Los ayuntamientos del PSOE lanzan una ofensiva para imponer la tasa turística
Sevilla, Valencia o Santiago quieren cobrar a los turistas por pernoctar en sus plantas de alojamiento
El tabú que ha sido hasta ahora la tasa turística para Administración y empresas españolas empieza a dejar de serlo. Porque el debate de su implantación ya se impone en los ayuntamientos de algunas de las principales capitales que parecen conjurados para sacar tajada de los más de 80 millones de turistas que visitaron nuestro país en 2019. Con ese fin podrían seguir la estela de grandes focos turísticos como Cataluña y Baleares, que ya se han lanzado en los últimos años a articular la normativa necesaria para que en sus principales destinos puedan cobrar a los turistas un impuesto por pernoctación alegando motivos de sostenibilidad y de preservación del patrimonio.
La última gran capital en pedir su implantación ha sido Sevilla. El alcalde socialista de la ciudad hispalense, Antonio Muñoz, pidió esta semana a la Junta de Andalucía colaboración para elaborar una normativa que facilite estas imposiciones a los visitantes, ya que su establecimiento tiene que habilitarse bajo legislación autonómica. No es la única ciudad andaluza que busca introducir el impuesto a los turistas. El Ayuntamiento de Granada, liderado por el socialista Paco Cuenca, ha abierto la veda y tendido la mano a otras capitales andaluzas para pedir al gobierno de Juanma Moreno que facilite la entrada del nuevo impositivo. También hay consistorios del PP de acuerdo a esta petición, como es el caso del de Málaga, controlado por Francisco de la Torre.
Más allá de Andalucía, la iniciativa ha sido promovida por el ayuntamiento del PSOE de Santiago de Compostela, pero de momento se está topando con la oposición de la Xunta de Galicia. El Ejecutivo autonómico del PP que lidera Alfonso Rueda rechaza el establecimiento de este gravamen, pero asegura estar abierto a debatir su introducción con el alcalde de la ciudad del apóstol, Xosé Sánchez Bugallo.
Donde parece más cercana su entrada es en la Comunidad Valenciana. La Generalitat ya tiene en trámite en las Cortes la proposición de ley de Medidas Fiscales para impulsar un turismo sostenible, que espera aplicar a partir del año que viene o en 2024 con precios que oscilarán entre los 0,5 y los dos euros por persona y noche, dependiendo del tipo de alojamiento. Tan solo se harán excepciones con los menores de 16 años y los turistas del programa social de viajes del Imserso. En todo caso, su establecimiento recaerá en los ayuntamientos y hasta el momento entre los destinos más visitados de la región, solo la capital valenciana capitaneada por Compromís con el apoyo del PSPV ha mostrado su voluntad de aplicación.
En el caso de la región levantina, su imposición cuenta con el rechazo del sector turístico. El pasado mes de julio, la patronal hotelera de la Comunidad Valenciana, Hosbec, lamentó que se hable de cobrar esta tasa al turista «cuando tenemos una economía debilitada, una inflación desbocada y un empobrecimiento generalizado de los ciudadanos españoles y europeos. Continuar con esta tramitación pesará como una losa sobre las empresas y trabajadores del sector y sobre todos los ciudadanos valencianos».
Los propulsores del impuesto alegan que la tasa es habitual en las principales urbes europeas. Capitales como París, Roma, Berlín, Ámsterdam, Viena o Bruselas cobran a sus visitantes por pernoctar en sus establecimientos, ya sea hoteles, albergues o apartamentos turísticos en algunos de los casos.
Lo cierto es que en España la tasa turística es ya una realidad. En Cataluña está vigente desde 2012 en los hoteles e incluso se ha revisado para adaptarlos a otras opciones de alojamiento como los apartamentos de corta estancia. En la región catalana se cobra entre 0,45 y 2,25 euros por persona y noche dependiendo de la categoría del establecimiento. Su gran polo de atracción, Barcelona, la tiene implantada.
Cifras más abultadas se cobran en Baleares. Ayuntamientos como el de Palma de Mallorca que han accedido a implantar la tasa llegan a cobrar hasta cuatro euros por persona y noche en el caso de hoteles de 4 y 5 estrellas, además de apartamentos de máxima categoría.
Rechazo hotelero
La extensión de la tasa hotelera no es vista con buenos ojos, sobre todo, entre los empresarios hoteleros, que creen que esta medida se implanta exclusivamente con fines recaudatorios. «Es decirle al turista que paga poco, que molesta por venir, que contamina y que por eso le pongo una tasa para que incomode menos», apostilla el secretario general de Cehat, Ramón Estalella. «El turismo crea 3,5 millones de empleos y 800.000 empresas que contribuyen con impuestos y que tras el gran verano que hemos tenido se va a reflejar en una gran recaudación a través de Sociedades e IVA», señala el dirigente.
Estalella cree, en cambio, que hay que poner el foco en formular medidas protectoras del territorio «para que la contribución vaya directamente a los municipios turísticos, porque gran parte de lo recaudado va a parar a otras administraciones».