El futuro electoral de Ximo Puig y la izquierda valenciana se juega en los tribunales
▶ La judicialización de la política se vuelve en contra del PSPV-PSOE y Compromís
La izquierda valenciana afronta su peor crisis desde que en el verano de 2015 la coalición formada por el PSPV-PSOE y Compromís accedió al Gobierno de la Generalitat con el respaldo de Podemos. Ximo Puig y Mónica Oltra obtuvieron rédito de sus campañas para desgastar al PP en los tribunales. El socialista enarboló la tesis de que la Comunidad Valenciana
necesitaba levantar la «hipoteca reputacional» que habían provocado los casos de corrupción, aunque muchos de ellos terminaron archivados. La dirigente de Compromís, principal azote desde la oposición de los Ejecutivos populares, se presentaba al frente de una formación que prometía «rescatar personas».
Siete años y medio después, con las encuestas en contra y en vísperas de una precampaña que desembocará el último domingo de mayo de 2023 en las elecciones autonómicas y municipales, la crónica política valenciana se escribe de nuevo desde la Ciudad de la Justicia y tiene como protagonistas a los socios del ‘Acuerdo del Botánico’. La estrategia de la izquierda se ha tornado en su contra a modo de bumerán. De hecho, Puig puso tierra de por medio (573 kilómetros) y se desplazó al festival de cine de San Sebastián para anunciar por enésima vez la reapertura de los estudios de la Ciudad de la Luz de Alicante mientras a la misma hora los focos apuntaban a Oltra. La que fuera todopoderosa vicepresidenta, portavoz y consejera de Igualdad hasta hace tres meses declaraba como imputada ante el juez que investiga el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor tutelada por los que fue condenado a cinco años de prisión su exmarido Luis Eduardo Ramírez Icardi.
Aunque Compromís llegó a amagar con romper el pacto de gobierno si Oltra salía del Ejecutivo, la sangre no llegó al río. La número dos del Ejecutivo de Puig dimitió de todos sus cargos y fue relevada por Aitana Mas, una dirigente que hasta entonces había mantenido un perfil bajo y que ahora no se descarta para encabezar la candidatura de la formación nacionalista a la Presidencia de la Generalitat.
La izquierda valenciana cerró en falso una crisis que solo resolvería un eventual archivo de la causa contra Oltra. De hecho, en el caso figuran como imputados actuales altos cargos del Ejecutivo autonómico. Compromís maneja sendos planes B y C encarnados en las figuras de Mas y de su portavoz en el Congreso, Joan Baldoví, para relevar a Oltra al frente de la lista para las próximas elecciones. La coalición, no obstante, ha modificado su reglamento de primarias para esperar hasta el último minuto que permita la ley a la que durante años fue su principal activo. El caso de Oltra se ha sumado al desgaste de dos legislaturas de gobierno que ya reflejan unas encuestas que otorgan posibilidades al PP de Carlos Mazón de recuperar la Generalitat.
Enchufes y subvenciones
Además, al margen de la causa en la que está imputada la exvicepresidenta, el PSPV-PSOE y Compromís afrontan también desde este lunes el primer gran juicio sobre su gestión en las Administraciones valencianas.
El juicio del caso Alquería determinará si los procesados cometieron los delitos de malversación y prevaricación administrativa mediante la simulación de contratos de alta dirección en la empresa pública Divalterra para «enchufar» a personas afines a ambos partidos. La Fiscalía pide ocho años de cárcel para el expresidente de la Diputación Jorge Rodríguez; su exjefe de Gabinete, RicardGallego;suexasesor, ManuelReguart; y los exgerentes de Divalterra Josep Ramón Tíller (PSPV) y Agustina Brines (Compromís). La presunta malversación ha sido cifrada en 1,2 millones.
A la izquierda todavía le aguarda un tercer frente judicial para la precampaña con el caso del presunto fraude en las subvenciones percibidas por Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat.