El pacto y el Estado
«Los controles de precios y salarios, además de un enorme gasto fiscal y endeudamiento, son típicos en todas las grandes guerras. ¿Por qué ahora debería ser diferente?» La cuestión que planteó ayer en Twitter el prestigioso economista y periodista británico Anatole Kaletsky, al hilo del congelamiento de precios de la electricidad anunciado por Liz Truss, tiene mucho sentido y ayuda a comprender cómo una guerra lejana llega hasta nuestros hogares.
Es verdad que no somos directamente beligerantes, pero el apunte de Kaletsky es extraordinariamente gráfico. Vivimos una situación que Europa no ha experimentado en más de 70 años y no es raro que los gobiernos estén cometiendo viejos errores y algunos nuevos.
La otra cara del control de precios es el pacto de rentas, es decir, la limitación de salarios y beneficios. En España, pese a los ruegos del Banco de España y las buenas intenciones de la vicepresidenta Calviño, no se ha avanzado mucho en un acuerdo. Pero hay una cuestión muy relevante en un pacto de rentas y es el papel del Estado. Cuando Fuentes Quintana puso en marcha los Pactos de la Moncloa, en 1977, estos incluían un fuerte ajuste fiscal y monetario. Se contuvo el crecimiento de la masa monetaria, se devaluó la peseta, se atacó el déficit fiscal y se dictaron medidas de control del gasto público. Hay cosas que se hicieron entonces que hoy no se pueden hacer. No podemos devaluar la moneda, por ejemplo. Y el déficit fiscal es inflacionario cuando no se financia con deuda.
Ahora, cada vez que se habla de pacto de rentas, Sánchez o Calviño se ponen de perfil, como si los únicos llamados a hacer sacrificios fueran los trabajadores y los empresarios. Tenemos unos niveles de despilfarro público extraordinario, con 22 ministerios gastando como si no hubiera un mañana en las más diversas necesidades posmaterialistas, cuando las necesidades materiales –como el recibo de la luz– sólo son atendidas cuando ingresan por la puerta de urgencias. El IEE calculó en marzo pasado que el Estado podría ahorrar perfectamente 60.000 millones sin poner en peligro los servicios públicos. Quizá sea precisamente esta falta de ejemplaridad del Estado la que esté gravitando sobre la falta de un pacto de rentas. jmuller@abc.es.