer la consejera tras subrayar que se reforzará la inspección, duplicando las actuaciones.
Carazo asegura que el Gobierno andaluz, que ya ha abierto el diálogo con el sector, «no quiere que el taxi sufra con esta decisión y que, como hasta hora, se tomarán las decisiones con el máximo consenso posible».
La Consejería aprobó la pasada legislatura medidas para la modernización del sector del taxi recogidas en la modificación del Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo como la contratación por plaza y el pago individual, el precio cerrado o la recogida de viajeros en municipios diferentes, entre otras. Todo ello fruto de un intenso proceso de negociación con el sector.
En aquella negociación, la consejera entregó al sector un borrador de propuestas para la ordenación y modernización del sector con un estudio de 500 páginas de la situación actual y con medidas para la convivencia de taxis y VTC de manera ordenada.
El sector del Taxi y la Consejería llegaron al consenso en un 80 por ciento de las medidas planteadas (muchas de ellas históricas reivindicaciones del taxi) y posteriormente se llevaron a cabo actuaciones como la firma de convenios con ayuntamientos para la formación en materia de inspección o el aumento de estas labores de vigilancia. Por ello, se han realizado 1.797 inspecciones a VTC y 674 a taxis en el periodo comprendido entre 2019 y 2022.
Incluso, para mejorar la movilidad en zonas de menos cobertura del transporte público se impulsó el Programa Andalucía Rural Conectada (de transporte a la demanda) para ofrecer servicio de taxi a los municipios del ámbito rural. En concreto, 46 rutas para 69 municipios, lo que supone un incremento de 31 rutas en dos años.
Andalucía es la segunda comunidad con mayor número de licencias de VTC, 3.256, después de Madrid (8.266). Concentra el 19 por ciento de las autorizaciones de VTC que existen en España con una proporción de un VTC por cada 2,7 taxis, puesto que están registrados 8.782 taxis en la comunidad.
La regulación incluirá restricciones que se consensuaron con el sector del taxi sin interferir en la libre competencia