El impuestazo de Sánchez fuerza a la banca a incumplir las leyes europeas
►El sector recuerda al Gobierno que el nuevo gravamen lo deberían trasladar al cliente como marca la EBA
La presión contra el Gobierno por el nuevo impuesto a la banca –y a las energéticas– es cada vez mayor. Llega desde todos los flancos para tratar de ablandar al Ejecutivo de coalición y que suavice el gravamen en el trámite parlamentario. Los expertos, el BCE, las entidades individuales y también las patronales han criticado la medida. La última en hacerlo y en alertar de sus riesgos ha sido el Grupo Europeo de Banca Minorista y de Ahorro (ESBG, por sus siglas en inglés), la organización que representa a escala comunitaria a 885 bancos y en la que se integra una de las dos patronales españolas, la CECA.
En un comunicado emitido ayer, la citada organización pone el foco en que el impuestazo de Pedro Sánchez fuerza a la banca a saltarse las leyes europeas. «Estos nuevos impuestos han colocado a las entidades financieras en una situación difícil con sus supervisores, ya que la exigencia de no trasladar su coste a los clientes va en contra de la legislación de la UE», indica. ¿Por qué deja a las entidades en esa situación? Porque las directrices de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) sobre la concesión de préstamos «establecen que el precio de los préstamos debe incluir todos los costes soportados por los bancos, incluidos los impuestos».
La normativa europea fija que la banca debe repercutir al cliente el nuevo impuesto. Y las entidades acatan a rajatabla lo que dictan las leyes de supervisión. No quieren encontrarse con problemas con los supervisores por incumplir las normas... pero el diseño del impuesto deja al sector en una encrucijada.
La proposición de ley prohíbe que las empresas repercutan los gravámenes a los consumidores; lo que sí quedó descartado de plano fue incluir esto como delito en el Código Penal, como reclamaba la formación de Ione Belarra. ¿Cómo se hará eso? No lo aclara el Ejecutivo. La realidad es que se encomiendan a que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Banco de España articulen la forma para vigilar este aspecto y sean las que impongan sanciones de hasta un 150% sobre la cantidad que se traslade al cliente.
Sin embargo, más de un mes después de que presentarse la proposición de ley, ni los partidos ni el Gobierno han aclarado a Competencia cómo debe vigilar esto. En esta última institución están a la espera de que eso se clarifique en la tramitación en la Cámara Baja. Es ahí donde surge la encrucijada para la banca, ya que el Gobierno obliga al sector a hacer caso omiso de las leyes europeas para cumplir la suya a nivel nacional. Si no, tendrán que hacer frente a cuantiosas sanciones.
La experiencia, asimismo, dicta que en el tejido productivo cuando se incrementan los costes para las compañías, también lo hace el precio para los consumidores, señalan fuentes financieras. Lo esperado es que se traslade de alguna forma al precio de los productos y servicios que prestan los bancos ya que esta teoría ocurre en todos los sectores; pero el dilema para las entidades está servido.
La banca tiene confianza en que el Gobierno rebaje sus expectativas respecto a este impuesto, con el que espera recaudar 3.000 millones de euros entre 2022 y 2023. Y muchas esperanzas están puestas en lo que pueda decir el Banco Central Europeo (BCE).
La institución dirigida por Christine Lagarde puede emitir una opinión sobre el gravamen, como ya hizo con uno similar en Lituania. Y lo puede hacer ‘motu proprio’ o a instancia del Gobierno de España. Como publicó ABC, el Ministerio de Hacienda sí que tiene en sus planes hacer una consulta al BCE como un gesto de buena voluntad y así recabar su opinión, pero no hay una fecha clara en que lo hará. Además, hay que tener en cuenta que la opinión del supervisor no es vinculante para el Ejecutivo.
Más allá de ello, la patronal europea de cajas de ahorros fue tajante sobre el efecto que tendrá sobre el crédito: «La reciente decisión de algunos países de la UE de imponer nuevos impuestos sobre el sector bancario reducirá aún más su capacidad de préstamo a empresas y particulares. Estos impuestos sectoriales son discriminatorios e injustificados, ya que es poco probable que el aumento previsto de los tipos de interés genere beneficios extraordinarios en el sector bancario (incluso pueden disminuir si la morosidad empieza a crecer)». También advierten del «riesgo de un sistema fiscal fragmentado en la UE» y piden «una mayor armonización fiscal entre los países de la UE», ya que «la imposición adicional a nivel nacional va en detrimento de la igualdad de condiciones al distorsionar la competencia en el mercado interior de la UE».
A todo ello se une que las entidades hacen hincapié en que un impuesto como este puede dañar el crecimiento económico, y más aún a las puertas de una recesión en Europa y en plena crisis energética y de inflación.
En unos términos similares ya se pronunció también la otra patronal europea del sector, la Federación Bancaria Europea, el mes pasado: «Las iniciativas que surgen en algunos países europeos destinadas a imponer impuestos ‘ad hoc’ a los bancos son injustificadas, discriminatorias y, lo que es más importante, no logran abordar la crisis del coste de la vida».