Escrivá fía la reforma de pensiones al alza de cotizaciones y a los impuestos
▶ A las puertas de un año electoral, el ministro renuncia a ampliar de 25 a 35 los años para calcular la pensión, la medida más esperada por Bruselas para equilibrar las cuentas del9 sistema
La cuenta atrás para completar la reforma de las pensiones ha comenzado y el ministro del ramo, José Luis Escrivá, ya perfila la propuesta que enviará a las autoridades comunitarias antes de que acabe este año, en el que los gastos se habrán disparado y la deuda habrá escalado por encima de los 100.000 millones actuales, el 8% del PIB. El grueso de las medidas puestas en marcha en la primera fase supondrán una explosión de gasto por el impacto de la revalorización de pensiones con el IPC, que el Gobierno espera neutralizar con los ingresos que logre en la segunda fase de la reforma.
Los cambios que comenzará a discutir en unos días el Gobierno con empresarios y sindicatos estarán apoyados en un aumento de las bases máximas de cotización, que son las de los trabajadores con sueldos de más de 49.000 euros, y en los impuestos. La idea del ministro es acometer este ‘destope’ de bases de forma ‘suave’, en unos 25 años, en los que también irá aumentando la pensión máxima, aunque no lo hará con la misma intensidad. A la par, los ingresos que se transferirán desde el Estado irán en alza. El techo de gasto, que sirve para elaborar el Presupuesto 2023, incluye una transferencia a la Seguridad Social de 20.000 millones para cubrir los denominados gastos impropios, un 8,1% más.
Tras la renuncia de Escrivá a ampliar de 25 a 35 años el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión, el Ejecutivo da la espalda a la medida más esperada desde Bruselas para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social. El único de los puntos incluidos en el componente 30 remitido a la Comisión Europea con las medidas a tomar en la Seguridad Social que estaba llamado a reducir la factura en pensiones finalmente no será ni de lejos lo vislumbrado por las autoridades comunitarias, que siempre han defendido está ampliación de los años como una medida de ajuste.
Esta ‘recomendación’ comunitaria fue asumida el pasado año por Economía; de hecho se filtró que ese cómputo se ampliaría a 35 años, medida que fue rechazada de plano por Unidas Podemos y por el propio Escrivá. Como reflejo del galimatías en el que se sumió el Gobierno se redactó el componente 30, de forma poco concreta y con la idea de poner en marcha la opción de que el trabajador pueda elegir los mejores años para el cálculo de la pensión y también la cobertura de lagunas de cotización. Dos medida de aumento de gasto.
Acometer un recorte en las nóminas de los pensionistas en año electoral es justo lo contrario que busca el presidente del Gobierno. Todos los cálculos de expertos, refrendados la semana pasada por el Banco de España, advierten de que la ampliación de diez años en el periodo de cómputo de la pensión recortaría entre un 8 y un 10%. Si trasladamos el ahorro sobre el coste agregado de las pensiones de jubilación, de casi 150.000 millones al año, la rebaja en la factura ascendería hasta 15.000 millones de euros anuales. No habrá tal ahorro, al menos por la vía de la extensión de los años cotizados, tal y como deslizó el ministro Escrivá antes de la primera reunión con los agentes sociales para abordar este último tramo de negociaciones.
La losa de la inflación
El escenario que se presenta deja multitud de incógnitas sobre la idoneidad de la reforma del sistema auspiciada por el ministro. En términos de gasto, solo la primera pata de la reforma de pensiones ya supone en su conjunto un acicate al desembolso anual de la Seguridad Social. La vinculación de las pensiones al IPC supondrá un coste extra de aquí a 2050 de más de 3 puntos porcentuales del PIB. Es decir, para entonces, el coste anual será casi 50.000 millones superior al registrado actualmente. De hecho, la losa de la inflación ya se prevé que le cuesta a las arcas públicas unos 17.000 millones de euros solo por la revalorización de las pensiones en 2023, la subida más cara de la historia.
Y aunque la indexación de las prestaciones al IPC es el principal detonante del aumento de gasto previsto para la próximas décadas, el resto de medidas ya adoptadas y por adoptar tampoco despejan el panorama. Al aprobar Bruselas la entrega de 12.000 millones de euros correspondientes al primer tramo de ayudas de los fondos de recuperación de 2022, los técnicos advirtieron sobre ciertos aspectos. Ciertamente, no confían en lo cálculos elaborados por Escrivá. España presentó estimaciones según las cuales las medidas que aumentan la edad efectiva de jubilación suponen un ahorro que oscila entre el 0,2% y el 0,4% del PIB en 2030 y entre el 1,1% y el 1,6% del PIB en 2050. Sin embargo, los servicios de la Comisión consideran que «la reforma generará ahorros fiscales, pero la consecución de ahorros hasta el límite inferior, y ciertamente por encima de él, está sujeta a una incertidumbre muy elevada». Es decir, en el mejor de los casos estas medidas generarán el mínimo ahorro previsto.
Bruselas tiene reparos
Y tampoco parece que el nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) vaya a resolver la papeleta de la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones. De hecho aquí Europa sí es más tajante sobre el impacto de la medida. Mientras que el Ejecutivo legisló este punto de la medida sin el consenso de la patronal, se expuso como la alternativa perfecta al Factor de Sostenibilidad ya derogado, que ponía en marcha un piloto automático por el que el gasto en pensiones se ajustaba ante escenarios de déficit presupuestario. Y que, por ende, conllevaba recortes en las prestaciones de hasta un 22% según los cálculos de la propia Seguridad Social. La alternativa no ataja el problema ni por el lado del gasto, ni tampoco de los ingresos. La subida del 0,6% que operarán entre 2023 y 2032 logrará rellenar el Fondo de Reserva con cerca de 22.220 millones de euros al final de la década.
Los impuestos al empleo subirán para los sueldos de más de 49.000 euros y crecerán las transferencias del Estado al sistema
Escrivá busca opciones de control de gasto que convenzan a Europa y que no sean un recorte de pensión del 10%
Una cifra que la propia Comisión Europea ve insuficiente para afrontar el pico de gasto en prestaciones por las jubilaciones del ‘baby boom’.
Ya en la última de las grandes medidas tomadas en el ámbito de Seguridad Social, tampoco la reforma de cotización por ingresos reales de los autónomos debería dejar más dinero de lo que hasta ahora depositan por sus contribuciones los trabajadores por cuenta propia. Escrivá asegura que la reforma es «fiscalmente neutra», es decir, no generará más ingresos ni más gastos para el sistema. Por lo que el Régimen Especial de Autónomos seguirá alojando déficit que rondarán los 6.000 millones de euros durante los próximos años.
Por último, volviendo sobre el origen, el no aumentar el periodo de años cotizados para el cálculo de la pensión tendrá un coste para el Estado. Fuentes del diálogo social confirman a ABC que el Ejecutivo aún no ha presentado su propuesta definitiva pero aseguran que los técnicos de la Seguridad Social buscan una fórmula milimétrica que permita salvar el examen de la Comisión Europea pero que no suponga un rejonazo del 10% en las pensiones en pleno año electoral.
Según confirman estas fuentes, y como deslizó el ministro Escrivá públicamente, la medida se abordará desde una triple vía de aumento ligero de los años de cotización, con cobertura de la lagunas de cotización y con la opción de poder elegir los mejores años. Sin ir más lejos, el Banco de España señaló la pasada semana que permitir la elección, por ejemplo, de los mejores 29 años cotizados implicaría un incremento del gasto del 0,8% de media. U otro supuesto, como señala el Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social, la elección de los mejores 25 años supondría un incremento de gasto anual de 8.000 millones de euros.
Un acicate al gasto
En suma, las medidas parecen más un acicate al gasto con ajustes paramétricos que una verdadera reforma integral para la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Desde el Gobierno, más allá, parecen confiar en que la aplicación de la reforma con el aderezo del aumento de cotizaciones sociales que crecen hasta julio un 8,6% hasta rozar los 81.000 millones de euros y que suponen casi 7.000 millones más que hace un año.
Como adelantó ABC, para constatar como van las negociaciones para completar la reforma de pensiones esta semana aterrizan en España los ‘hombres de negro’. Lo que se encontrarán es, por tanto, unos cambios incompletos sin ningún avance en la reducción de los gastos a las puertas de la llegada de la generación del ‘baby boom’, que comenzará retirarse ya en 2023.