El enaltecimiento de ETA, delito de «casi imposible condena»
El enaltecimiento del terrorismo de ETA «ha devenido en un delito de casi imposible condena». Es la conclusión a la que ha llegado la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que si bien sigue incoando diligencias ya sean de oficio o por denuncias por estas conductas –79 el año pasado, el mayor número por apología–, reconoce la poca perspectiva de que prosperen en los tribunales, cosa que no ocurre cuando se trata de yihadismo. La razón de esta «gran divergencia» está en que la jurisprudencia exige que concurra un riesgo de que se reproduzcan las conductas que se enaltecen y, con ETA extinta, se entiende que no concurre el peligro.
Así lo expone la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado con datos de 2021. El capítulo sobre los fiscales en la Audiencia Nacional evidencia con cifras la dificultad de impulsar causas por enaltecimiento de ETA en un momento, además, en que los homenajes y otros actos que vanaglorian a los asesinos reviven en las calles del País Vasco incluso con el amparo de algunos ayuntamientos. El propio informe indica que, «a pesar de la disolución de ETA, las consecuencias de su actividad continúan evidenciándose»: en 2021 se constató «un repunte de actos violentos en el País Vasco y Navarra, subsumidos dentro de la violencia radical de carácter independentista». Se produjeron 14 detenciones en este contexto por daños (3), humillación de las víctimas (2), manifestación ilegal (7) y quema de cajeros (2). Además, «se contabilizaban 42 huidos que permanecían en paradero desconocido o en países en los que no es posible su extradición» al cierre del último ejercicio. Hasta 24 de ellos tienen cuentas pendientes con la Justicia española.
El balance de la Fiscalía General del Estado revela que, en total, al cierre del año pasado se contaban 318 personas investigadas en causas por terrorismo en la Audiencia Nacional, se dictaron 19 sentencias por las que una decena de etarras resultaron condenados y otros tres, absueltos. También se incoaron seis nuevas diligencias a partir del análisis continuo de la documentación enviada por Francia, de las que dos fueron judicializadas, bien para reabrir procedimientos, bien para iniciar causas nuevas, y cuatro siguen abiertas.
42 etarras permanecían en fuga o en países de imposible extradición el año pasado y 24 de ellos, con causas pendientes