Hacienda aparca la subida de los impuestos al diésel y no la incluirá en los Presupuestos
La subida de los impuestos al diésel para equiparar su carga tributaria a la de la gasolina, que fue una de las primeras medidas de política fiscal que anunció el Gobierno de Pedro Sánchez en el año 2018, no se incluirá en el proyecto de Presupuestos para 2023, según ha anunciado ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y quedará fuera de la acción fiscal del Ejecutivo de esta legislatura.
El Ejecutivo entiende que el contexto económico no es el adecuado y que no parece apropiado encarecer la fiscalidad de ese combustible cuando se está bonificando con 20 céntimos el precio de todos los carburantes para aliviar el impacto de la subida de la energía.
El anuncio de Montero aplaza ‘sine die’ la que ha sido una de las principales banderas de la revolución fiscal verde a la que aspiraba el Gobierno. De hecho fue la primera que se puso sobre la mesa dentro del proyecto de Presupuestos de 2019, que no llegó a ver la luz por el rechazo de la mayoría del Congreso. Entonces, el Ministerio de Hacienda planteó una subida de los impuestos al diésel de 3,8 céntimos por litro para cerrar la brecha fiscal de 11 céntimos por litro que lo separaba de la gasolina. El diésel pasaría a pagar así un impuesto de hidrocarburos de 34,5 céntimos por litro, frente a los 30,7 céntimos que continúan siendo su carga fiscal a día de hoy. Para un usuario medio que recorra 15.000 kilómetros al año el coste mensual de la subida implicaría 3,45 euros más al mes, y al año, 41,4. Este incremento, según las estimaciones de Hacienda, supondría recaudar 500 millones adicionales en dos años.
La medida se incluyó también en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno, dentro del capítulo de ‘Reformas que contribuyan a la transición ecológica’ del Componente 28, que aglutina las medidas de adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI, en el que se citaba la equiparación del tratamiento fiscal del gasóleo y de la gasolina en el Impuesto sobre Hidrocarburos. El compromiso político, respaldado tanto por la ministra de Hacienda como por la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, no tuvo sin embargo reflejo real en el contrato operativo que traslada los compromisos concretos del Gobierno de España con la Comisión Europea para recibir los fondos europeos,