Los guardianes del patrimonio luchan para evitar otro ‘Ecce Homo’
Arqueólogos y restauradores denuncian que la falta de regulación pone en riesgo los bienes culturales Iceta enterró una reforma de la ley de Patrimonio con medidas para evitar el intrusismo en la conservación
Ni todas las excavaciones en España las dirigen arqueólogos, ni todas las intervenciones en bienes culturales las realizan restauradores. Esa es la triste y alarmante realidad que la Plataforma Estatal de Profesionales de la Arqueología (PEPA) y la Asociación Profesional de Conservadores-Restauradores de España (ACRE) denuncian en la solicitud que han presentado esta semana ante los ministerios de Cultura, Universidades y Trabajo. «En la actualidad, la ausencia de regulación en este sector por parte de la Administración pública permite que personas sin formación oficial específica en Patrimonio Cultural intervengan sobre éste», se lamentan.
Aunque la Constitución y otras 18 leyes instan a garantizar la protección del patrimonio, subrayan que «en ninguna de ellas se tiene en cuenta a los profesionales que intervienen en el mismo a diario, lo cual pone en peligro seriamente su conservación y preservación para generaciones futuras».
Es una realidad que el Ministerio de Cultura reconoció hace algo más de un año, cuando presentó un anteproyecto de reforma de la Ley de Patrimonio Histórico con objeto de poner al día una norma de hace 35 años. «El simple paso de décadas en el caso de una ley ya genera la evidencia de un análisis y actualización». Entre sus novedades, incluía un artículo que obligaba a que «las actuaciones de conservación, restauración y rehabilitación» de bienes culturales fueran ejecutadas «por profesionales especializados con titulación o capacitación oficiales reconocidas en conservación y restauración». Es decir, no más casos como el ‘Ecce Homo’ de Borja.
Nacida «muerta»
Pero esta reforma la presentó el antecesor de Miquel Iceta, el exministro Uribes, e incluía otras disposiciones contra las que las comunidades autónomas se levantaron al entender que les quitaba competencias. Así que Iceta, federalista convencido, en una de sus primeras medidas al frente de Cultura declaró que la ley había nacido «muerta» y se comprometió a presentar otro texto este año, como se recoge en el Plan Normativo del Ejecutivo. ¿Tiene previsto hacerlo próximamente? «La reforma quedó paralizada a la espera de consenso con las comunidades autónomas», responden desde el ministerio.
El diálogo entre Gobierno y comunidades sobre esta materia se produce en el Consejo de Patrimonio, que se reúne cada semestre. En la reunión del pasado mes de abril, nadie habló de la posible reforma de la ley de Patrimonio. Cultura ha convocado otro consejo para octubre, pero aún no ha remitido el orden del día. «Nos dijeron que a finales de este año se iba a retomar», dice Francisco Espejo, presidente de ACRE, esperanzado como Carlos Caballero, su homólogo en PEPA, en que reme a su favor el arqueólogo Isaac Sastre de Diego, director general de Bellas Artes. En cualquier caso, el ministerio asegura que las regulaciones profesionales «exceden» sus competencias.
Actualmente solo en Canarias se especifica que toda restauración debe ser realizada por titulados en esta materia. En otras, como en Andalucía, se alude a «técnicos competentes», una denominación que «abre la veda a que un imaginero intervenga en una obra y no lo podemos ni denunciar porque no podemos hablar de intrusismo profesional cuando la profesión no está regulada», denuncia Espejo.
Carlos Caballero
Coordinador de PEPA «Una regulación permitiría que los verdaderos profesionales hicieran los trabajos»
Francisco Espejo
Presidente de ACRE «Se dan muchos casos, pero como el resultado no es desagradable no llaman la atención»
Anabel Barrena, restauradora de Córdoba con 30 años de experiencia, lo percibe a nivel local y especialmente en imaginería. «Se da muchísimo, pero como el resultado no es tan desagradable como el ‘Ecce Homo’ no llama la atención». Aún se confunde al restaurador con un «artista» con habilidades manuales e incluso «se promocionan minicursillos y talleres desde ayuntamientos que no acreditan al personal y se les permite después intervenir en bienes», critica Irene Merino, restauradora autónoma de Ciudad Real.
Precariedad y expolio
Las prospecciones y excavaciones arqueológicas requieren de una autorización por parte de la Administración que, en teoría, reduce el intrusismo en el caso de los arqueólogos, pero en las convocatorias públicas no se detalla que deban ser realizadas por estos especialistas. «Otros profesionales no titulados para trabajar en patrimonio cultural pueden participar en intervenciones arqueológicas e incluso dirigirlas», denuncia Carlos Caballero.
La regulación de la profesión es, para el coordinador de la PEPA, «un paso previo» al fin de la precariedad de este colectivo formado por entre 2.500 y 3.000 arqueólogos en activo, de los que un 70% son autónomos. No cuentan con un convenio propio, salvo en Galicia, y a sus problemas de inestabilidad y discontinuidad en el empleo suman «la arbitrariedad de la Administración» y la presión de constructoras y promotoras, obligadas por ley a pagar sus intervenciones, previas a toda obra de construcción o urbanización. Porque aunque la arqueología de investigación sea tal vez más mediática, «el 90% de los trabajos que se hacen en España, si no más, son de arqueología preventiva», sostiene el presidente de la PEPA.
En su día a día, se enfrentan además al expolio de ‘detectoristas’ de metales. A Rafael Varón le acaba de ocurrir en Arce-Mirapérez (Miranda de Ebro). «Hemos visto agujeros de pitero de esta semana», comenta disgustado por las acciones de estos otros «intrusos» que atentan contra el patrimonio. Y hasta alardean en redes.