El invierno demográfico condena al sistema público de pensiones

► La caída de nacimientos del 53% en solo tres décadas amenaza una falta de trabajadores y menos cotizaciones ► Los expertos descartan la inmigración como solución financiera a largo plazo para la Seguridad Social

Cuando normalmente se analiza la situación financiera de la Seguridad Social y su viabilidad en el medio y largo plazo se tienen en cuenta los elementos puramente económicos: el nivel de ingresos por cotizaciones, el gasto previsto en pensiones y el volumen del de déficit que será necesario cubrir con financiación extra para poder continuar con el pago de prestaciones que ya cubren a 9 millones de personas en España y que suponen una factura mensual que rebasa los 10.000 millones de euros al mes y roza los 150.000 millones en el año.

Sin embargo, ni ajustando la maraña de cifras que asolan las cuentas de la Seguridad Social se arreglaría el problema de fondo que tiene el sistema público de pensiones español, pero también los sistemas de protección social de las sociedades occidentales y más desarrolladas. Los países de la OCDE, las principales potencias del mundo, envejecen. La población por encima de 65 años cada vez tiene más peso sobre el conjunto de la sociedad y el desplome de la natalidad hace que merme paulatinamente el volumen de personas en edad de trabajar, que son el sostén económico de los jubilados en los sistemas de pensiones como el español. Es lo que los expertos vienen a llamar el invierno demográfico.

De entrada, el nivel de nacimientos en 2020 en España fue el más bajo de los últimos 45 años. Concretamente, según las cifras de movimientos demográficos del INE, el pasado año se produjeron 336.811 alumbramientos, lo que supone una cifra un 1,32% menor que un año anterior. No hay registros tan bajos en la serie histórica del INE. De hecho, en comparación con el pico de nacimientos del presente siglo, en el año 2008 con un total de 519.779, la caída de la natalidad es del 53,4%. Así, parece que el impacto de la gran crisis financiera ha hecho mella en el ánimo de los españoles a la hora de tener hijos. A lo que se suma una cada vez más compleja conciliación familiar que impide tender puentes para la formación de una familia.

Además, durante 2021 fallecieron en España 450.687 personas, un 8,7% menos que en 2020. Por lo que el peso de esta cohorte de población se acrecienta año a año. Las previsiones en este aspecto son claras: el porcentaje de población de 65 años y más, que actualmente se sitúa en el 19,6% del total de la población, alcanzaría un máximo del 31,4% en torno a 2050. A partir de entonces empezaría a descender.

Por contra, estas mismas estimaciones del INE advierten de que la población entre 20 y 64 años, que actualmente supone el 60,8% del total, pasaría a representar el 51,9% del total en 2050. En 2070 se recuperaría en parte, hasta el 54,4%. Así, si tomamos por ciertas las previsiones para la mitad de siglo habrá casi la misma población en edad de trabajar que jubilada. Por lo que la tasa de dependencia de las pensiones se reduciría a mínimos casi llegando a alcanzar la paridad: un trabajador por cada pensionista.

A esto también hay que sumar un incremento incesante de la esperanza de vida que hace que los nuevos jubilados cobren la pensión durante más tiempo –y con mejores prestaciones, de 1.500 euros de media en 2022– añadiendo más presión financiera para la Seguridad Social, que necesitará resolver el problema de ingresos para poder afrontar la empresa.

Concretamente, la esperanza de vida al nacimiento alcanzaría en 2069 los 85,8 años en los hombres y los 90 en las mujeres, con una ganancia de 4,9 y de 3,8 años, respectivamente, respecto a los valores actuales. Por su parte, la esperanza de vida para las personas con 65 años en 2069 sería de 22,5 años para los hombres (3,8 más que actualmente) y de 26,3 para las mujeres (3,6 más). Esto permitirá que la población centenaria (los que tienen 100 años o más) pase de las 12.551 personas en la actualidad a 217.344 al final del periodo proyectado (2070).

Con este problema de base, las previsiones demográficas son poco halagüeñas y, más allá, amenazan con secar a la Seguridad Social de su principal fuente de ingresos: la población activa en edad de trabajar que llena las arcas con sus cotizaciones, con las que se pagan las pensiones de jubilación y del resto del sistema.

Pérdida de trabajadores

Tal y como explica el experto en demografía y director de la Fundación Renacimiento Demográfico, Alejandro Macarrón, en declaraciones para ABC, de aquí a 2050 España perderá 8 millones de ocupados. «Es por lo que hay que ver hasta cuándo se retrasa la edad de jubilación».

La Autoridad Fiscal (Airef) señala que la incertidumbre en torno a las proyecciones demográficas y macroeconómicas es elevada y pueden materiali

zarse escenarios más adversos. Y explica que un mayor estancamiento del mercado laboral con una convergencia de la tasa de paro estructural al 10% –en lugar del 7% incluido en su escenario central– implicaría un incremento del gasto en pensiones en 2050 de 1,2 puntos.

Así, el paradigma en 2050, completamente afectado por las jubilaciones del ‘baby boom’ que ya se están produciendo, es claro: en 2021 la tasa de dependencia que mide la relación entre la población activa y la dependiente fue del 54,77% y en 2050 será del 83,74%. Además, la evolución demográfica implicaría un aumento del gasto en pensiones de entre 4,7 y 12,2 puntos porcentuales de PIB en 2050.

«La relación entre prestaciones y contribuciones al sistema de pensiones será aún más desfavorable que en el pasado», advierte el Banco de España sobre el déficit previsto para la mitad de siglo.

El impulso migratorio

Es en este punto cuando la inmigración aparece como una de las posibles soluciones para recuperar ese volumen de población en edad de trabajar. Sin embargo, como explica Macarrón, «puede ser una parte de la solución para el problema de las pensiones, pero no toda». Señala el experto que con las cifras de la última década «solo tres de cada ocho inmigrantes llegados a España tiene un trabajo». Teniendo en cuenta esta relación y que el propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones cifra en 250.000 personas extranjeras que deberán llegar cada año para reflotar las cuenta del sistema, Macarrón cifra en 630.000 personas las que deberían llegar para alcanzar ese nivel previsto de contribución al mercado laboral.

Con todo ello parece evidente que el sistema público de pensiones demandará más actuaciones para garantizar su equilibrio financiero en el medio plazo. Según el análisis de la reforma del sistema de pensiones de 2021 elaborado por el Instituto de Actuarios Españoles, el sistema podría entrar en barrena para dentro de tres décadas. Señala el documento analítico que para 2050 será necesario activar las palancas automáticas previstas por el Gobierno en el mecanismo de equidad intergeneracional. O bien una nueva subida de cotizaciones que complete la que se aplicará desde 2023 hasta 2032 del 0,6% y con la que el Ejecutivo solo logrará sumar unos 22.220 millones de euros al Fondo de Reserva para el final de la década; o bien se activaría la otra palanca, que habla de una aminoración del gasto en pensiones contributivas, es decir, un recorte de la partida destinada a las pagas de jubilación y del resto del sistema.

Cabe recordar que ya para 2023 la Seguridad Social necesitará financiación extra, procedente de impuestos, por valor de 20.000 millones de euros, según se desprende del techo de gasto para el año próximo recientemente aprobado por el Ejecutivo. Precisamente, esta cuantía se parece bastante al exceso de gasto que se deberá soportar por la indexación de las pensiones al IPC, que ascenderá a más de 17.000 millones de euros, la revalorización más cara de la historia.

El Banco de España prevé un incremento del gasto en pensiones de hasta 12 puntos del PIB para 2050 sin el factor de sostenibilidad

Los expertos prevén que el nuevo mecanismo de equidad se quedará corto y habrá que recortar pagas o subir las cotizaciones