La Junta podrá sancionar a los funcionarios que no presten un buen servicio
▶ Aprueba el Anteproyecto de Ley de Función Pública, que actualiza la de 1985, cuando no existía ni Internet ▶ La norma cuenta con el acuerdo mayoritario de los sindicatos, lo que debe agilizar su trámite parlamentario
El Gobierno andaluz ha aprobado un Anteproyecto de Ley de Función Pública que va a permitir evaluar por primera vez el trabajo que desempeñan los empleados públicos de la Junta, los ayuntamientos y las diez universidades públicas. Este novedoso sistema de chequeo de sus tareas, atendiendo a una serie de criterios objetivos, imparciales, transparentes y pactados por la mayoría de sindicatos, tendrá también su reflejo en la nómina. Ser más o menos productivo va a tener consecuencias incluso para los que tienen un empleo de por vida cuando entre en vigor la norma, que ahora inicia el trámite en el Parlamento andaluz para su debate entre los grupos políticos y posterior aprobación. Se acabó la actual tarifa plana en los complementos vinculados al desempeño del trabajo. La norma «va a suponer un cambio radical en la forma de concebir y ordenar la administración pública andaluza», destacó ayer el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta, José Antonio Nieto, quien desgranó los detalles del anteproyecto de ley poco después de recibir el visto bueno del Consejo de Gobierno.
El nuevo texto legislativo, que intenta cambiar las viejas inercias que pesan sobre el empleo público, actualiza la norma autonómica en vigor, que se remonta al año 1985, cuando ni siquiera había nacido Internet y el teletrabajo era una entelequia para la mayoría de trabajadores. La norma, que unifica las materias relativas al régimen jurídico de la función pública en Andalucía, recibió el apoyo de CSIF, CCOO y UGT, que representan a la mayoría de empleados públicos en la Administración –el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) se opone– durante el proceso de elaboración en la anterior legislatura. El consejero no pasó por alto el espaldarazo sindical: «No es la Ley de Función Pública del Gobierno de Juanma Moreno o del PP, sino la ley del consenso, del acuerdo».
Uno de los aspectos más novedosos es el sistema de evaluación de los empleados que incorpora. Se pretende orientar el rendimiento del personal, mejorar su formación y también pagar, cuando resulte oportuno, un incentivo o complemento salarial vinculado a los resultados del trabajo. Se va a compensar a quienes sean más productivos y ‘castigar’ a los que pecan de todo lo contrario. Se establece un régimen disciplinario con sanciones. Los funcionarios incumplidores o ineficientes que persistan en su comportamiento pueden exponerse a su traslado forzoso a un servicio distinto en otra localidad.
«Tenemos que motivar a los funcionarios para que hagan bien su trabajo y quien no lo haga va a ser penalizado», avisó Nieto, quien salió al paso de las críticas del SAF negando que la intención velada sea corregir a quien no acate determinadas «directrices políticas».
En su estreno hoy en su primera comparecencia parlamentaria como consejero, Nieto va a proponer a la oposición que se tramite «de urgencia para acortar los plazos», como pide la mayoría de sindicatos, pero no cierra la puerta a «una tramitación ordinaria en la que se pueda ver con detenimiento el contenido de la ley». Entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el BOJA una vez que finalice su trámite parlamentario.
El objetivo es «motivar» y reconocer el trabajo productivo atendiendo a criterios como el grado de interés, la iniciativa o la participación. Una evaluación positiva se traducirá en complementos retributivos por desempe
ño, que se sumarán a los correspondientes de carrera profesional, nivel competencial y puesto. Si ésta es negativa, el empleado se deberá someter un programa de formación específica. En el caso de que se repita de forma consecutiva, verá mermados méritos en los concursos de traslado y, si no se enmienda, se enfrentará a una medida reglamentaria. «Incluso» puede ser objeto de «sanciones» como el traslado de «su puesto de trabajo a otra localidad», especificó el consejero.
Potestades de funcionarios
La futura norma recoge las funciones que corresponden a las diferentes tipologías de empleados públicos (funcionario de carrera, funcionario interino, personal laboral y eventual), así como las potestades públicas que serán desempeñadas de forma exclusiva por funcionarios, una cuestión que ha sido fuente permanente de conflictos laborales. Por primera vez se establece un sistema de selección de los directivos por convocatoria pública y atendiendo a los principios de capacidad, conocimiento y competencia, con el objetivo de captar «talento».
Cuando el puesto lo permita, la Junta facilitará el teletrabajo, que se vio impulsado durante la pandemia. En aras de facilitar la conciliación familiar, la norma también incluye el derecho del empleado a desconectar del uso de los medios tecnológicos de comunicación en sus periodos de descanso.