Un hospital de Bilbao busca al dueño de la pierna que amputó
▶ Publican un aviso en el boletín de la Comunidad para que se haga cargo de ella
Aunque el anuncio está fechado el 21 de julio, ha sido la última semana de agosto cuando se ha hecho público. En el mencionado informe, la directora médica del área de salud del Bidasoa, María Eugenia Alkiza, solicita a una persona que sufrió una amputación que proceda a retirar «los restos humanos que se encuentran depositados» en el centro hospitalario. Presumiblemente se trata de una pierna que le fue amputada a un paciente hace algunos meses en el hospital de la comarca del Bidasoa, que se sitúa entre las localidades guipuzcoanas de Irún y Fuenterrabía. Según el protocolo, ante una amputación quirúrgica es el propio interesado el que tiene que hacerse cargo de los restos humanos.
El anuncio recuerda que éstos, además, deben ser retirados «a través de una empresa funeraria autorizada». Se trata, según apuntan desde el sector funerario, de un procedimiento habitual. Cuando existen miembros amputados son los propios pacientes los que se tienen que encargar de retirarlos mediante los servicios de una funeraria, algo que no ocurre, por ejemplo, con otros restos biológicos como los tumores. Así consta en un protocolo de actuación que tiene en su página web la fundación Signo, dedicada al análisis y estudio de proyectos de gestión sanitaria. El texto se refiere al hospital Son Llàtzer de Baleares, pero no es muy diferente del que puede encontrarse en otros restos hospitalarios. Una vez realizada la amputación al paciente «se le entrega una lista de funerarias para que se ponga en contacto con la que elija, informándole que ha de hacerse cargo de los gastos». El texto puntualiza que cuando la familia manifieste que no puede hacerse cargo del coste «se contactará con los asistentes sociales» que harán un informe para decidir si se da aviso a la funeraria municipal. El procedimiento puede alcanzar, según las tarifas de las funerarias de la zona, los 1.500 euros.
La retirada y manipulación de miembros se basa en una ley nacional de 1974. Está transferida a las comunidades, pero las diferencias son mínimas. En realidad lo que se hace es actuar de la misma manera que cuando fallece una persona, es ella o sus familiares quienes tienen que hacerse cargo y asumir los gastos.
Multa de 500 euros
Los responsables sanitarios le dan ahora un plazo de «diez días hábiles», contados a partir del día siguiente de la publicación del anuncio, para proceder a retirar los restos. Le recuerdan que, de no atender el requerimiento «en plazo», se abrirá un expediente sancionador.
En la práctica podría llevarse a cabo una «ejecución forzosa» que podría acarrear una multa. No existe un régimen sancionador que especifique a cuánto asciende la multa por abandonar una pierna amputada, pero algunas fuentes apuntan a que podría ascender a unos 400 o 500 euros. En cualquier caso, pagar la sanción sigue siendo más rentable que hacer frente a los altos costes funerarios.